En las últimas horas se conoció que la Fiscalía de Delitos Ambientales y de Delitos Tributarios de San Pedro Sula inició una investigación contra la empresa de transporte y la minera por la muerte de nueve personas y el derrame de cianuro en la carretera CA-4, occidente de Honduras.

Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, confirmó a Radio Progreso el inicio de la pesquisa por el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en Quimistán, Santa Bárbara. «Se busca deducir responsabilidades tanto a la empresa transportista de cianuro como a la minera, por posibles daños ambientales», afirmó Mora.

El ambientalista Pedro Landa advirtió que esta tragedia tendrá consecuencias a mediano y largo plazo, pues el cianuro granulado, al contacto con agua, se convierte en gas extremadamente tóxico.

Landa recordó que el cianuro figura entre los ocho materiales más tóxicos y peligrosos del mundo. «De forma inmediata esperábamos medidas mínimas de protección dada su gravedad, ya que una pequeña porción de cianuro de sodio genera altos niveles de toxicidad», señaló.

«Es urgente la descontaminación de la zona donde ocurrió el accidente. Se esperaba la activación del Sistema Nacional de Evaluación y Control Ambiental y del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, instancias de la Secretaría de Recursos Naturales, pero están ausentes en toda esta emergencia», agregó.

El cuerpo de bomberos atendió la emergencia inicial, pero el derrame requiere protocolos de saneamiento conforme a estándares internacionales ratificados por Honduras en la Convención de Basilea, que regula el manejo de materiales altamente contaminantes como el cianuro.

«El cianuro, al igual que el arsénico, es un gas volátil que se disuelve rápidamente en el ambiente. Al contacto con organismos vivos —desde pasto o árboles hasta fuentes de agua— genera contaminación grave», explicó Landa.

Se denunció la falta de aplicación del reglamento para el transporte de residuos químicos tóxicos, peligrosos y radioactivos, norma que rige a todas las instituciones del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos. Honduras suscribió además los convenios de Basilea y Rotterdam, que establecen normas mínimas para estos agentes.

Pedro Landa enfatizó que la empresa minera tiene una responsabilidad ineludible, tipificada en la ley, pues debió implementar protocolos específicos para el traslado de estos materiales peligrosos.

Un rastro de contaminación

El alcalde de Quimistán, Santa Bárbara, Rubén Dario Pacheco, confirmó que el cianuro pertenece a la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), subsidiaria de la transnacional Aura Minerals, con sede en La Unión, Copán.

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que acompaña a las comunidades afectadas por la mina en el occidente, advierte que esta tragedia ha encendido alarmas por riesgos a la vida, fuentes de agua y biodiversidad. Y lamentó que pocas hayan sido las acciones interinstitucionales de emergencia.

“La comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, llevan décadas denunciando los impactos de la actividad minera de Minerales de Occidente S.A. (MINOSA): pérdida de al menos 14 fuentes de agua, división comunitaria, criminalización de defensores del territorio, desplazamiento de familias y la remoción del cementerio ancestral sin que hasta hoy muchas familias conozcan el paradero de sus seres queridos”. 

El MADJ exige al Estado, vía INHGEOMIN y SERNA, cancelar la concesión minera por 30 años solicitada por MINOSA, sin consulta previa al Pueblo Maya Chortí. «Estas instituciones pueden proteger la vida y el ambiente cancelando esta ampliación», afirman.

Hoy amenaza el Cerro Los Hornillos, barrera natural y fuente de agua vital. El MADJ llama a la población a solidarizarse con Azacualpa y exigir la protección del cerro y los derechos del Pueblo Maya Chortí.