| Miércoles, 25 febrero 2026 |  |
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Advirtiendo peligros
Es conveniente dar seguimiento al Congreso Nacional, no tanto en las superficialidades distractoras que se inventan los diputados, sino en relación con medidas económicas, con temas fiscales y cuestiones sociales como la salud, educación, préstamos e inversiones para la producción y la infraestructura. A menos de un mes de gobierno, existen señales que advierten procesos de privatización de servicios y bienes públicos, así como la apertura al capital extranjero condicionado por exoneraciones y ventajas que pueden poner en peligro la soberanía nacional.
No cabe duda de que estamos en el inicio de un período que retoma la trayectoria que arrancó con fuerza tras el golpe de Estado de junio de 2009, que no es sino la construcción de un Estado a la altura, capacidad e intereses de grupos irregulares y criminales que se mueven en la ilegalidad, pero que alcanzan legitimidad a través de la institucionalidad del Estado.
Existen tres factores decisivos que mientras estén activos no habrá manera de que se revierta la pérdida de democracia y Estado de derecho. El primer factor es la demanda de droga desde Estados Unidos, como principal consumidor; el segundo factor es la corrupción sistémica dentro del Estado y un sistema de justicia productor de impunidad; y el tercer factor es la militarización del Estado y de la sociedad.
Por su parte, existe un uso deliberado de los símbolos religiosos y de funcionarios eclesiásticos para dar legitimidad a este proceso constructor de poderes impunes. Es tan alta la perversidad de un proyecto político y económico como el que se está ensanchando tras el inicio del actual gobierno, que necesita de una simbología divina, así como de un aparataje mediático corporativo que garantice la publicidad en positivo de un proyecto fundamentalmente corrupto y anti nacional.
Un extremo en el uso de los símbolos religiosos es el peligro que una alianza entre sectores conductores del actual proyecto político con un sector fundamentalista de las iglesias, acabe quitando las trancas constitucionales para que pastores evangélicos avancen a candidaturas a alcaldías diputaciones y eventualmente a candidaturas presidenciales, con lo cual se habría llegado al colmo de destruir el Estado laico-civil para convertirlo en un estado religioso fundamentalista. Un extremo así sería el acabose definitivo de la democracia y pondría a la sociedad entera en una situación de franca y permanente amenaza.
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