La incertidumbre vuelve a inundar a los 55 mil hondureños y hondureñas beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), después de que el Gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), publicó recientemente una lista de 12 países a los que ratifica la cancelación de este beneficio migratorio.

Entre los países de América que figuran en la lista están Honduras, Nicaragua y Venezuela. A los nacionales de estos países, el presidente Trump les advirtió: “Salga ahora o será deportado”.

Los integrantes de la Alianza TPS han presentado amparos en tribunales federales y exigen revertir esta decisión, que tiene un impacto profundo en familias de migrantes que llevan décadas en Estados Unidos, donde han establecido sus vidas. Muchos tienen hijos estudiantes o negocios que generan empleos.

Teofilo Martínez, integrante de la Alianza TPS, aseguró que existe un caso abierto, el número 2, para los beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal. Por ello, siguen esperando la respuesta de la jueza Thompson, quien podría emitir un fallo en noviembre próximo. Esto les da dos meses de plazo para seguir explorando acciones que detengan las deportaciones de millones de migrantes que ya tienen su vida hecha en Estados Unidos y que han sido el sostén de sus países de origen.

Al conocerse el aviso del Gobierno estadounidense, la Comisión Social Menonita (CAMS) ofreció una conferencia de prensa para profundizar sobre el impacto que tendría una posible deportación de estos migrantes y para exigir acciones al Gobierno central de Nasry Asfura.

Mercedes Pérez, del Programa de Migrantes de CAMS, recordó que la dignidad humana es mayor que cualquier ley o acción que se tome. “En vista de la última decisión del presidente Donald Trump de recordar que se ha vencido el TPS y que deben salir inmediatamente del país, esto supone para el Gobierno central de Honduras un reto importante en función de la reinserción de nuestros compatriotas, y más ahora que en Honduras estamos en una emergencia nacional por la situación climática, efecto de las sequías que incrementarán la hambruna. Lo que significa que nuestros compatriotas estarán llegando a enfrentarse a situaciones fuertes”, dijo Pérez.

La defensora señaló que es urgente tener un plan nacional donde la reinserción sea digna, humana y ordenada, ofreciendo oportunidades a los migrantes que podrían ser deportados por la administración Trump.

“Creemos que es urgente que se decrete una emergencia por la situación de las deportaciones. Estamos recibiendo arriba de 45,000 compatriotas deportados más los autodeportados, porque esas cifras no cuentan en las estadísticas nacionales. Son miles de familias las que están llegando. Y ahora los 55,000 compatriotas que están amparados en el TPS, y que a ellos se les suman sus familias, lo que supondría unas 300,000 personas que necesitarían ser reinsertadas en el país, las que deberían tener una respuesta integral por parte del Gobierno central. Y la situación se agrava cuando recordamos que son ellos quienes están sosteniendo la economía de este país”, recordó Mercedes Pérez.

Otro de los llamados se dirige a los diputados del Congreso Nacional, ya que mantienen engavetadas dos propuestas de ley que se requieren para atender a la población migrante. “Varias organizaciones estamos organizadas y trabajando en la Mesa Nacional de Migración. Desde este espacio estamos muy cerca de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso Nacional, impulsando algunas iniciativas de ley que permitan esta recepción digna, porque sabíamos lo que se venía. 

Lamentablemente, sabemos que los procesos son burocráticos en el Gobierno, pero por ahí hay algunas leyes que ya están en proceso de reglamentación. En este momento, como Comisión Social Menonita, pedimos que se apruebe y reglamente la Ley de Menaje, la que permitirá a los compatriotas que se les exonere hasta por $150,000 para que puedan traer sus menajes y herramientas de trabajo. Esperamos que el Congreso Nacional acelere esa ley. Y estamos esperando que se apruebe la creación de las unidades municipales de migrantes deportados en distintas alcaldías, lo que significa asignar recursos para poder devolverle a nuestros compatriotas todo lo que han hecho para poder solucionar la economía del país”, comentó.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Foro Social para la Deuda 

Externa de Honduras, Fosdeh, se advierte que el fin del TPS ya no es una advertencia; es una realidad que exige respuestas inmediatas y estructurales al Estado. 

Citando a su más reciente informe “Honduras ante el fin del TPS. Riesgos de retorno y prioridades de políticas públicas”, se recordó que durante dos décadas el

Estatus de Protección Temporal (TPS) brindó alivio a miles de familias hondureñas y sostuvo la economía a través de las remesas. Hoy, su finalización es un hecho consumado que plantea un choque socioeconómico presente: la separación familiar, la caída del poder adquisitivo en los hogares dependientes y la presión sobre un mercado laboral nacional que no tiene la capacidad de absorber a quienes retornan. 

Desde el FOSDEH, advierten que la solución ya no pasa por la diplomacia. Es imperativo evaluar la capacidad institucional actual, el Estado hondureño debe financiar y ejecutar prioritariamente una ruta de acción integral que garantice la reinserción digna, la protección de derechos y la generación de oportunidades reales en nuestras comunidades.

El TPS terminó y hay una pregunta que todavía no ocupa suficiente espacio en el debate público: ¿cómo se distribuirán los costos sociales del retorno?, cierra el Fosdeh.