
Está previsto que esta semana el presidente Nasry Asfura remita el proyecto de ley para restablecer el empleo parcial y por hora en Honduras, derogado por la administración de la expresidenta Xiomara Castro por considerara que violaba el derecho al trabajo permanente y salario digno.
A petición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, el Congreso Nacional dirigido por Tomás Zambrano —luego de un pacto entre el Partido Nacional y el Liberal— se estaría aprobando esta ley que, según los empresarios, generará miles de empleos, especialmente en jóvenes.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIC), Daniel Fortín, indicó que es necesario reformar el Código del Trabajo y regresar al empleo por hora.
En declaraciones a la prensa nacional, el empresario dijo que “la Ley de Empleo por Hora es una herramienta clave tanto para las empresas como para los trabajadores en el contexto económico actual del país”. Siguió diciendo que la micro y pequeña empresa ha manifestado que les ayudará a poder sostenerse en el mercado, ya que su estructura de costos les impide contratar personas a tiempo completo.
Fortín declaró que el sector empresarial ha insistido en esta normativa incluso desde el día en que fue derogada, debido a que permite a las empresas contratar personal en momentos específicos de alta demanda, como en temporadas festivas o en picos de consumo. “Hay momentos en que las empresas necesitan contratar gente por hora, en épocas del año donde se requiere personal extra”, afirmó.
Las cantidades de generación de empleo bajo esta modalidad varían, pero van desde los 50 mil que se necesitan en la temporada de fiestas mayores, hasta los 400 mil que hablan los empresarios que indican que se ocupan en otros sectores como construcción, pequeña industria, servicios y otros, no solo el sector turismo.
En respuesta a estas declaraciones de los empresarios, el dirigente sindical Carlos H. Reyes lamentó que el proyecto esté diseñado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, “y que los denominados honorables representantes del pueblo legislen para quitar derechos que tenemos y que han sido conquistados luego de la huelga de 1954 y de los derechos que internacionalmente han sido reconocidos y que favorecen al sector laboral, porque se produce la riqueza por el esfuerzo de la clase obrera”, recordó.
Según Carlos H., los dirigentes de la clase obrera desconocen la propuesta, ya que han sido excluidos del proceso de socialización que el gobierno nacionalista inició con el sector empresarial. “La comisión nombrada está actuando unilateralmente y va a llevar a que este proyecto pase por mayoría para imponerlo; como clase trabajadora nos corresponde iniciar con las denuncias y exigir el veto presidencial, o sino irse hasta la Corte Suprema de Justicia para declarar la ley inconstitucional, porque violenta todos los derechos de la clase trabajadora, incluida la permanencia y el salario justo”, comentó Reyes.
El líder obrero dijo que es mentira que el actual Código del Trabajo no permita el trabajo parcial, “lo que quieren es sustituir el trabajo permanente por el temporal y quitar todos los derechos que ya garantiza la ley nacional y convenios internacionales como parte de un proyecto inserto en el sistema neoliberal que al final provocará mayor desocupación y población migrante”.
A través de un posicionamiento la Colectiva de Mujeres Hondureñas, Codemuh, advirtió a la clase trabajadora y a la comunidad internacional sobre las graves consecuencias sociales y económicas sobre la propuesta de Ley Especial para el Fomento del Empleo en Honduras, ya que traerá graves consecuencias sociales económica y afecta al actual Código del Trabajo.
Según el documento divulgado por la Codemuh, el empleo parcial y por hora representa una precarización institucionalizada por el estado de Honduras contra la vida y seguridad de la clase trabajadora. «Este proyecto de ley no representa una solución real al desempleo ni a la informalidad, por lo contrario, legaliza la precariedad laboral, impuesta por las trasnacionales maquiladoras, debilita la estabilidad laboral y desmantela derechos ya conquistados». Las obreras de la maquila exigen no aprobar el proyecto, además el respeto irrestricto a los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora. Entre sus demandas está la elaboración y aprobación de políticas de empleo digno con estabilidad laboral, seguridad Social y preceptos sobre ergonomía y protección social».
Además, motivan a un diálogo social amplio, vinculante con participación efectiva de las organizaciones sociales con exigencia en materia de Seguridad Social.
Desde el Congreso Nacional se anunció que el gobierno nacionalista hace ajustes al proyecto a fin de enviarlo al Congreso para que tramite su aprobación y esté listo antes de Semana Santa.