La teoría de los dos demonios y el golpe de Estado en Honduras

Joaquín Mejía

• A manera de introducción

El pasado 28 de junio se conmemoraron 16 años del rompimiento del orden constitucional. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este episodio dejó expuestas en mayor grado la situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad, y de deficiencia institucional.

Además, la garantía de los derechos humanos se deterioró a niveles alarmantes, pues su violación generalizada y sistemática se enmarcó dentro de una política de Estado en la que las instituciones del sector justicia fueron cómplices y avalaron los abusos cometidos por militares y policías.

Sin embargo, en cada conmemoración ciertos sectores critican que sigamos hablando del golpe de Estado, pues, según ellos, es un asunto del pasado. A su vez, últimamente se percibe en algunos discursos un negacionismo –intencional o no- que minimiza los crímenes cometidos con el fin de justificar a los perpetradores o reescribir la historia a favor de los golpistas.

Una forma de negacionismo que busca desviar la responsabilidad de los crímenes es el argumento de la existencia de “víctimas en ambos lados” que equipara a las víctimas con los victimarios y abre la puerta a la justificación de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los militares y policías.

Utilizando la lógica de lo que en Argentina se llamó la teoría de los dos demonios, el golpe de Estado se pretende presentar como un acto inevitable que los golpistas tuvieron que asumir para salvar nuestra “democracia” de quienes querían perpetuarse en el poder.

Y en esa inexistente “guerra entre iguales”, las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos son solo el resultado natural del conflicto entre dos bandos, es decir, daños colaterales y necesarios en la lucha por la sobrevivencia de la democracia.

• Algunas verdades incontestables

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en su informe “Para que los hechos no se repitan” estableció que el golpe de Estado fue la culminación de una serie de circunstancias que evidenció disfunciones estructurales de la sociedad, de la clase política, del modelo de representación, de las relaciones entre el poder civil y el poder militar, y de la participación de actores internacionales.

Sin embargo, de ello no se puede desprender ninguna justificación para el rompimiento del orden constitucional y mucho menos de las consecuentes violaciones a derechos humanos. Por tal razón, es importante reafirmar que este hecho refleja tres verdades incontestables:

1. En 2009 hubo un golpe de Estado que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia López Lone y otros vs. Honduras, constituyó un hecho ilícito internacional, pues fue un acto lesivo a los derechos y representó una violación de las obligaciones internacionales del Estado hondureño.
2. Como resultado de la ruptura del orden constitucional, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cometieron graves violaciones a derechos humanos, las cuales, a su vez y de acuerdo con la CVR, constituyeron crímenes de lesa humanidad.
3. Según la CVR, los abusos a los derechos humanos respondieron a la política general de represión de la oposición política, ordenada y dirigida por el presidente de facto Roberto Micheletti Baín en el marco de la “Sala de Crisis” que fue creada para planear, articular y ejecutar un ataque sistemático y generalizado en contra la población opuesta al golpe de Estado.

Esto fue posible porque una de las “partes” tenía el monopolio de las armas, las cuales fueron utilizadas de forma sistemática y excesiva, ya que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el objetivo principal no era la simple dispersión de las personas manifestantes, sino la represión con el fin de destruir, debilitar o desarticular a la población civil en resistencia al golpe de Estado.

Para darle un manto de legalidad a las acciones represivas, el gobierno de facto suspendió derechos y garantías a través de decretos o anuncios en los medios de comunicación que permitieron la violación masiva, sistemática e institucional a la libertad y seguridad personal de miles de personas, así como el cierre de los medios de comunicación que cuestionaban el rompimiento del orden constitucional.

Además, como lo documentó la CVR, hubo una represión sistemática y planificada previamente para evitar que los medios de comunicación informaran lo que estaba sucediendo. En este sentido, el propio general golpista Romeo Vásquez Velásquez, al ser entrevistado por un equipo de investigación de la CVR, reconoció la existencia de planes militares para las operaciones que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo en apoyo al gobierno de facto.

Sumado a ello, según la OACNUDH, la falta de independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial se tradujo en falta de voluntad para proteger los derechos humanos, las víctimas no encontraron respaldo para acceder a la justicia y los victimarios actuaron en un contexto de impunidad estructural, los cuales, según la CVR, “siguen la misma cultura de controlar más que servir a la sociedad, y operan en el mismo entorno de escaso control institucional”.

• Los crímenes documentados del único demonio

El argumento de la existencia de “víctimas en ambos lados” no tiene ningún sustento, pues todos los informes serios han documentado violaciones a los derechos humanos de las únicas víctimas posibles. Así, la CIDH en su informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado” estableció que

En un informe especial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, la OACNUDH ratificó (a) que en el marco del golpe de Estado se cometieron asesinatos, miles de detenciones arbitrarias, censura, abusos sexuales, torturas y malos tratos; y (b) que existía una ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas que han garantizado la impunidad de los responsables de estos crímenes, y han dejado a las víctimas sin protección ni reparación adecuada.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, y la Relatoría Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas (ONU), manifestaron su seria preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, entre ellas, muertes, detenciones a gran escala en centros de detención no autorizados, suspensión de las libertades de opinión y expresión, circulación y reunión, así como ataques, agresiones y actos de intimidación contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

A su vez, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, expresó su preocupación por la posible utilización de ex paramilitares de Colombia para proteger propiedades e individuos en caso de nuevos actos de violencia y para apoyar el golpe de Estado.

La Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, condenó y censuró el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia hondureña por participar y avalar la ruptura del Estado de derecho que causó varios muertos y heridos entre la población civil, y por apartarse de las reglas de independencia e imparcialidad que deben caracterizar a dicho órgano.

Amnistía Internacional en su informe “Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, documentó violaciones generalizadas de los derechos humanos contra el pueblo hondureño por parte de policías y militares, entre ellas, uso excesivo de la fuerza, asesinatos, torturas y otros tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias y hostigamiento e intimidación de jueces, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y demás opositoras al golpe de Estado.

No existe ningún informe que haya documentado la existencia de violaciones a derechos humanos en perjuicio de “las víctimas del otro bando”, lo cual evidencia que los negacionistas del golpe de Estado y sus consecuencias intentan colocar una duda que se presenta como real, pero que no lo es.

Como lo señala la filósofa italiana Donatella Di Cesare, este tipo de dudas, en definitiva, “ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas cuyo objeto es poner en tela de juicio el hecho histórico mismo a través de esa pretendida duda”. En este sentido, quien niega no ignora ni es un ignorante. “El que niega plantea la duda con un objetivo político y no con un deseo real de conocimiento”.

• Reflexión final

La CVR documentó al menos 12 casos de muertes mediante el uso desproporcionado de la fuerza y 8 casos de muertes mediante asesinatos selectivos. De esto se desprenden dos cuestiones que desvirtúan la teoría de los dos demonios en el contexto del golpe de Estado. En primer lugar y a la luz del contexto en que fue asesinado Isis Obed Murillo, ninguna de las acciones de las personas manifestantes “suponían un peligro inminente para la vida ni de los miembros del Ejército ni de personas circundantes”.

En segundo lugar, varias de las víctimas fueron asesinadas por su papel en las manifestaciones de protesta, por su función dentro de la organización de las mismas o por haber sido testigos de muertes relacionadas con las manifestaciones. Además, se puede “colegir la participación de miembros de las fuerzas de seguridad pública en todos ellos” y ha habido una sistemática obstrucción de la justicia que va desde la alteración de la escena del crimen y documentos oficiales hasta la facilitación de la huida de los responsables.

Parafraseando al Dr. Leo Valladares Lanza en el informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993” del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, conmemorar el golpe de Estado busca que la sociedad hondureña tenga “memoria viva” de un pasado reciente cuyos crímenes no pueden relegarse al olvido si queremos avanzar hacia una sociedad democrática, fundamentada en el respeto de los derechos humanos.

En este sentido,

Los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas oscuras y de barbarie, son los que pudieron examinarlos sin temores para así superarlas. Las verdaderas democracias son las que pueden examinarse a sí mismas. Las naciones con futuro son las que pueden, con valentía, enfrentar la verdad. Creemos que Honduras bien puede traspasar el umbral del silencio y mostrar los horrores a los que se llegó […] No para buscar venganza, no para sólo mostrar la barbarie y el odio que algunos hondureños tuvieron contra otros, sino para lograr la reconciliación nacional. La paz no viene del silencio o de la ignorancia, sino del reconocimiento claro y abierto de nuestros límites y nuestros errores

Como los señaló Eduardo Stein, coordinador de la CVR,

En una nación democrática, la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles.

Pero no se puede construir ese futuro sin justicia para todos y sin memoria que fundamente ese futuro. Con amnesia no hay pasado, pero tampoco hay futuro. Toda sociedad debe reencontrase, perdonarse, fortalecerse y crecer junta y solidariamente, respetándose, alcanzando su nivel de convivencia en un pacto social renovado y democrático, fundamentado en la voluntad de la mayoría de la población.

Quienes compartimos los valores democráticos, los principios del Estado de derecho y el respeto hacia la dignidad humana, más allá de las ideologías y los partidos políticos debemos apostar por un verdadero proceso de justicia transicional que incluya:

1. Un proceso de justicia retributiva, es decir, la investigación, judicialización y sanción de las personas responsables del rompimiento del orden constitucional y de las graves violaciones a derechos humanos.
2. Un proceso de justicia restaurativa, esto es, la adopción de las medidas necesarias para reparar el daño causado, evitar su repetición y avanzar hacia una efectiva reconciliación nacional.