| Martes, 10 febrero 2026 |  |
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Una defensa a la neutralidad del Estado
Desde 1880, las constituciones hondureñas han garantizado la laicidad del Estado y de la educación pública. Laicidad implica neutralidad de las instituciones públicas frente a la diversidad de creencias que hay en el país para garantizar que todas ellas puedan desarrollarse plenamente.
La propia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara al señalar que ninguna iglesia ni confesión religiosa es ni será oficial y que ninguna puede tener preeminencia sobre otra porque todas las personas, crean o no crean, somos iguales en dignidad y derechos.
Imponer la lectura obligatoria de la Biblia en las aulas no es un gesto inocente ni pedagógico; es un acto de imposición religiosa que viola la libertad de conciencia, discrimina a quienes no comparten esa fe y violenta nuestro marco constitucional que protege la pluralidad.
Defender el Estado laico no es ir contra la fe de nadie; es impedir que una sola fe se convierta en vara de medir la ciudadanía. Es cuidar que católicos, evangélicos, musulmanes, judíos y otras religiones históricas y nuevas, así como agnósticos y ateos, tengan el mismo lugar ante la ley y en la escuela.
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