Joaquín Mejía
Doctor en Derechos Humanos
- Premisa
Con el título de esta reflexión no pretendo insultar a nadie, sino parafrasear la famosa expresión dicha en 1992 por James Carville, estratega de la campaña presidencial de Bill Clinton: “Es la economía, estúpido”. Con ella, Carville pretendía llamar la atención a su equipo de que no había que perderse en miles de temas, pues lo que realmente determina el voto de la gente es su situación económica.
En la actualidad, esta frase se utiliza como una fórmula para señalar que, detrás de aparentes debates complejos, hay un problema estructural que es el que realmente lo explica todo. Aplicado a la crisis política actual que vive el país, debemos entender que lo que está en juego no es solo quién ganó las elecciones, sino el colapso de la estructura jurídico-institucional que debería procesar pacíficamente el conflicto electoral.
En este sentido, la crisis política evidencia la existencia de dos situaciones muy graves sobre las que nada o muy poco se está reflexionando: primero, el colapso del sistema institucional-electoral y, segundo, la precariedad del Derecho como instrumento para sustituir la lógica de la fuerza y la violencia por la lógica de las normas jurídicas y los procedimientos.
- Colapso institucional-electoral y renuncia a los principios del Estado de derecho
Hans Kelsen plantea que el Derecho funciona como un mecanismo civilizado para resolver conflictos, ya que los canaliza hacia órganos especializados que aplican estrictamente criterios normativos respetuosos del debido proceso, la transparencia y la igualdad entre las partes, reduciendo la arbitrariedad y ofreciendo certeza jurídica a través de soluciones justas.
Por su parte, Niklas Luhmann considera el Derecho como un sistema especializado que transforma los conflictos sociales en conflictos jurídicamente tratables mediante decisiones binarias como legal-ilegal, constitucional-inconstitucional, válido-inválido o legítimo-ilegítimo, que brindan soluciones relativamente estables y aceptables a controversias que, de otro modo, se quedarían en el plano indeterminado del conflicto político.
Sin embargo, cuando las élites políticas capturan o cooptan a los órganos que tienen la obligación de adoptar tales decisiones y estos declinan de su obligación constitucional de actuar con independencia, competencia e imparcialidad para convertirse en simples extensiones de los partidos políticos y defensores de los intereses partidistas, se reabre el espacio a una mayor conflictividad que busca una supuesta resolución de la crisis a través de la fuerza, el chantaje o el bloqueo.
Y aunque las cosas aparentemente se logren calmar, en el fondo la crisis solo acumula conflictividad, pues las heridas sociales e institucionales permanecen abiertas, el apoyo a la democracia como régimen político se reduce y la desconfianza ciudadana se incrementa. Con respecto a las heridas abiertas, es importante destacar la insistencia de órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras de que se garantice el acceso a la justicia a las víctimas del golpe de Estado y de la crisis poselectoral de 2017.
En relación con el apoyo a la democracia, en el año 2023 solo el 48% de la gente la apoyaba, mientras que en el 2010 ese porcentaje de respaldo era del 63%; y, a su vez, un 47% de la población latinoamericana está dispuesto a tolerar un retroceso autoritario si le resuelven los problemas económicos y de seguridad. En los países del Triángulo Norte de Centroamérica este porcentaje es mayor, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Latinobarómetro.
Y con respecto a la desconfianza ciudadana, el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ reveló que el 79.7% tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos; el 78.9%, en el Congreso Nacional; y el 76.8%, en el Consejo Nacional Electoral (en adelante “CNE”). Estos niveles de desconfianza no son solo cifras, sino una sentencia de ilegitimidad sobre el corazón mismo del sistema político-electoral hondureño.
De esta manera, cada decisión institucional se recibe con sospecha, las narrativas sobre lo que es legal o ilegal se erosionan, los procesos no son vistos como transparentes y justos, sino como montajes para ratificar lo que ya decidieron los poderes fácticos tras bambalinas, y la ciudadanía, en vez de ser un sujeto político sobre el que descansa la soberanía popular, se convierte en un simple espectador de la disputa entre las élites que luchan por controlar instituciones en las que la mayoría de la gente no cree.
Bajo esta lógica, el CNE, llamado a revestir de certeza el proceso electoral, ha acumulado fallas operativas y normativas, desde problemas en el TREP hasta decisiones contradictorias sobre inscripción de candidaturas, afectando la igualdad de la contienda y profundizando la percepción de un proceso de “baja calidad” heredero de las elecciones del año 2017.
A su vez, el incumplimiento de su deber de revisar y resolver de forma motivada las impugnaciones ha negado a la ciudadanía un recurso efectivo para depurar irregularidades, y ha vaciado de contenido la promesa de elecciones limpias y transparentes. En términos de teoría democrática, la inobservancia deliberada a las garantías procesales implica una ruptura del principio de imparcialidad institucional, componente básico de lo que Daniel Innerarity denomina una democracia “compleja”, capaz de gestionar conflictos sin degradarse en mera lucha entre facciones.
Por su parte, el Tribunal de Justicia Electoral (en adelante “TJE”), en lugar de ser un cauce adecuado para el debido proceso y el acceso a la justicia, ha optado por refugiarse en formalismos procesales para declinar decisiones de alto impacto, profundizando la desconfianza en el sistema de justicia electoral y generando más dudas que certezas. Esta renuncia práctica al control judicial de la política electoral encaja con la advertencia de Daniel Innerarity sobre instituciones capturadas que, lejos de limitar el poder, se integran en el juego de los actores que deberían supervisar.
La consecuencia es que la crisis deja de ser un problema de “legalidad” entendida como cumplimiento formal de normas, para transformarse en una crisis de legitimidad y de lealtad a los principios del Estado de derecho. Cuando las decisiones se subordinan a intereses de los dueños de los partidos políticos y de los poderes fácticos, la legalidad se convierte en coartada y no en límite democrático.
- La precariedad del Derecho en el contexto de colapso institucional y polarización extrema
En virtud de lo anterior, la crisis actual ha convertido al Derecho en un campo de batalla donde son silenciados los argumentos jurídicos y vaciados de contenido los procedimientos legales por la consolidación de una “democracia del odio” en la que, según Daniel Innerarity, proliferan los discursos intolerantes y el desprecio irracional hacia quien piensa distinto, y del fenómeno de la “nopolítica”, entendida por Jorge Alemán como una práctica política sin anclaje en la verdad ni en la ética.
Paradójicamente, las principales responsables del descrédito del Derecho son las instituciones obligadas constitucionalmente a garantizar certeza jurídica y transparencia, pues han dictado decisiones motivadas de forma insuficiente que no permiten comprender las razones jurídicas y fácticas que las sustentan, comprobar que todas las partes han sido oídas ni demostrar que el conjunto de las pruebas ha sido analizado con imparcialidad y debida diligencia, contrariando los estándares interamericanos del debido proceso.
Por ello, es importante recordar el principio “una persona, un voto” que se desprende del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que implica que la democracia descansa en esa idea tan sencilla como radical de que todos los votos valen lo mismo y, por tanto, el acto de contar correctamente cada voto y hacer creíble ese conteo no es un simple detalle técnico-jurídico, sino el corazón mismo del orden democrático.
Más allá de las formalidades jurídicas, la pregunta claves es ¿por qué existe oposición a que se realice uno de los actos principales de cualquier proceso electoral como es el conteo transparente de los votos y su revisión cuando existen impugnaciones que plantean dudas sobre tales actos? No solo la sociedad y quienes compitieron en las elecciones debemos tener interés en que exista certeza sobre los resultados, sino también el CNE y el TJE porque su obligación constitucional es garantizar la transparencia en el conteo de votos, ya que es ahí donde la voluntad individual de cada persona que votó se transforma en una decisión colectiva que legitimará al próximo gobierno.
La falta de certeza jurídica que no han sido capaces de brindar el CNE y el TJE no solamente genera incertidumbre, más desconfianza en la institucionalidad y desprecio a la política partidista, sino también abre las puertas a que, como lo señala Gonzalo Velasco Arias, el espacio público se haya vuelto más inhabitable, pues la simpatía por una candidatura o partido político se convirtió en “lealtad ciega y acrítica, negligencia del juicio autónomo y renuncia preventiva al diálogo”.
Ello, además, trae consigo un auge de lo que Adela Cortina llama la “expertocracia” que monopoliza el sentido de lo jurídico y convierte en espectáculo la interpretación de la ley y de la Constitución de la República. Así, algunos medios de comunicación que actúan como empresas de la comunicación fomentan la proliferación de la figura de “analistas”, “constitucionalistas” y “expertos” que se presentan como imparciales, pero que reproducen narrativas afines o alineadas con determinadas agendas políticas y económicas, y, en vez de buscar la verdad, buscan tener razón.
Este apogeo de la “expertocracia” mediática ha degradado el debate público, reemplazado la deliberación racional por un mercado de opiniones interesadas y desviado la atención de los problemas estructurales generadores de crisis. Parafraseando una idea que una vez me dijo de manera irónica uno de los más importantes constitucionalistas españoles que conoce muy bien nuestro país: “Honduras es el único país en el mundo donde brotan constitucionalistas hasta de debajo de las piedras”.
La crisis que enfrentamos no solo se deriva del problema de la falta de certeza jurídica sobre el resultado electoral, sino de la cooptación de instituciones como el CNE y del TJE por parte de la élite política y económica del país, que ha despojado al Derecho de su base democrática y ha hecho colapsar la capacidad de la estructura jurídico-institucional de encausar adecuadamente los conflictos políticos y sociales, y abordarlos desde los principios del Estado de derecho, quedando reducida a mera gestión partidaria disfrazada de neutralidad del conflicto entre las élites.
- Conclusión
Volviendo a la frase de James Carville, detrás de las narrativas mediáticas y guerra de expertos, la crisis no es solo de resultados numéricos, sino de que el Derecho ha dejado de funcionar como dispositivo confiable de resolución de conflictos porque las instituciones parte del sistema jurídico-electoral están atrapadas en lógicas partidistas y de reparto de cuotas.
Superar el colapso del sistema electoral hondureño exige asumir seriamente las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y las diversas misiones de observación electoral que han planteado la necesidad de realizar profundas reformas al diseño político-electoral vigente que favorece la arbitrariedad y la captura partidista de las instituciones. En este sentido, es fundamental retomar la exigencia para:
- Reformar el sistema político‑electoral para reducir el carácter excluyente y clientelar del partidismo tradicional, que limita la expresión y organización ciudadana, y afecta la limpieza e integridad de los procesos electorales.
- Despolitizar partidariamente y profesionalizar los organismos electorales, avanzando hacia órganos con integración técnica e imparcial, capaces de administrar elecciones con credibilidad y sin control directo de las cúpulas partidistas y los poderes fácticos.
- Fortalecer las garantías de los derechos políticos y de participación ciudadana, asegurando procesos electorales justos, competitivos y transparentes, con reglas claras sobre financiamiento político y mecanismos eficaces de fiscalización.
- Revisar el marco constitucional e institucional para evitar que los partidos políticos y sus élites manejen las elecciones, y asegurar que las controversias se aborden por órganos independientes, imparciales, autónomos y competentes, y no mediante rupturas del orden democrático.
Siguiendo a José Antonio Marina, este rediseño demanda una ciudadanía intelectualmente exigente, capaz de verificar argumentos, vigilar críticamente la postura de los medios de comunicación y de quienes se autodenominan “representantes” de sociedad civil, y demandar la integración independiente de las instituciones públicas para que respondan al interés general y no a los poderes fácticos. Solo así la crisis dejará de ser una repetición crónica de fraudes para convertirse en una oportunidad de reconfigurar, desde abajo, un régimen político que respete el principio “una persona, un voto”.
