Al salir de la audiencia de declaración de imputados, el Juzgado de Santa Rosa de Copán impuso medidas sustitutivas a la prisión a seis defensores maya-chortí. Ellos defienden el cerro Los Hornillos, amenazado por los severos daños ambientales que provoca la empresa Minerales de Occidente (MINOSA) en el municipio de La Unión.
En esta audiencia, los imputados conocieron las acusaciones en su contra. El Ministerio Público formalizó los delitos y la acusación privada actuó en representación de la empresa.
Las medidas impuestas fueron tres: presentarse a firmar cada semana en los Juzgados de Paz de La Unión; no acercarse a las instalaciones de la empresa; y no tener comunicación con ningún empleado de MINOSA.
Ante estas medidas, el abogado Lester Castro, del Bufete Estudios para la Dignidad, cuestionó la resolución del juez. “Nosotros cuestionamos varias situaciones con esta resolución. En primer lugar, la proporcionalidad de la medida cautelar de ir a firmar a un juzgado. La periodicidad es de una vez por semana y los compañeros deben desplazarse hasta una hora solo para firmar un libro y regresar. Esto implica un prejuicio económico en todo el proceso injusto”, explicó Castro.
“Hemos hecho hincapié en la distancia, que afecta a nuestros defendidos de escasos recursos. Además, nos preocupa que se les prohíba acercarse a la empresa, cuando es ella quien está dentro del territorio indígena de la comunidad y que varios familiares trabajan allí. Pedirles cero comunicaciones es absurdo”, agregó.
Alerta por escalada de medidas
El Bufete Estudios para la Dignidad alerta que, al igual que con los acusados por AGRECASA en Puerto Cortés y los indígenas tolupanes en Yoro, existe intención de utilizar estas medidas para imponer después unas más gravosas, como arresto domiciliario o prisión preventiva.
“Las empresas buscan maniobrar para agravar las medidas y perseguir la labor de defensa territorial de los compañeros. La prohibición de concurrir a las instalaciones de MINOSA es una medida cautelar indeterminada: toda esa zona son calles de la empresa por donde transitan”, comentó Castro.
La presencia de MINOSA en Honduras por más de cuatro décadas ha generado destrucción ambiental, amenazas y criminalización de defensores de bienes comunes en el occidente del país.
Para Lester Castro, criminalizar la defensa ambiental es un uso indebido, desproporcionado y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos que protegen a pueblos indígenas y guardianes de bienes naturales.
El Bufete Estudios para la Dignidad urge al Poder Judicial y al Ministerio Público a revisar y corregir el abordaje de estos conflictos socioambientales en territorios indígenas.
El proceso contra los líderes maya-chortí continuará con la audiencia inicial, programada para el 9 de marzo a las 9:00 a. m. en los juzgados de Santa Rosa de Copán.
