Mientras las promesas de poner fin a la conflictividad agraria en el Valle del Aguán no se cumplen, las balas siguen sonando entre las cooperativas campesinas, las familias entierran a sus seres queridos y los responsables —intelectuales o materiales— permanecen en las sombras.
La verdad, la justicia y la tierra son palabras que aún no han echado raíz en el Valle del Aguán.
El dolor se ha vuelto una presencia constante en la familia Rivas. En apenas dos años, cuatro de sus miembros —dos hermanos y sus hijos— han sido asesinados con violencia brutal en el Valle del Aguán, una región donde el conflicto por la tierra se ha enquistado desde hace más de tres décadas.
Ramón y Juan Carlos Rivas madrugaron aquel jueves 17 de julio, como se hace en el campo. Era un día más de faena. Ramón era socio de la Cooperativa La Confianza; su hijo Juan Carlos, trabajaba en la Cooperativa Gregorio Chávez. Apenas salieron de casa, bajo la mirada de varios vecinos, un vehículo se detuvo cerca. De él bajaron sicarios que abrieron fuego sin decir palabra. Padre e hijo murieron allí mismo, en la calle de tierra que tantas veces habían caminado rumbo al trabajo.
No era la primera vez que la tragedia golpeaba a la familia. Dos años antes, Hipólito Rivas —hermano de Ramón— y su hijo fueron abatidos cuando se dirigían al campo, también a plena luz del día.
“El dolor es inmenso. Aquí en el Aguán estamos desprotegidos, el gobierno nos ha dejado solos. Imagínese, los mataron frente a todos, sin miedo. Es un mensaje claro, aquí mandan ellos, y la vida del campesino no vale nada”, lamenta un miembro de la familia Rivas, que pide mantener el anonimato por miedo a represalias.
La región del Aguán se ha convertido en uno de los epicentros más sangrientos del conflicto agrario en Honduras. Desde la llegada del nuevo gobierno, ya se contabilizan al menos 17 asesinatos de campesinos. A pesar de la gravedad, no hay información oficial sobre avances en las investigaciones. Jaime Adalid Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, asegura que ni la familia de las víctimas ni su organización han recibido comunicación alguna por parte del Ministerio Público.
“Después del asesinato de Ramón y Juan Carlos, no hemos tenido contacto con el Instituto Nacional Agrario. Estamos preocupados. Pensábamos que tras los acuerdos de 2022 dejaríamos de contar muertos. Pero no. La sangre que sigue corriendo es la de los campesinos. Hemos apostado al diálogo, hemos asistido a reuniones interminables, agotadoras… ¿Para qué? No hay respuestas, no hay justicia. Solo queremos saber quién está detrás de estos crímenes y que se aplique la ley”, denuncia Cabrera.
Uno de los compromisos firmados en aquel acuerdo de febrero de 2022 —una promesa de 15 puntos que buscaba encauzar una salida al conflicto agrario— era la creación de una Comisión de la Verdad. Su tarea era la de esclarecer más de 200 asesinatos de campesinos registrados en la última década en el departamento de Colón. Pero la comisión, hasta hoy, no existe.
“Jamás se instaló. Y eso dice mucho. Dice que no hay voluntad política, que los acuerdos firmados hace tres años se están quedando en papel mojado”, concluye el coordinador de la Plataforma Agraria.
Mientras tanto, en el Aguán, los campesinos siguen enterrando a los suyos. Y el silencio del Estado pesa tanto como las balas.
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El asesinato de Ramón y Juan Carlos Rivas no es solo otra tragedia en la larga lista de muertos del Aguán. Para analistas y defensores de derechos humanos, representa el fracaso más contundente del Estado hondureño —y, en particular del gobierno de Xiomara Castro— en uno de los compromisos centrales del acuerdo agrario firmado hace más de tres años: frenar la violencia contra el campesinado y esclarecer sus causas.
Entre los puntos clave del acuerdo de 2022 figuraba la creación de una Comisión de la Verdad que investigara a fondo los crímenes cometidos en la región. No solo los ejecutados por actores ilegales, sino también aquellos en los que hay señales de responsabilidad institucional: funcionarios, fuerzas de seguridad, operadores de justicia, entre otros.
Esa comisión jamás se instaló
El abogado Joaquín Mejía, experto en derechos humanos y uno de los juristas propuestos por las organizaciones campesinas para integrar la Comisión de la Verdad, acompañó durante más de dos años el proceso. Desde su experiencia, lo ocurrido no es casualidad es una muestra clara de la falta de voluntad política para enfrentar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el Aguán.
“El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen una deuda histórica con esta región y con el país”, afirma Mejía. “No se trata solo de falta de recursos. Hay estructuras internas que siguen intactas, gente vinculada al crimen organizado, lo que demuestra por qué es urgente un mecanismo internacional que acompañe la depuración de estas instituciones”.
Mejía retoma una de las recomendaciones planteadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2013, la necesidad de crear una comisión contra la corrupción que actúe no solo como veedora, sino como herramienta activa en la reconstrucción del Estado de derecho. “Honduras necesita una institucionalidad fuerte, que funcione sin tener que depender de organismos externos. Pero, por ahora, sigue siendo necesaria esa instancia internacional. No hemos sido capaces de sanear nuestras estructuras desde adentro”.
La lógica del borrón y cuenta nueva, dice Mejía, ha saboteado toda posibilidad de continuidad institucional. “Aquí cada gobierno que entra borra todo lo del anterior. No hay políticas de Estado, solo políticas de partido. Y mientras tanto, seguimos contando muertos”.
Tras el doble crimen de los Rivas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reiteró su apoyo a la creación de la Comisión de la Verdad para el Bajo Aguán. La consideró “una herramienta esencial” para iniciar procesos de esclarecimiento, reparación y justicia. Pero su implementación depende aún de la firma del decreto ejecutivo PCM, que permanece estancado en la Presidencia de la República.
La violencia que sacude al Valle del Aguán no es nueva. Diversos actores en Honduras coinciden que la violencia en el Aguán tiene como génesis la disputa histórica de la tenencia de la tierra y la falta de seguridad jurídica sobre la misma; además de la presencia del crimen organizado y el control territorial que ejerce, lo que mantiene los altos niveles de impunidad y la poca investigación respecto de los crímenes cometidos en contra de las personas que están directa o indirectamente involucradas en el conflicto.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, género, política y sociedad.
