Esa mañana de martes el sol no salió, todo apuntaba a un día de lluvia. Tía Cayoya, como se le conoce a doña Carolina Castillo, matriarca garífuna, sale de su champa, voltea hacia el cielo y advierte que deben prepararse porque las lluvias serán fuertes, incluso acompañadas de truenos.
Tía Cayoya lleva más de diez días en el campamento que las comunidades garífunas instalaron en Playa Uvas en Cayo Menor en el archipiélago de Cayos Cochinos. Como ella misma dice, su pasaporte está en los campamentos en defensa del territorio. Estuvo más de dos semanas en Tegucigalpa, en el campamento que la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) sostiene frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ahora está instalada en medio de esta isla paradisíaca que ha sido su hogar.
Con mucho orgullo confiesa que tiene 73 años. Nació en Cayos Cochinos, incluso sus hijos los parió en el mar, de quien dice ser hija.
Esa mañana en el campamento sale de su tienda de acampar para ver que todo en la cocina esté funcionando, que los alimentos estén en el fogón junto con el té, porque el día será largo y lluvioso, lo que requiere que los integrantes del campamento estén bien alimentados.
Un día antes, dos lanchas repletas de policías y navales llegaron intimidando al campamento. Aseguraron que la Fundación Cayos Cochinos interpuso una denuncia por incendio forestal en Playa Uvas. Cayoya salió al frente y les gritó que ellos no están ni incendiando ni destruyendo sus tierras. Indignada reclama que las comunidades han interpuesto muchas denuncias contra la fundación, y jamás se investigan. ¿Por qué ahora sí llegan amenazándonos?, les cuestiona.
Tía Cayoya asegura haber perdido el miedo. Que ahora perder sus tierras, su mar y sus comunidades es sinónimo de muerte. “Nos han hecho tanto, que hasta el miedo hemos perdido en estas luchas”, dice con su voz entrecortada.
Entrega del manejo de la reserva natural
Desde 1993, en la administración del presidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas, acusado por corrupción cuando fue dirigente en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se entregó el manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, a Honduras Coral Reef Fund.
Desde ese año, la fundación es la responsable de las 2 islas principales: Cayo Menor y Cayo Grande, y los 13 cayos o islotes más pequeños, todos de origen coralino que completan el grupo.
Desde la entrega del manejo de esta reserva natural, la comunidad de Nueva Armenia en Jutiapa, Atlántida, denuncia que la fundación les impide pescar, cuando esta faena es la que sostiene a las familias, además, ha criminalizado y amenazado a quienes pescan en la zona o denuncian su accionar.
Mabel Robleda, presidenta del patronato de Nueva Armenia, permanece en el campamento, asegura que esta acción responde a la denuncia que por años han realizado contra la Fundación Cayos Cochinos, quien ha permitido que por 20 años se realice el reality show “Supervivientes”, de la televisión española, producción que afecta la reserva natural, exactamente el desove de la tortuga carey, una especie protegida.
Esta acción ha generado la firme oposición y protestas de comunidades garífunas, quienes aseguran que este programa no deja ningún beneficio a las comunidades, únicamente ingresos no fiscalizados a la fundación.
Para Mabel, un mal manejo de esos recursos se expresa en la condición de precariedad en la que viven los pobladores y pobladoras del Cayo Chachahuate, el único cayo enteramente habitado por la comunidad garífuna.
En este cayo se evidencian los extremos. Existe un profundo contraste entre su belleza natural turquesa y la precariedad de sus condiciones de vida.
La comunidad habitada por unas 150 personas carece de agua potable, electricidad estable y sistemas de aguas residuales o tratamiento de basura. Los habitantes viven en una batalla diaria contra el mar y la escasez, enfrentando un abandono histórico por parte del Estado hondureño. La situación se complica cuando los pobladores dependen fundamentalmente de la pesca artesanal y la fundación impide esta actividad.
Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH
La instalación del campamento inició en demanda de la expulsión de un reality show que se produce sin el consentimiento de las comunidades, pero de fondo está la exigencia para que el Estado de Honduras cumpla la sentencia en el Caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, que fue emitida el 20 de noviembre de 2025 y notificada oficialmente al gobierno de Nasry Asfura el 4 de marzo de 2026.
En esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se ordenó al Estado cumplir con 6 medidas de reparación.
Las reparaciones dispuestas son: adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas y Tribales; Garantizar la participación de la Comunidad en la elaboración del plan de manejo del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, así como en la gestión, administración y toma de decisiones relativas a la conservación y aprovechamiento sostenible del área protegida; Realizar las investigaciones y resolver las denuncias presentadas por la Comunidad y realizar las publicaciones y difusión de la sentencia y su resumen oficial.
En este caso, el Estado tiene un plazo de un año para presentar el primer informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH. Este plazo, que se computa a partir de la fecha en que fue notificada la sentencia, vencería el próximo 5 de marzo de 2027.
Para Mabel Robleda, la respuesta del Estado ha sido la represión. “Recordemos que el Estado de Honduras fue sentenciado cuatro veces por afectar el territorio de las comunidades garífunas de San Juan, Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos. Estamos pidiendo que se respeten esas sentencias y lo único que recibimos son represalias, incluidas las amenazas de la guardia costera de la Fundación Cayos Cochinos. Actualmente estamos viendo cómo se está filmando un Reality show, sin consultarle a las comunidades, haciéndose la ley de quienes tienen más poder económico y político en este país, y pudimos ver lo que ha ocurrido en los últimos días cuando hemos sido agredidos por la policía nacional, en vez de investigar nuestras denuncias se presentan amenazas e intimidación contra los pobladores que sostenemos las acciones de resistencia al despojo, lamentamos la rapidez con la que se ejecutó una orden de desalojo para nuestro campamento”, comenta la líderes garífuna.
Tía Cayoya, al igual que Mabel, recuerda que la propia Corte IDH ha exigido al Estado dar respuesta a todas las denuncias interpuestas por las comunidades, “y hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Hay preocupación por cómo la institucionalidad sí funciona para la fundación y no para las comunidades”, comenta.
El patronato de Nueva Armenia ha interpuesto denuncias contra el empresario Enrique Nodales Alegría y la Sociedad Ecológica, S.A. y más bien la respuesta de la fiscalía ha sido desalojar a la comunidad de su territorio ancestral, comentó Mabel.
“Imagínese que nosotros hemos denunciado a la Fundación Cayos Cochinos por deforestación y destrucción del hábitat de varias especies que están en la zona. Sin embargo, el juzgado de Roatán manifestó que el daño era insignificante y comenzó a perseguir a las personas que interpusieron la denuncia. Luego, interpusimos denuncias por el ingreso de una retroexcavadora para realizar carreteras dentro del Cayo Menor para facilitar el tránsito de la gente del Reality y hasta la fecha no hay respuesta. Hemos puesto denuncia por la violación y abuso de la Fuerza Naval, tampoco hemos recibido respuestas. Entonces nos preguntamos de qué lado está la justicia en este país”, agregó.
Fue esa falta de respuesta de la justicia la que llevó a las comunidades a organizarse y mar adentro defender su territorio, la exigencia inició con la cancelación del Reality show, que por la presión se instaló en la comunidad El Cacao, pero ahora se sustenta en la demanda del cumplimiento de las sentencias en favor del pueblo garífuna.
El campamento continúa en Playa Uvas. Tía Cayoya y Mabel, junto a otras mujeres garífunas y representantes de las comunidades, están allí; pese a la falta de respuesta del Estado, creen que las energías de sus ancestros les darán la fuerza para seguir defendiendo lo que consideran su tierra, lo único que pueden heredar a sus hijos e hija.
Entre lo que ellas llaman el espíritu de sus ancestros, teniendo de fondo el ritmo de los tambores, la danza y el olor del incienso, las comunidades garífunas se sostienen en dos campamentos, uno en Tegucigalpa y el segundo en Cayos Cochinos, exigiendo respeto a su territorio y cultura.
Y como nos dijo tía Cayoya: “Esta es nuestra tierra, sin ella no somos nada, defender el territorio y su hábitat es recordar que estamos vivas y que nuestro ombligo está anclado a este mar que nos da vida”.
Al cierre de esta nota Radio Progreso buscó la reacción de la Fundación Cayo Cochinos, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, género, política y sociedad.
