La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó su informe anual sobre la situación de derechos humanos, donde registra ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura, tres ejecuciones extrajudiciales y seis detenciones arbitrarias, todos atribuibles a las fuerzas militares y policiales.
El informe revela que, aunque la tasa de homicidios bajó en más del 10% respecto a 2024, el país continúa con una de las cifras más altas de la región.
Además, el documento puntualiza recomendaciones como la creación de una política integral de seguridad y protocolos de investigación, por mencionar algunas, dijo en Radio Progreso Juan Carlos Monge, representante de la OACNUDH. “Como he mencionado, Honduras no cuenta con una política de seguridad ciudadana; por eso se usó en el pasado el estado de excepción como herramienta para reemplazar su inexistencia. El nuevo gobierno tiene el reto de trabajar en una política de investigación criminal integral con enfoque de derechos humanos, con la que hemos avanzado con la Fiscalía y el Poder Judicial, pero también hay que abordar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y un protocolo para investigar agresiones contra ellas. Creemos que la lectura del informe debe generar espacios para la reflexión institucional”, agregó Monge.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, apunta que el informe contiene datos preocupantes como país y debe verse como una oportunidad para aplicar recomendaciones y evitar errores pasados.
“Está por un lado verlo con preocupación, pero a la vez con optimismo. Preocupación, ¿por qué? Porque nos indica que el país no ha tenido cambios positivos en materia de seguridad y que debemos hacer esfuerzos institucionales para que cambie esa situación, ya que no podemos continuar con estándares de esta naturaleza. Y es positiva porque es un apoyo para la institucionalidad hondureña, que nos hace una radiografía de cómo estamos como país”, cerró Díaz.
Muertes de defensores
El documento señala 17 muertes violentas de defensores de derechos humanos en 2025, más del doble en comparación con el 2024.
En el valle del Aguán, la violencia sigue siendo una herida abierta. Juana Zúniga, del Comité Municipal de Defensa de Bienes Públicos de Tocoa, cree que el informe confirma la difícil situación de las comunidades, vinculada a muertes violentas, persecución y criminalización, lo que refleja falta de protección y seguridad. De hecho, ha incrementado en 10 personas más respecto al año anterior, según registros de la OACNUDH.
“Es todo el contexto comunitario. Las comunidades se vuelven territorios invivibles donde no se puede vivir en tranquilidad ni garantizar condiciones mínimas para una vida digna. Debido a tantas vulneraciones y como parte de las recomendaciones del informe, es necesario fortalecer el sistema de protección, que tiene múltiples debilidades”, comentó la lideresa ambientalista.
El ambientalista Pedro Landa dijo que es lamentable que los conflictos con el nuevo gobierno puedan incrementarse y que las autoridades de derechos humanos no sean idóneas para abordar esta situación comunitaria. “Se nota que no existe conocimiento sobre derechos humanos. Nos sorprende el nombramiento de Katia Crivelli, que no conoce la temática y fue nombrada solo por su militancia a un partido político. Eso debe enmendarse si queremos mejorar los derechos humanos en Honduras, hay que fortalecer el Sistema Nacional de Protección comenzando por la Secretaría de Derechos Humanos”, dijo Landa.
El informe de la OACNUDH revela que Honduras no avanza en materia de derechos humanos, pese a ciertos indicadores que se reconocen como positivos. Además, plantea la necesidad de una agenda mínima para que el país avance hacia un Estado de derecho más sólido, capaz de enfrentar la violencia y la impunidad.
