José Rosario Bonano Zaldívar, conocido como “Saro Bonano”, fue una figura carismática y apreciada en el departamento de Atlántida, especialmente en los municipios de San Francisco, Esparta y La Masica, a inicios de los años 80. Su labor se centraba en el trabajo comunitario, destacándose en la gestión de emergencias ante inundaciones y plagas. Sin embargo, su imagen ha cambiado con el tiempo; el recuerdo del joven ingeniero sociable ha sido reemplazado por la de un político señalado por presuntas irregularidades.
De la inmigración italiana a la ganadería
El padre de Saro, José Bonano, un inmigrante italiano, llegó a Atlántida durante el auge de la Standard Fruit Company, y se dedicó a la ganadería para la producción de carne y leche. En las décadas de 1970 y 1980, Atlántida era conocida como “la cuenca de leche” debido a la importancia de este sector en su economía. Durante ese período, la familia Rosenthal también incursionó en la zona con una empresa agropecuaria dedicada al engorde de ganado, aunque el rol protagónico en esa actividad era de los Bonano.
Don José Bonano, junto a César Nasthas, con quien mantenía una relación comercial a través de Casa Butto, (negocio de comestibles creado en 1959), fundó en 1972 la empresa LEYDE. Sin embargo, debido a diferencias en la gestión financiera y a presuntas irregularidades, la sociedad fue disuelta. Hoy en día, LEYDE forma parte de Lácteos de Honduras S.A. (Lacthosa), la mayor empresa de productos lácteos del país, fundada por Schucry Kafie, un empresario vinculado al escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
A finales de los años 90, Saro Bonano incursionó en la política con el respaldo de Marcelino y Marco Antonio Ponce, quienes en ese momento eran considerados los “caciques” del Partido Liberal en Atlántida. Para 1998, tras el paso devastador del huracán Mitch, ya dirigía una empresa constructora (Empresa Constructora del Norte), la cual fue contratada para reconstruir el terraplén que conectaba el puente Saopin, severamente dañado por el desastre. Este proyecto marcaría el inicio de sus jugosos negocios con el Estado.
Aunque no existen registros oficiales, los habitantes de la ciudad de La Ceiba recuerdan que, para esa época, Bonano era diputado suplente durante el gobierno de Carlos Flores Facussé. En 2002, bajo la administración de Ricardo Maduro, alcanzó la titularidad como diputado. Posteriormente, durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), ocupó el cargo de Ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).
Cuando en 2009 ocurrió el golpe de Estado que derrocó al expresidente Zelaya, Bonano fue uno de los funcionarios que se mantuvo en su cargo, trasladando su lealtad al gobierno de facto de Roberto Micheletti y alineándose con el ala más conservadora del Partido Liberal.
Denuncias por irregularidades como funcionario público
Durante su gestión al frente de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), hoy conocida como Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIT), José Rosario Bonano fue señalado por presuntamente favorecer con contratos a grupos económicos del país. No obstante, de las diversas denuncias en su contra, solo una fue judicializada.
En 2015, Bonano enfrentó acusaciones de fraude y abuso de autoridad relacionadas con el proyecto de construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza-Marcala. Las irregularidades del proyecto se hicieron públicas tras un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a raíz de una auditoría.
Para evitar la prisión mientras se llevaba a cabo el proceso judicial, Bonano pagó una fianza de 13 millones de lempiras en los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán. El juez le impuso medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de firmar semanalmente en La Ceiba. Además, Bonano depositó cuatro millones de lempiras y ofreció una propiedad familiar valorada en nueve millones como garantía.
En 2017, el Tribunal de Sentencia lo absolvió de manera unánime de los cargos de fraude y abuso de autoridad, y dejó sin efecto las medidas impuestas, ya que el Ministerio Público no logró probar su participación en los delitos.
Sin embargo, en 2022, la Corte Suprema de Justicia ordenó la repetición del juicio oral y público, al admitir un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía Especial contra la Corrupción. A pesar de ello, no hay información sobre la realización de un nuevo juicio. Desde Radio Progreso consultamos sobre el proceso al vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, quien prometió dar detalles, pero hasta la fecha de esta publicación no ha dado ninguna respuesta.
Uno de los fuertes señalamientos contra Bonano es la malversación de fondos destinados al proyecto de la Cuarta Una. En declaraciones al programa televisivo 30/30, Enrique Flores Lanza, exsecretario de la presidencia en el gobierno de José Manuel Zelaya, afirmó que el dinero de este proyecto, que no se realizó por el golpe de Estado, fue distribuido entre representantes del gobierno en los 18 departamentos del país. En el caso de Atlántida, Bonano habría recibido 4 millones de lempiras para compartir con Oscar Flores, representante de esa región. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna rendición de cuentas sobre esos fondos.
Aquí cabe mencionar que Oscar Flores es considerado como el principal empleado o subordinado de Bonano. Actualmente Flores es suplente en el Congreso Nacional de Alejandro Matute, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), por Atlántida. Matute, además, es hijo del alcalde de San Francisco, Enrique Matute Meza, a quien en 2015 las autoridades le incautaron unas 18 propiedades ubicadas en los municipios de La Masica, El Porvenir y San Francisco. Durante la operación se decomisaron al menos 12 armas de fuego, 12 vehículos, 60,000 lempiras, una cantidad no especificada en dólares, un vehículo blindado y dos caballos peruanos. Además, se encontró una caleta vacía en la residencia del alcalde.
Públicamente se ha dado a conocer que la familia Matute, tras la captura de Gerardo Matute, hermano del alcalde de San Francisco, está vinculada a actividades ilícitas. A pesar de estas acusaciones, los Matutes siguen activos en la política y, en el proceso electoral de 2025, buscan reelegirse tanto a nivel municipal como en el Congreso. Además, se les considera aliados importantes de Saro en el departamento de Atlántida.
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La tierra como disputa de poder
A pesar que la familia Bonano disolvió de su sociedad en LEYDE, los negocios entre la familia Bonano y César Nasthas continúan, y uno de ellos está generando un grave impacto en la comunidad garífuna de Nueva Armenia, en Jutiapa, Atlántida.
Desde inicios de los años 90, esta comunidad ha sido desplazada de sus tierras ancestrales, primero por el enclave bananero y, actualmente, por el avance del monocultivo de palma aceitera. En este municipio, el negocio de la palma está dominado por la empresa Palma de Atlántida, cuya escritura pública de octubre de 1981 revela que sus principales socios eran José Bonano, César Nasthas, RexGough, Julián Fiallos, Francisco Vega Kawas y Reynaldo Canales.
Aunque Reynaldo Canales como don José Bonano han fallecido, la comunidad garífuna de Nueva Armenia denuncia que sus hijos, Nino Canales y el exministro Saro Bonano, continúan con las acciones para apropiarse de sus tierras.
Según denuncias de la comunidad, antes de finalizar 2024, fueron atacados por hombres armados que, habrían sido enviados por los empresarios que reclaman la propiedad del territorio. Además, los líderes comunitarios han señalado intentos de sobornos millonarios por parte de estos empresarios palmeros para forzar la cesión de las tierras.
El mapa ancestral en posesión de la comunidad de Nueva Armenia muestra que esta posee 1,600 hectáreas. Sin embargo, en 1979, el Instituto Nacional Agrario (INA) otorgó un título a favor de los garífunas por tan solo 300 hectáreas, de las cuales, hoy en día, solo 50 hectáreas permanecen en manos de la comunidad.
Mabel Ávila, lideresa garífuna, denunció que en un intento por resolver la situación de violencia que afecta a su comunidad, se intentó establecer diálogo con los empresarios palmeros, entre ellos Bonano. Sin embargo, en lugar de buscar una solución pacífica, estos intentaron sobornar a los líderes comunitarios y pusieron precio a sus cabezas, especialmente a la de Mabel, actual presidenta del patronato y del Comité de Recuperación de Tierras.
Hurgando en la Basura de Radio Progreso investigó otras propiedades vinculadas a Saro Bonano y encontró, en el portal del Instituto de la Propiedad, dos ubicadas en el casco urbano del municipio de La Masica. Una de ellas tiene un tamaño equivalente a 70 canchas de fútbol y la otra a aproximadamente 40 canchas. No hay información sobre cómo fueron adquiridas, ni se puede acceder a la escritura pública. Sin embargo, es notable que ambas propiedades fueron digitalizadas en marzo de 2006, justo el año en que Bonano comenzó su trabajo como ministro de SOPTRAVI.
Desde su destacada labor comunitaria hasta su involucramiento en la política y controversias legales, Saro Bonano ha pasado de ser un ingeniero sociable y comprometido con el bienestar de su comunidad, a convertirse en una figura asociada con presuntas irregularidades, acusaciones de fraude y abuso de autoridad, y conflictos relacionados con la malversación de fondos públicos y el despojo de tierras a comunidades garífunas.
Hoy, Bonano se presenta en el proceso electoral de 2025 como aspirante a diputado por el departamento de Atlántida por el movimiento del precandidato liberal, Jorge Cálix, el tránsfuga calculador que busca la presidencia.
Ante este escenario hondureño de un proceso electoral con las mismas reglas del juego, y con precandidatos y candidatas que ratifican continuar cada cuatro años con su campaña electoral, Radio Progreso comparte el Especial: Hurgando en la basura, con el objetivo de remover y recordar a la población hondureña algunos actos reñidos con la ley, los conflictos, vínculos dudosos y promesas incumplidas, cometidos por personajes políticos que aspiran nuevamente a un cargo de elección popular.
Este especial tendrá su lupa en algunos perfiles que generan mayor cuestionamiento en los tres partidos políticos que van a la contienda de las elecciones primarias: Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, y Partido Liberal. Desde diputaciones que llevan más de un período en los curules, hasta quienes han hecho un reinado en las alcaldías y, por supuesto, los perfiles de quienes buscan la candidatura oficial de su partido a la presidencia de Honduras.
