A través del apoderado legal de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, el alcalde Alexander López solicita a un juzgado de esta ciudad que ordene el desalojo inmediato de unas 238 familias que viven en la Colonia Alemania, invocando el recién aprobado Decreto 107-2026, conocido como Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. 

Con esta decisión, unos 268 niños y niñas  serán afectados, ya que Alemania es el único hogar que tienen, y 43 personas de la tercera edad que, después de toda una vida de trabajo, verían desaparecer la casa que con tanto esfuerzo levantaron.

La petición, notificada a la defensa de los pobladores y pobladoras, busca, además, el nombramiento de un juez ejecutor para hacer cumplir la orden de forma inmediata. Sin embargo, el 7 de septiembre, el Juzgado de Letras Seccional resolvió reservar y diferir el pronunciamiento sobre el desalojo, mientras la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decide una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa comunitaria.

La abogada Dunia Pérez Rodríguez, parte de la defensa técnica de la comunidad, aseguró que es inaudito que se pretenda aplicar una ley diseñada para proyectos agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos a un asentamiento humano, consolidado desde el año 2011.

La abogada integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, explica que la Colonia Alemania cuenta con infraestructura social, “es decir, escuela pública, red de agua potable y energía eléctrica, por tanto, no constituye una finca en explotación agropecuaria, además de que es una ley a todas luces inconstitucional y convencional”, comentó.

La defensa también argumenta que el decreto entra en contradicción con principios constitucionales relativos a la dignidad humana, el derecho a la vivienda, la presunción de inocencia y la función social de la propiedad.

La abogada Pérez Rodríguez indica que el terreno de 84.016,83 metros cuadrados perteneció originalmente al ciudadano alemán Gunther Bernhardt, fallecido sin herederos.  En 2011 la Municipalidad solicitó judicialmente ser declarada heredera universal, logrando la inscripción registral del predio en 2014. Y en 2019 la Alcaldía promovió una acusación penal por usurpación contra 197 pobladores, de los cuales 13 han fallecido desde entonces.

El recurso que frenó el desalojo

El 25 de agosto de 2026, la defensa de las pobladoras y pobladores, integrada por la abogada Dunia Pérez Rodríguez y el abogado Omar Menjívar Rosales, presentó una excepción de inconstitucionalidad contra los artículos del Código Procesal Penal que permiten desalojos en plazos de 24 a 48 horas sin audiencia previa. 

El recurso fue admitido el 28 de agosto y remitido a la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la jueza aclaró que, si bien el recurso impide dictar una resolución final sobre el desalojo, no detiene las etapas procesales previas, por lo que fijó la audiencia inicial para el 24 de noviembre de 2026, a las 9:30 de la mañana, informó a Radio Progreso la abogada Pérez Rodríguez.