«Las mujeres corren con sus hijos en la cintura, mientras se escuchan gritos de angustia. Las balas no se detienen, y las detonaciones de los fusiles M60 retumban en el aire. En ese momento, nadie tiene garantías de nada; todos deben huir para salvar sus vidas». Así describe Santos Roberto Pérez, presidente de la Cooperativa Tranvío, los recientes ataques perpetrados por grupos armados vinculados a empresarios agroindustriales en el municipio de Tocoa, Colón.
La Cooperativa Tranvío, que agrupa a unas 125 familias, es una de las firmantes del acuerdo entre la Plataforma Agraria y el Gobierno de Xiomara Castro, firmado el 22 de febrero de 2022, con el objetivo de poner fin al conflicto agrario. Sin embargo, casi tres años después de esa firma, la situación ha empeorado. Las cooperativas siguen siendo blanco de ataques, mientras las autoridades policiales permanecen inoperantes, según relató Santos Pérez durante el reciente foro organizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), titulado «Emergencia en el Aguán».
El denominado grupo “Los Cachos”, según denuncias de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, está compuesto por hombres armados que residen en la comunidad Quebrada de Arena. Estos individuos estarían recibiendo pagos de empresarios agroindustriales para desalojar de sus tierras a las familias de las Cooperativas Tranvío, El Chile y Camarón. “Es una lluvia de balas lo que vivimos constantemente. Las propias familias nos dicen que viven en zozobra, con un miedo generalizado en la zona. Pero somos claros, no nos vamos a salir de estas tierras, porque son nuestras y no tenemos adónde ir. Lo único que nos queda es morir en esta trinchera”, lamenta Santos Pérez.
Además de relatar el peligro constante al que se enfrentan, las comunidades denuncian la inoperancia o incluso la complicidad de las autoridades policiales frente a estos ataques. “En varias ocasiones, los policías nos dicen que no pueden hacer nada porque no tienen una orden. -Ni siquiera a nosotros nos respetan-. Allí solo encontrarán la muerte, como si les estuvieran permitiendo actuar de manera impune en la zona”, aseguró Santos.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), una de las organizaciones firmantes del acuerdo con el gobierno en 2022, expresó en el mismo foro que la conflictividad en el Aguán ha sido impuesta, ya que la zona fue declarada para fines de reforma agraria a inicios de la década de los 70. Incluso, fue incluida en las leyes que se crearon para la distribución de tierras en Honduras, donde se prohibió la existencia de latifundios en favor de grupos oligárquicos.
“Hay mucha violencia y engaño. Las tierras del Aguán son para reforma agraria. Fue en los años 90 cuando varias cooperativas fueron desalojadas ilegalmente. En estos últimos años, el Aguán ha experimentado picos elevados de violencia. Hay intereses de empresarios que buscan despojar a los verdaderos dueños de las tierras. Actualmente, el conflicto está siendo generado por el grupo ‘Los Cachos’, que responde a los intereses de los agroindustriales, específicamente a la empresa DINAT, a pesar de estar violando los acuerdos firmados con el gobierno”, declaró Banegas.
Banegas también mencionó que un claro ejemplo de los abusos cometidos por los agroindustriales es que las instalaciones de la empresa DINAT están ubicadas dentro de las tierras de la cooperativa El Chile, lo que ha agravado aún más el conflicto.
En febrero de 2022, el gobierno firmó un acuerdo que consta de 15 puntos para resolver la crisis agraria en el Valle del Aguán. Uno de estos puntos establece la creación de una comisión de la verdad que debe esclarecer los más de 200 asesinatos de campesinos ocurridos en la última década. “Lo lamentable es que, aunque el gobierno ha implementado algunas acciones dentro de este convenio, no se han concretado. No sabemos dónde está el cuello de botella para que cada uno de los puntos del acuerdo que firmamos las partes se lleve a cabo”, lamentó la dirigente.
Esly Banegas también destacó que, a lo largo de los años, la presidenta Xiomara Castro no los ha recibido. “En 2023 fuimos a Casa Presidencial, nos prometió una reunión, pero al final no nos recibió. En septiembre de 2024 realizamos grandes movilizaciones en Tegucigalpa, pero tampoco nos atendió. Es una pena que esté escuchando a los sectores agroindustriales y grandes terratenientes, pero no a los campesinos y campesinas. El convenio está, pero no hay voluntad política”, señaló.
El conflicto de tierras en el Bajo Aguán es de carácter histórico. Para comprender los hechos recientes, es necesario analizar las diferentes etapas del conflicto. La primera fue la Reforma Agraria entre 1972 y 1977; la segunda, la contrarreforma agraria y la reconcentración de tierras. En la década de los 90, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas impulsó un cambio drástico en las prioridades estatales y en las políticas públicas, consolidando el modelo neoliberal con la aprobación de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto Legislativo #19-90). Esta ley desmanteló las funciones sociales del Estado, promovió la liberalización económica en favor del sector privado y facilitó la privatización de empresas y servicios públicos. Finalmente, la etapa más reciente está marcada por el extractivismo agroexportador, la palma africana y el narcotráfico.
En la década de los 90, se consolidó y expandió el modelo agroexportador con una lógica extractiva, centrada en cultivos como la palma africana y la caña de azúcar, asociados a la producción de biocombustibles, específicamente biodiesel y etanol, revela informa de CESPAD, El Bajo Aguán y una declaratoria de emergencia que el gobierno de Castro desatiende.
Esly Banegas recordó al gobierno de Xiomara Castro que tiene la responsabilidad de atender la emergencia en la región y que el acuerdo firmado es el marco para ello. “Ella se comprometió a proteger a 13 cooperativas campesinas contra desalojos, a investigar los mecanismos de despojo de tierras de reforma agraria, y a instalar la Comisión Tripartita para investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la conflictividad, así como establecer mecanismos de no repetición. Nada de esto ha ocurrido. Presidenta Castro, la región del Aguán necesita que se cumpla el convenio”, afirmó la coordinadora de COPA.
Al finalizar, Santos Pérez indicó que lo que ocurre en el Aguán no es como lo están difundiendo los medios de comunicación. No se trata de un enfrentamiento entre campesinos, sino que esa narrativa, aseguró, también responde a los intereses de los empresarios. “Lo que estamos viviendo en esta zona es que, bajo las amenazas de los fusiles, intentan sacarnos de nuestras tierras. No somos invasores, somos los legítimos dueños. Ahora que las tierras están producidas y que tenemos proyectos alternativos de vida, intentan robárnoslas para seguir matando la tierra con el monocultivo de la palma africana”, expresó.
