Tras finalizar una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a la que no asistió el mandatario Nasry Asfura, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto 258-2026, que contiene las reformas penales denominadas “Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate de Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas”.

Según Zambrano, las reformas otorgan nuevas herramientas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para combatir las estructuras criminales. Entre las disposiciones mencionó la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales, así como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en sectores identificados como zonas de operación de grupos criminales.

“Las reformas dan herramientas poderosas contra la delincuencia a la Policía y a los militares de Honduras, porque hoy van a accionar y dar respuesta inmediata para detener a todos los criminales que tanto daño le han hecho al pueblo hondureño. Estos grupos criminales se apropiaron de barrios y colonias, haciendo que la ciudadanía tenga que pedir permiso para entrar y salir de sus propias casas. Ante eso, hoy la autoridad que va a coordinar y tener el mando en cada barrio y colonia se llama Policía Nacional y Fuerzas Armadas de Honduras, porque son los encargados de darle seguridad al pueblo hondureño”, comentó Zambrano.

El titular del Legislativo hizo mucho énfasis en el aumento del tiempo que tienen las autoridades para presentar los requerimientos fiscales contra las personas detenidas por estos delitos.

“A esos criminales terroristas, cuando se les detenga, la autoridad no va a tener 24 horas, sino 48 horas para poder presentar requerimientos fiscales. Con este decreto se podrán hacer allanamientos en esos sectores donde operan los grupos criminales, sin orden judicial, pero siempre con el acompañamiento del Ministerio Público y en coordinación con todas las instituciones de seguridad y justicia. Los mareros y terroristas con tatuajes alusivos a su banda criminal tendrán pruebas suficientes para ser llevados ante los tribunales de la República”, manifestó Zambrano.

Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, manifestó que espera que las reformas se traduzcan en resultados concretos para la población.

El parlamentario señaló que los efectos de las medidas deben ser evaluados mediante el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y otros organismos independientes.

“Cuando pensamos en las reformas penales es porque queremos devolver la paz al pueblo hondureño. Con esta aprobación es importante validar los resultados que se vayan obteniendo a través del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otros organismos que puedan evaluarlos. La gente quiere paz, quiere seguridad y debe sentir esa seguridad. Este Congreso ya hizo su parte, pero seguir aumentando penas o calificando delitos no tiene sentido. Ahora necesitamos que estas reformas se implementen y comiencen a dar resultados, tanto la Policía Nacional como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía”, expresó el diputado de Libre.

Sarmiento dejó claro que, como diputados de oposición, han respaldado las reformas penales sin distinciones políticas, al considerar que el objetivo es “salvar vidas del pueblo hondureño, de quienes honradamente salen todos los días de sus casas y terminan siendo víctimas de la violencia, las extorsiones y el sicariato”.

“Esperamos que haya resultados lo más pronto posible, para que la gente pueda convivir en familia, con paz y seguridad”, agregó.

Además, aseguró que, como oposición, vigilarán que la aplicación de las reformas no vulnere los derechos humanos y que las medidas permitan dar respuestas a la población hondureña.

Por su parte, Zambrano también destacó el respaldo que, según indicó, el Congreso Nacional está brindando a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

“A quienes forman parte de estos grupos y utilizan a menores de edad se les podrán imponer penas de hasta 40 años o la privación de libertad de por vida. Hoy la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cuentan con todo el respaldo. El Congreso les está dando las herramientas y el Gobierno les está dando la confianza y todo el apoyo. Lo que esperamos es que, a partir de esta publicación en el diario oficial La Gaceta, comiencen a verse los resultados”, expresó.