Sin brindar una explicación oficial, la municipalidad de El Progreso, Yoro, dirigida por el alcalde Alexander López, aplicó un severo incremento en el pago de la tasa vehicular como parte del Plan de Arbitrios 2026.

Los conductores se percataron del nuevo aumento al revisar el sistema del Instituto de la Propiedad (IP) para consultar el pago de su matrícula vehicular. La sorpresa fue que la tasa vial municipal, que era de 845 lempiras, pasó en algunos casos, dependiendo del vehículo, hasta 2,500 lempiras.

De inmediato, el descontento se viralizó en redes sociales. Ciudadanos y ciudadanas aseguraron que esto representará un duro golpe a sus bolsillos, en momentos en que la energía eléctrica y la canasta básica de alimentos también están por las nubes.

Uno de los sectores que se pronunció fue la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Yoro. Raúl Cárcamo, presidente de esta instancia, dijo en Radio Progreso que la noticia los tomó por sorpresa y que el alza tendrá un fuerte impacto en el bolsillo de la población.

“La situación en el país es complicada. Incrementos de todo tipo y ahora la alcaldía nos da una bienvenida al mes de julio con un alza de 300 por ciento”, comentó Cárcamo.

El dirigente empresarial agregó que lo más preocupante es que no se sabe por qué se aprobó esta alza dentro del Plan de Arbitrios, especialmente cuando la ciudad ha tenido pocas obras de infraestructura.

“Deberían hacer obras primero, mejorar la infraestructura vial para que la gente vea que se están generando proyectos, y después decidir si hay aumentos o no”, señaló.

Cárcamo afirmó que a toda la corporación municipal, incluidos los regidores y el alcalde, “se les fue de la mano” el incremento, por lo que pidió rendición de cuentas y coherencia con la realidad que viven las comunidades.

El incremento, que entrará en vigor a partir de este mes de julio, fue aprobado como parte de la revisión del Plan de Arbitrios 2026 en la sesión de corporación municipal del pasado 22 de diciembre de 2025. Según la información disponible, contó con los votos del alcalde Alexander López y de los regidores Marlon Jeovany Mejía, Víctor Manuel Cruz, Merlyn Bonilla, Luis Alfonso Sierra, Guillermo Galeas Orellana y Adán Antonio Palacios, mientras que Kenya Perelló y Nelsy Amaya votaron en contra.

Al revisar el Plan de Arbitrios, en su capítulo VII sobre registros y matrículas, se establece que los montos serán definidos conforme a lo estipulado por la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), aunque sin mayores detalles sobre los valores.

Sobre este tema, la regidora Kenya Perelló aseguró que en ningún momento se discutieron ni aprobaron dentro de la corporación municipal aumentos a la tasa vehicular.

“En la última sesión del año 2025, lo que se sometió a votación fue el presupuesto para el año fiscal 2026, el Plan de Arbitrios y otras mociones, pero no se sometió a discusión ningún incremento particular. Es importante decirle a la ciudadanía que el modo de operar de Alexander López y sus colaboradores en la corporación obedece a que presentan varias propuestas de mociones distintas, que no tienen nada que ver entre sí, unas que benefician a la ciudad y otras que la perjudican, pero no las someten a aprobación de manera individual, sino como paquetes, para que los regidores que estamos en contra parezca que no queremos a la ciudad o no contribuimos al desarrollo”, comentó la funcionaria.

Perelló consideró necesario investigar al alcalde, a quien acusa de abuso de autoridad y de violación a los deberes de los funcionarios públicos, ya que —según dijo— el aumento no se discutió ni se aprobó en sesión de corporación municipal. Además, denunció que el alcalde les negó acceso al libro de actas durante el período 2022-2025, lo que, a su juicio, demuestra la poca transparencia que rodea su gestión. La regidora pidió a los entes de justicia investigar la actuación de Alexander López.

En una llamada telefónica con la oficina de la AMHON, se consultó sobre la propuesta de tabla para incrementos municipales, y se confirmó que no existen sugerencias de aumentos, ya que esa es una decisión de cada corporación municipal. La institución también explicó que fue hace 20 años cuando se sugirió un monto para el cobro de la tasa vehicular a nivel municipal.

Según la AMHON, fue la alcaldía de El Progreso la que hizo las propuestas y las envió a la Asociación de Municipios para que esta las remitiera al Instituto de la Propiedad, con el fin de que entraran en vigencia en julio de 2026.

Los incrementos en el Plan de Arbitrios fueron aprobados por la anterior corporación municipal, pero la alcaldía confirmó que fueron ratificados por el nuevo pleno. Sin embargo, se desconoce el número de acta en el que se aprobó esa ratificación.

Roberto Orellana, regidor de la actual corporación municipal, se declaró sorprendido por la decisión y aseguró que jamás han tocado este tema en las reuniones del pleno de autoridades en El Progreso.

“Me declaro sorprendido porque en las seis sesiones de corporación no se ha discutido ni se ha aprobado ningún aumento. Lo desconozco. Yo me enteré porque revisé el portal del IP y allí pude comprobar que ahora la tasa vehicular ya no es de 845 lempiras, sino de 2,500”, dijo Orellana.

Agregó que es necesario investigar quiénes aprobaron y ratificaron este aumento, incluso para determinar si cuenta con el respaldo documental correspondiente o si se trata de un abuso de autoridad.

El diputado por el departamento de Yoro, Leonel López, hermano del alcalde Alexander López, al ser consultado por Radio Progreso, aseguró que los incrementos están dentro del nuevo Plan de Arbitrios y que la municipalidad notificó cuando se aprobó y posteriormente se ratificó. También sostuvo que esto se justifica porque la ciudad lleva 16 años sin ningún ajuste.

“La municipalidad de El Progreso tiene muchos años de no hacer un reajuste a sus tasas de impuestos, pero la ciudad requiere continuar modernizándose. Lo aprobado se hizo en pleno de corporación municipal y se hace para lograr desarrollar proyectos, fondos que son auditados”, comentó López.

Otro de los sectores que se manifestó en contra del incremento en la tasa vial municipal fue la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que expresó su profunda preocupación. En un comunicado, señaló que el aumento llega en un momento en que la economía local continúa enfrentando importantes desafíos derivados de la situación económica, la disminución del consumo, el cierre de empresas, la pérdida de empleos y el incremento en los costos de operación, factores que afectan tanto a las empresas como a la ciudadanía.

Los empresarios sampedranos, aglutinados en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, solicitaron a la corporación municipal revisar el incremento aprobado y presentar públicamente los estudios técnicos, financieros y jurídicos que lo respaldan, así como el destino específico de los recursos adicionales que se pretenden recaudar, garantizando una administración transparente y eficiente.

La Cámara de Comercio exhortó a las autoridades municipales a instalar, a la mayor brevedad posible, una mesa de diálogo en la que participen la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, sociedad civil y demás sectores representativos del municipio de El Progreso, con el fin de encontrar soluciones equilibradas que permitan fortalecer las finanzas municipales sin afectar la competitividad, la inversión y la generación de empleo.

Como representante de la sociedad civil, la Asociación de Ciudadanos Pro-Defensa de los Intereses del Pueblo Progreseño también manifestó su profunda preocupación por el exagerado incremento de la tasa vial, que entró en vigencia el pasado 1 de julio. La organización aseguró que rechaza el aumento, que calificó de “bárbaro”, por considerar que llega hasta un 300% y que resulta injusto, arbitrario y abusivo, lejos de la realidad que vive la ciudad y el municipio.

Asimismo, pidió a la corporación municipal proceder, a la mayor brevedad posible, a la derogación del incremento, ya que —según afirmó— no fue concertado con las organizaciones de sociedad civil ni con los contribuyentes, no fue consensuado con la ciudadanía del municipio, no fue publicado en los diferentes medios de comunicación y los valores a pagar no aparecen en el Plan de Arbitrios 2026. 

Analistas consideran que, si no hay precisión sobre los incrementos, su discusión, aprobación, ratificación y la claridad de los momentos, así como sobre la supuesta tabla establecida por la AMHON, podría tratarse de una decisión abusiva del alcalde y constituir delito de prevaricato administrativo.