Guapinol y los tres cercos

Once hombres y una mujer –más uno que ya había sido capturado — están siendo judicializados por su incesante lucha en defensa del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, ubicados en la margen derecha del Río Aguán en la zona del Bajo Aguán en el departamento de Colón, en el noreste del atlántico hondureño.

Esta acción jurídica es parte intrínseca del modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la privatización de los bienes y servicios públicos, bajo la modalidad de concesiones por parte del Estado a las transnacionales en asocio con empresas nacionales y con instituciones y funcionarios públicos. Este modelo se confronta con las comunidades que se resisten y rebelan en contra de las empresas explotadoras y acusan al Estado de violar las leyes para favorecer las inversiones empresariales a costa de amenazar los bienes, los territorios y la vida de las familias que conforman las comunidades.

¿Quién tiene la responsabilidad de sostener y proteger este modelo extractivista y privatizador de los bienes y servicios comunes y públicos? La respuesta es irrefutable: la responsabilidad radica en la institucionalidad del Estado a través del gobierno que formalmente se expresa en los tres poderes del Estado, los cuales, en el caso hondureño, quedan subsumidos en el único poder dictatorial del Titular del Ejecutivo.

¿Y a través de qué instancias, el Titular del Ejecutivo sostiene y protege el actual modelo extractivista? Existen al menos tres instancias, “Cercos” preferimos llamarles, que en un único amasijo de poder político indivisible, tienen como oficio sostener y proteger los capitales de los grandes empresarios nacionales y transnacionales.

El primer Cerco es el militar policial que acentúa la represión bruta directa, conforma poderosos contingentes armados para desarticular protestas y movilizaciones. El segundo Cerca es el mediático que acentúa la estigmatización de los manifestantes para divulgarlos como enemigos del desarrollo, promotores de violencia, revoltosos, terroristas y “politizados”. Mientras los contingentes armados atacan y reprimen las protestas, simultáneamente los medios transmiten la peligrosidad que representa para el país y la sociedad los manifestantes y sus líderes.

El tercer Cerco es el jurídico que acentúa la criminalización y judicialización de todos aquellos líderes que los contingentes armados han reprimido y que los medios han estigmatizado. Este Cerco jurídico usa la ley para disuadir las protestas, judicializar y encarcelar líderes para descabezar y debilitar las organizaciones y sentar precedentes para que la población y sus líderes vean lo que les espera a quienes protesten.

La comunidad, las organizaciones y los organismos de ddhh han de ser conscientes de estos tres cercos y sus íntimas vinculaciones para aniquilar la oposición y las protestas ambientales y defensores de ddhh, y han de prepararse para resistir y rebelarse con eficacia. Porque en estos tiempos de macabros Cercos contra el pueblo en libertad, salvar vidas es la mínima, divina y fundamental tarea política hondureña.