A través de una revisión en los portales únicos de transparencia, Radio Progreso pudo comprobar que la Secretaría de Salud reporta que, de 154 cirugías practicadas en el sistema privado, se han pagado casi 10 millones de lempiras (L 9,822,620.50), en un total de 154 facturas registradas.

En la primera sesión del Congreso Nacional, el 25 de enero de 2026, se presentó el anteproyecto de la Ley de Medidas Excepcionales para Atención Prioritaria en Salud. La iniciativa, que se dictaminó y aprobó en apenas ocho días, el 2 de febrero, decretó un estado de emergencia en el área de salud en todo el país.

La ley contempla dos puntos clave. Uno está relacionado con la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicamentos. La norma también hace mención de la suscripción de fideicomisos y convenios especiales de prestación de servicios con entes públicos y privados, nacionales y extranjeros, así como con ONG, para realizar procedimientos quirúrgicos que reduzcan la mora quirúrgica del país.

“Hemos notado que existe una sobrevaloración de los precios, especialmente en las operaciones de vesícula, hernias e histerectomías, que rondan los L 67,000 aproximadamente. Las valoraciones cardiológicas, por L 7,000. Si usted se va, como un simple mortal, a una clínica privada en San Pedro Sula o Tegucigalpa, le ofrecen operarlo de la vesícula por L 30,000; entonces vemos que hay una sobrevaloración del 100%. Incluso en la Cámara de Aseguradores, eso es lo que le pagan a las clínicas privadas por operar un paciente que tiene un seguro de vida. Por lo tanto, es evidente que hay una sobrevaloración y es insostenible por parte del gobierno pagar estos precios exagerados por las cirugías”, dijo el doctor Carlos Umaña, integrante de la Comisión de Salud en el Congreso Nacional.

El diputado asegura que la mora quirúrgica todavía está en 10 mil pacientes; apenas se han logrado reducir algunas que estaban pendientes en el Hospital San Felipe, el Catarino Rivas y el Hospital Escuela.

“Desde la Comisión de Salud estaremos exigiendo un informe por escrito a los ministros de Salud, porque estamos preocupados por estos costos tan elevados y todo apunta a que el decreto de emergencia, que se aprobó por encargo del Ejecutivo, ya tenía nombre y apellido, era para beneficiar a establecimientos de salud privados”, dijo Umaña.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, cree que es urgente que la Secretaría de Salud haga una aclaración de toda esta información que está circulando y que deja más dudas y preocupación por la gestión que desempeñan con estas cirugías.

“Se nos dice que hay una mora quirúrgica de 10 mil operaciones; si uno calcula que en promedio se están pagando a 60 mil cada una, necesitaríamos más de 2 mil millones de lempiras, eso es algo insostenible”, dice Santos.

El presidente del Colegio Médico aseguró que, desde un inicio, han sugerido que las operaciones se realicen en los hospitales públicos, que hay suficientes quirófanos en el sistema público; lo que se requiere es contratación de personal y ordenar las operaciones. “Pero, lastimosamente, no nos escuchan desde el gobierno y ahora estamos pagando millonarias cantidades sin fortalecer el sistema de salud”.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó recientemente un informe sobre la situación quirúrgica en la red hospitalaria pública, advirtiendo que los mecanismos de emergencia aprobados en los primeros meses del año no han logrado los resultados esperados para revertir el sufrimiento de miles de hondureños y hondureñas que permanecen en espera de una cirugía.

El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras señaló que la lista de espera quirúrgica incrementó de 10,902 pacientes en enero a 10,948 personas al cierre de junio. De este grupo, el 48%, equivalente a 5,251 pacientes, se encuentra formalmente en mora quirúrgica tras haber superado el tiempo médicamente aceptable para sus intervenciones.

Esta problemática impacta con severidad a los hospitales de especialidades, los cuales concentran el 69% (3,598 casos) de la mora nacional, destacando de forma alarmante el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Toráx) con un 86% de rezago en su lista de espera.

A este incremento de pacientes se le suma una evidente reducción en la capacidad operativa de la red hospitalaria pública. En octubre de 2025 se registraban 41 quirófanos inhabilitados; sin embargo, para marzo de 2026 la cifra empeoró y subió a 46 quirófanos fuera de servicio a nivel nacional, representando el 30% de la red hospitalaria.

Esta pérdida de capacidad instalada ocurre a pesar de que la Secretaría de Salud (SESAL) logró avances normativos significativos, como la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales en febrero y la firma del fideicomiso en marzo, con lo cual el gobierno generó una alta expectativa.

La brecha se profundiza en las cirugías electivas, donde tan solo en el mes de junio se inscribieron 2,697 nuevos pacientes para operar, pero el sistema público únicamente logró realizar 1,401 procedimientos.

Ante esta realidad, la ASJ insta a las autoridades sanitarias a acelerar la implementación de las medidas extraordinarias aprobadas y la ejecución del fideicomiso, agilizando los procesos administrativos para que la ley se traduzca en resultados e intervenciones oportunas y se brinde un alivio real y pronto a las familias hondureñas. Esta agilización debe ir acompañada de una intervención prioritaria y focalizada en los hospitales de especialidades e institutos nacionales, que concentran los casos más complejos y la mayor mora del país.

Ante este panorama, la organización enfatiza que un programa de emergencia representa una respuesta temporal que no resuelve el problema estructural de la salud en el país. Además, urge agilizar los procesos administrativos para brindar una respuesta inmediata a los 10,948 pacientes en espera de una cirugía. La solución definitiva requiere trabajar e implementar una propuesta de transformación integral del sistema de salud pública, garantizando gestión y presupuesto eficiente, quirófanos equipados de forma permanente y una gestión de recursos humanos transparentes. 

Diversos sectores todavía desconfian de este decreto de emergencia y en los nombramientos que se han realizado en la Secretaría de Salud, hay temor que exista una intención de privatizar y debilitar la salud pública, ya que el sistema está deteriorado, pero pocos son los cambios que se han notado en estos seis meses.