La comunidad alerta de amenazas de desalojo y represión contra quienes están defendiendo el territorio y denunciando afectación de la tortuga Carey.

El año pasado, Corte IDH emitió un fallo definitivo donde declaró la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por violar el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades garífunas en el archipiélago

Las amenazas contra la comunidad garífuna Nueva Armenia se agudizaron este día, cuando un fuerte contingente de policías y un juez ejecutor llegaron hasta Playa Uva o Cayo Menos, en el archipiélago de Cayos Cochinos, a desalojar a los pobladores y pobladoras que pacíficamente se manifiestan exigiendo que se respete el territorio que ahora se ve amenazado por la filmación de un realy show Sobrevivientes (programa de televisión), que las comunidades denuncian contamina y afecta el ambiente. 

En videos compartidos por las plataformas digitales de la comunidad, se ve la gran cantidad de policías, a quienes incluso denuncian por sacar armas de fuego y apuntar a las personas que se manifiestan de forma pacífica. 

Mabel Robledo, una de las líderes en la comunidad de Nueva Armenia, denunció el accionar de las autoridades, a quienes recordó que las playas, según la legislación hondureña, son públicas, por lo que no comprende por qué llegó una orden de desalojo cuando están protestando de manera pacífica. “Lo que les estamos exigiendo es que cumplan con la sentencia, y que den explicación porqué el Estado a través de un juez ejecutor de la DPI busca ejecutar una orden de desalojo en el Cayo Menos asegurando que pertenece a la empresa Sociedad Ecológica S.A. Nosotros hemos sido claros que estamos pidiendo que se hayan las personas que están produciendo ese reality, que están afectando nuestro territorio, cuando eso pase esta acción de protestas se detendrá”, agregó. 

El Estado de Honduras está obligado según ley a garantizar la participación de la comunidad en la elaboración de un plan de manejo del Monumento Natural Mario Archipiélago de Cayos Cochinos, ya que fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 20 de noviembre de 2025. La sentencia le fue notificada el pasado 04 de marzo de este 2026. 

Entre las obligaciones están adecuar la ley sobre consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas y Tribales; garantizar la participación de la Comunidad en la elaboración del plan de manejo, así como en la gestión, administración y toma de decisiones relativas a la conservación y aprovechamiento sostenible del área protegida. 

Además, realizar las investigaciones y resolver las denuncias presentadas por la Comunidad. 

Miriam Miranda, la coordinadora de la Organización Fraterna Negra de Honduras, OFRANEH, también denunció la orden de desalojo contra la comunidad, la que calificó de legal, y aseguró que es promovida por el extranjero Ricardo Salinas Pliego. 

“El Estado de Honduras viola la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2026. Hacemos responsables al Poder Judicial de Honduras y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, de cualquier situación que se dé en la comunidad y contra las personas que están en protestas pacíficas”, dijo Miranda. 

El inicio de una nueva temporada de grabación del reality español Sobrevivientes durante el periodo de desove de las tortugas Carey en Cayos Cochinos ha sido la denuncia que a lo largo de estas semanas ha realizado el pueblo garífuna, que inició esta semana un plantón o campamento en el Cayo Menor, en medio de represión e intimidación de la Policía Nacional que se encuentra en la zona.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta sentencia en particular, a ratificado a los pueblos indígenas y tribales el derecho a participar de las decisiones que afecten sus derechos. Una de las manifestaciones de esta participación es el derecho de consulta previa, libre e informada. El derecho tiene estricta relación con el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, que tiene manifestaciones específicas respecto a la vinculación especial entre los pueblos indígenas y tribales con el territorio cultural, dice el documento de conocimiento del Estado.