La elección del Fiscal General y el conflicto de intereses

Primero, en la Junta Proponente se permitió que se incorporara una representante de sociedad civil que está impedida por una sentencia que declaró inconstitucional el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, el cual había sido reformado en 2013 para incluir a un sector de sociedad civil en dicha junta, pero marginando a otro sector importante de la sociedad.

Segundo, el presidente de la Junta Proponente es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y su asistente personal, Hermes Moncada, es un candidato que, a menos que pase algo extraordinario, estará en la lista final que será enviada al Congreso Nacional. A pesar de este conflicto de intereses, el señor Argueta ha participado en todo el proceso de evaluación de su asistente.

Tercero, por el caso la “Caja de Pandora” la UFECIC-MACCIH acusó por corrupción a decenas de diputadas y diputados, y lamentablemente son los mismos que participarán en la elección del Fiscal General y su Adjunto, lo cual a todas luces implica un conflicto de intereses, ya que los investigados serán quienes escogerán a quien los investiga.

Como bien lo señala el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, es preocupante que algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinará los antecedentes de las candidatas y candidatos a fiscal hayan sido cuestionados públicamente y procesados por corrupción.

Y en este marullo de conflictos de intereses ya se perfilan tres candidaturas que aparentemente alegrarán a más de un corrupto: Abraham Alvarenga, quien ha sido abogado personal del presidente de facto Juan Orlando Hernández; Mayra Aguilera, promocionada por Mauricio Oliva y Mario Pérez; y Hermes Moncada, asistente personal de Rolando Argueta.

Si la ciudadanía no despierta de su doloroso letargo, el panorama se intuye nada alentador para la lucha contra la impunidad y tampoco para los liderazgos de Luis Javier Santos y Juan Carlos Griffin de la UFECIC, quienes, junto a Gabriela Castellanos y Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción, han emprendido una batalla titánica contra el cáncer de la corrupción.