El nuevo titular de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que enviaron al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que pretende declarar Estado de Emergencia Fiscal y Financiera en las finanzas públicas.
La iniciativa tendrá una vigencia máxima de dos años, como respuesta a lo que la adminstración de Nasry Asfura llama un deterioro sostenido de las cuentas del Estado, severas limitaciones de liquidez y riesgos para la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Con la iniciativa se busca reducir las instituciones públicas para lograr ahorros entre los 10 mil y 15 mil millones de lempiras, dijo Hércules en declarcaions ante los medios de comunicación en el marco del anuncio de la llegada de los personeros del Fondo Monetario Internacional, FMI, al país.
Sobre la propuesta, el economista Rafael Delgado dijo que sin duda Honduras requiere de una profunda transformación del sector público, que es una tarea pendiente que ningún gobierno, ni el nacionalista o el de Libre lo ha hecho con seriedad. “Vemos esta nueva emergencia, sabiendo que las emergencia en Honduras no son nada nuevo, esperando que existan realmente resultados, porque las anteriores y las Comisiones Interventora nunca han tenido resultado positivo al país. Ojalá que no sea igual. Esperamos que se den cambios sustanciales. Y que todo gasto que se reduzca sirva para lograr inversión en desarrollo humano”, comentó el analista.
Sobre la reducción de las instituciones públicas, Delgado cree que Honduras requiere de un profundo análisis de la estructura estatal, ya que ahora hay muchas instituciones que perdieron su rumbo, lo que supone comenzar una revisión de toda la estructura del Estado. “Es importante tener la claridad que ningún gobierno debe de evadir esa oportunidad en los primeros meses de su gestión para poder revisar y ver cuáles son las instituciones que realmente no aportan nada del país. Lo que se debe evitar, y es una recomendación como economista, es que sea un recorte indiscriminado, que conduzca a la reducción de gasto, pero que tenga sentido y que no provoque el desaparecimiento de instituciones claves para el país”, comenta.
Un ejemplo claro que mencionó Rafael Delgad fue: “si nos vinen a decir que van a reducir el Estado cerrando el Instituo de Conservación Forestal, ICF, porque hasta ahora ha sido ineficiente, yo aceptaría lo último, porque ha sido una institución que no ha hecho el papel que le corresponde, pero jamás que deba desaparecer, lo mismo aplica para el Instituto Nacional Agrario, INA, no nos pueden decir que no se necesitan, cuando son instancias claves. Lo que verdaderamente necesitamos es que se de una revisión para lograr que las instituciones funcionen y que desparezcan aquellas que no aportan al fortalecimiento de la institucionaldiad”, dijo el analista.
El Ministro de Finanzas agregó que la ley plantea la adopción de medidas excepcionales y temporales orientadas a corregir desequilibrios fiscales, restablecer el orden financiero y sentar las bases para una recuperación económica sostenible.
El economista Rafael Delgado dijo que desde años atrás se viene prometiendo solventar el desequilibrio, concluso administraciones anteriores mencionaron perfilar la deuda, conseguir mejores condiciones para ahorrar y restructurar la cartera crediticia del país. “Estos esfuerzos son bienvenidos, pero que se hagan ya. Honduras se sometió a un proceso de condonación de deuda no hace más de 20 años, y desde ese tiempo empezó nuevamente la fiesta con el incremento del endeudamiento, ojalá con esa ley tuviéramos los problemas resueltos, pero lo absurdo es que tenemos una deuda nuevamente en la misma proporción que hace 20 años, pero tenemos una gran cantidad de problema y quizás más sin solucionar”, comentó.
Diversos analistas coinciden en que la Secretaría de Finanzas debe hacer un buen trabajo, que conduzca a reducir el manejo de la deuda pública tanto interna como externa.
Desde el gobierno de Asfura se agregó que el proyecto concede a la Secretaría de Finanzas la facultad de realizar movimientos presupuestarios entre gasto corriente y de capital, con el objetivo de mejorar las condiciones financieras del país y garantizar la sostenibilidad fiscal, sin afectar el pago del servicio de la deuda, salarios ni la operatividad básica de las instituciones.
Otro de los puntos relevantes es la orden de realizar un diagnóstico integral de actos administrativos, contratos y decisiones emitidas antes de la entrada en vigencia de la ley, que pudieran haber sido adoptados sin apego a la legalidad o con impacto negativo en las finanzas públicas.
