La cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 70,000 hondureños y nicaragüenses residentes en Estados Unidos marca una nueva etapa de incertidumbre, persecución y amenaza para quienes han construido sus vidas durante décadas en suelo norteamericano. Así lo manifestó Oscar Chacón, experto en temas migratorios e integrante de Alianza Américas, en entrevista para el programa Directo al Grano de Radio Progreso.

«Es una decisión cruel», afirmó Chacón al referirse al anuncio oficial hecho por el gobierno de Donald Trump el pasado 7 de julio de 2025. “Es una decisión que desconoce las mil y una maneras en que estas personas se han convertido en una parte integral de las comunidades donde viven, del tejido económico, del tejido cultural, donde residen y que con esto se ignora”.

El TPS fue establecido como una medida humanitaria para personas provenientes de países con condiciones adversas como desastres naturales, conflictos armados o crisis políticas, que impedían su retorno seguro. Honduras y Nicaragua recibieron este beneficio en 1999 tras el paso del huracán Mitch. Sin embargo, tras más de dos décadas, y pese a los evidentes retrocesos sociales y políticos en la región, el gobierno estadounidense ha decidido suprimir esta protección.

Para Chacón, el trasfondo de esta decisión es político y encaja en una estrategia de persecución mucho más amplia: “Se trata de hacerle la vida imposible a todos los extranjeros que vivimos en Estados Unidos. Es parte de una campaña de odio, de persecución, de deshumanización del sujeto migrante. Y es una señal de un gobierno que está adoptando una forma autoritaria de gobernar, incluso dicen algunos, una forma neofascista”.

Un golpe para las familias, un reto para la región

La cancelación del TPS no sólo afecta a quienes residen en Estados Unidos, sino también a los países de origen que dependen en gran medida de las remesas enviadas por sus ciudadanos migrantes. “Las remesas representan más allá del 20% del Producto Interno Bruto en países como Honduras y Guatemala”, explicó Chacón. “El impacto en cientos de miles de hogares será devastador. Agrava los problemas estructurales que ya tenemos, que precisamente detonan la migración”.

Chacón cuestionó la narrativa del gobierno estadounidense que justifica la cancelación del TPS argumentando mejoras en los países de origen. “Dicen mentiras en cualquier campo. Afirman que las condiciones han mejorado, mientras el mismo Departamento de Estado emite alertas para que sus ciudadanos no viajen a esos países por falta de seguridad”, denunció.

El analista también advirtió sobre el riesgo de que el TPS se esté utilizando como moneda de cambio en negociaciones geopolíticas con gobiernos centroamericanos: “Nos parece ofensivo y violatorio de los derechos básicos de las personas que se ocupen a los seres humanos y su dolor como moneda de cambio para cosas que nada tienen que ver con la migración o con el bienestar de las personas”.

¿Qué deben hacer los gobiernos y las comunidades migrantes?

Ante este escenario, Chacón fue claro en que los gobiernos de la región deben asumir su responsabilidad. “Lo mínimo sería fortalecer la protección consular y garantizar asesoría legal para que las personas puedan explorar opciones individuales”, afirmó. En el largo plazo, añadió, los países deben construir condiciones que hagan innecesaria la migración forzada: “La gente se va porque no encuentra oportunidades en su país. Si tuvieran acceso a educación, empleo digno, salud y seguridad, se quedarían gustosamente”.

Mientras tanto, para la comunidad migrante, recomendó: “Lo más importante es informarse y organizarse. No hay recetas genéricas. Cada caso es único. Pero definitivamente enfrentar esto en comunidad es más efectivo que hacerlo de forma individual”.

Un panorama oscuro, pero no sin esperanza

Aunque el escenario político estadounidense parece cerrarse, Chacón destacó que aún hay caminos posibles a través de la acción colectiva y la organización social. “Hay que resistir. Tenemos que visibilizar las historias reales. No están deportando criminales, están deportando a niñeras, a personas que cuidan ancianos, a jardineros…”.

Finalmente, dejó abierta una posibilidad de cambio en el mediano plazo: “Si en las elecciones legislativas de noviembre de 2026 cambia la correlación de fuerzas, podría haber un freno a esta embestida. Pero no podemos construir esperanzas ilusorias. Tenemos que ser realistas y actuar”.

La cancelación del TPS representa mucho más que un cambio migratorio. Es un reflejo del endurecimiento sistemático de políticas que vulneran derechos, rompen familias y desestabilizan economías enteras en la región.

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