En la más reciente sesión del Congreso Nacional, la diputada Clara López del partido Libertad y Refundación (Libre), presentó formalmente un decreto para derogar la denominada Ley Agroindustrial.
El Decreto Legislativo No. 107-2026, corresponde a la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas, fue emitido por el Legislativo y publicado en el diario oficial La Gaceta (No. 37,178) el pasado 26 de junio de 2026.
La ley impulsada desde el bipartidismo, Partido Nacional y Liberal, declara de interés y prioridad nacional la protección de las actividades agroindustriales, energéticas, turísticas, ganaderas y agrícolas frente a ocupaciones o tomas. Situación que ha provocado el rechazo de las comunidades y organizaciones que critican la normativa porque la consideran una «ley de despojo» que afecta territorios ancestrales y comunitarios. Hasta el momento hay varios recursos legales interpuestos.
Este día incluso organizaciones campesinas presentaron ante la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 9 recursos de inconstitucional contra este decreto 107-2026.
Según los manifestantes con las acciones interpuestas suman 25 los recursos en contra de dicha ley que está permitiendo la ejecución de violaciones a derechos fundamentales como la protesta, reivindicación de tierras y fomentando el despojo.
“23 diputados de Libre hemos firmado este decreto que ya fue presentado formalmente en el Congreso, buscamos que se derogue esta ley que ha causado graves daños, sobre todo a las comunidades indígenas y afrohondureñas, a pesar que existen leyes que protegen a los territorios ancestrales”, comentó la diputada López.
La entrada en vigor de la ley provocó un desalojo violento en contra de la comunidad garífuna San Juan en el municipio de Tela, Atlántida. Esta acción legítima de reclamo al respeto a la sentencia contra el Estado hondureño que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos provocó la detención y proceso de criminalización contra 5 líderes garífunas de dicha comunidad.
“Desde nuestra bancada consideramos que esta ley es abiertamente inconstitucional, porque declara privilegios a los sectores empresariales, de la gran industria, de la energía y el turismo. Además, exigimos que cese la persecución en contra del campamento del pueblo garífunas instalado en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia que exige eliminar los procesos de criminalización contra los líderes de San Juan”, agregó.
Para los diputados proponentes el Congreso Nacional debe tener vías para poder garantizar el derecho a la vivienda, a la vida, la salud y la integridad física de las comunidades, sobre todo las afrohondureñas e indígenas.
La diputada López dijo en entrevista con Radio Progreso que esperan que el decreto sea turnado a una comisión de dictamen para que el pleno del Legislativo lo puede conocer. “Este es un primer paso, nosotros vamos a presionar para que se torne a una comisión de dictamen y que realmente se pueden hacer consultas en las comunidades cómo han sido afectadas, porque ni siquiera se cumplió con este mecanismo de consultas antes de aprobar esta ley. A nadie se le preguntó, ni siquiera se pusieron a reflexionar a quienes iban a afectar con dicha aprobación. Queremos que este Congreso Nacional, así como aprobó esta nefasta ley, absolutamente inconstitucional, de la misma manera la derogue porque está causando graves lesiones a la dignidad de las personas”, cerró diciendo la diputada.
Análisis realizados por jurístas aseguran que esta ley se centra en cuatro aspectos fundamentales. Uno está vinculado a la protección reforzada de la actividad agroindustrial, proyectos de energía eléctrica, ganadería y turismo, incluyendo su infraestructura, cadena logística, transporte y bienes en general, declarando dicha protección como de orden público, interés y prioridad nacional.
Un segundo es que ordena la agilización, con carácter prioritario, la atención de situaciones que pongan en precario dicha protección, instruyendo a las autoridades como el Ministerio Público, actuar de inmediato ante denuncias o hechos relacionados con ocupaciones, tomas o bloqueos que afecten estas actividades. Tres, ordena la protección institucional de la agroindustria, energía eléctrica, turismo y ganadería, y un cuarto que enfatiza responsabilidad legal de los funcionarios que no cumplan con lo que manda la ley.
Y desde las organizaciones garífunas e indígenas hacen énfasis en que decreto 107-2026, violenta el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y consecuentemente los artículos 15 y 18 de la Constitución de la República, al relativizar los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras sobre los territorios que ocupan y usan tradicionalmente para sus tradiciones y subsistencia, así como también limitar el derecho a la consulta libre, previa e informada, la cual la subordina al hecho de que los pueblos tengan registrado su derecho al territorio.
