¿Cómo no llamarles criminales?

La actuación de la Policía Nacional y de la Policía Militar ante las recientes manifestaciones en contra de la privatización de la salud y educación pública refleja un patrón sistemático que no ha cambiado ni con la nueva currícula ni con el tan publicitado proceso de depuración.

Durante el golpe de Estado, durante las manifestaciones de las antorchas, durante las manifestaciones a favor de la democracia y contra el fraude electoral, y durante las manifestaciones de reivindicación de cualquier derecho, policías y militares siempre actúan al margen de la ley.

Por ello, organizaciones como Amnistía Internacional calificó de brutales las represiones en el país y cuestionó el papel vergonzoso de las fuerzas de seguridad pública que, en vez de garantizar los derechos de la población, hacen uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de armas letales.

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras manifestó “su preocupación por el gran uso de gases lacrimógenos y de incidentes reportados de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad”.

Estas actuaciones violentan las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos que obligan al régimen orlandista a garantizar el derecho de protesta pacífica y a la libertad de expresión, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar lesiones y muertes.

Cuando los agentes policiales y militares reprimen violentamente, usan sus armas de fuego contra la población desarmada y utilizan indiscriminadamente la fuerza bruta, violan la Constitución, los tratados internacionales y las demás leyes de la república.

Por tanto, ¿cómo se le llama a quienes violan las leyes y cometen delitos? Criminales. Y también son criminales aquellos que dejan pasar el delito y no realizan una investigación de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva.