Las esperanzas de una mejor relación Honduras–Estados Unidos se desvanecen ante el aumento de deportaciones y la ausencia de políticas públicas para reintegrar a quienes retornan.
En los primeros cien días del mandato del presidente Nasry Asfura, las esperanzas de tener una mejor relación entre Honduras y el gobierno de Estados Unidos se esfuman.
Cuando el presidente Donald Trump interfirió en el proceso electoral de 2025 asegurando que el único personaje con quien interlocutaría sería Nasry Asfura, las expectativas de la comunidad hondureña en Estados Unidos crecieron. Sin embargo, lejos de lo prometido, las deportaciones han aumentado en comparación con el mismo período del año anterior.
Hasta el 6 de mayo de 2026, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), 16,168 hondureños migrantes fueron retornados al país. De ese total, 14, 461 provienen de deportaciones desde Estados Unidos, víctimas de la política antiinmigrante de Donald Trump. Le siguen 1 448 deportados desde México y 79 procedentes de Guatemala.
Para Karen Valladares, directora del Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH), abordar la migración en Honduras sigue siendo un tema fundamental no solo para los compatriotas que viven en distintos países, principalmente en Estados Unidos y México, sino también para sus familias.
“Hacemos una lectura y sentimos que, prácticamente, estos primeros cien días de gobierno han mostrado de alguna manera cierta intención de atender la problemática de las personas deportadas o retornadas, pero hay una distancia importante entre el discurso y la realidad que viven los migrantes una vez que regresan a Honduras”, comenta Valladares.
La analista lamenta que, hasta ahora, el presidente nacionalista no tenga una base sólida de trabajo con Donald Trump. “Nasry solo habla de inversión, pero no menciona la gran cantidad de migrantes que estuvieron amparados en el TPS y que, al cancelarse, están con la preocupación de ser deportados en cualquier momento. Incluso, al interior de Honduras, hay un enfoque limitado del tema migratorio, ya que únicamente se atiende la recepción inmediata, pero no una integración sostenible de las personas. Eso se traduce en que, prácticamente, poco o nada está construyendo o proponiendo el presidente Asfura para apoyar a la población migrante en Estados Unidos y a sus familias en Honduras”, agregó la directora del FONAMIH.
Según Valladares, no hay una perspectiva de derechos humanos en las acciones migratorias, ya que buena parte de las personas que decidieron migrar lo hicieron por la violencia y la pobreza existente, en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, al retornar se encuentran frente a un país donde todo permanece igual, nada ha cambiado, y hasta ahora no existen políticas públicas orientadas a mejorar realmente la calidad de vida de la ciudadanía.

El 9 de cada 10 hondureños deportados provienen de Estados Unidos
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), confirma el incremento de migrantes deportados desde Estados Unidos.
“Vemos que la mayoría, un 91 %, proviene de Estados Unidos; es decir, ya no tenemos tantos casos de hondureños detenidos en México o en centros de detención. Ahora ocurre que el mayor número de deportados vienen directamente desde Estados Unidos. Esto implica que son personas que llevan mucho tiempo viviendo en ese país y que, ahora, están haciendo retornados”, expresó Reyes.
Para la funcionaria del CONADEH, la prioridad es la reintegración. “El principal reto de la administración está en la reintegración: pensar cómo apoyar a las personas migrantes retornadas para que logren un trabajo digno, bien remunerado y que se queden en el país, que no piensen nuevamente en migrar”, señaló.
Desde el CONADEH se están presentando propuestas para que el gobierno adopte acciones concretas, elabore una política nacional migratoria y brinde oportunidades a quienes regresan, que les permitan no solo sobrevivir, sino evitar volver a emprender la ruta migratoria motivadas por la necesidad, la crisis económica, el desempleo y la inseguridad.
“Se trata de un plan integral que apoye la reintegración laboral de los hondureños y hondureñas, porque regresan sin oportunidades y necesitamos que se les brinden espacios para que no se vean obligadas nuevamente a irse”, dijo la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH.
Mercedes Pérez, de Acción Social Menonita – CAMS, afirma que las cifras ascendentes bajo la administración de Trump no sorprenden, ya que fue claro al señalar que su política era detener a toda costa la migración y deportar a la comunidad migrante.
“Lo que sí sorprende y preocupa es la falta de respuesta de la actual administración, que está dejando en el abandono a la comunidad migrante, Asfura no realiza lobby en Estados Unidos para evitar estas deportaciones ni las atiende con dignidad cuando regresan. No hay respuestas, no hay acciones concretas. Imagínese que se canceló el programa Hermano y Hermana Vuelve a Casa, cuya misión era la atención de personas migrantes deportadas. Aunque se aprobó una ley para eximir a los migrantes del pago de ingreso de bienes, lo más importante es pensar qué hará esa persona que retorna al país tras décadas viviendo fuera. Es una pena decir que hay retrocesos en materia migratoria, sobre todo en las negociaciones con Estados Unidos para frenar las deportaciones de nuestros migrantes, quienes sostienen la economía de este país”, comentó Pérez.

La Ley de exoneraciones requiere que sea reglamentada, se le asigne presupuesto y se cree un perfil de las personas que deciden traer sus bienes, así como un plan de acompañamiento para facilitar su reintegración.
“Una de las mayores preocupaciones es que quienes son deportados son precisamente los llevan décadas viviendo en Estados Unidos, tienen allá a sus hijos nacidos, su hogar y demás bienes. Al ser deportados regresan con las manos vacías a un país que dejaron atrás hace años y en el que ya no encuentran oportunidades para reiniciar.
“Nuestros migrantes la están pasando muy mal y no vemos una respuesta clara del gobierno”, concluyó Pérez.

Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.