Para este 2017, las proyecciones de la Comisión de Ayuda a Refugiados en México proyecta que las solicitudes de refugio llegarán a las 22 mil, casi tres veces más que la recibidas el año 2016, donde se registraron 8 mil 781.

Los migrantes y personas refugiadas en México enfrentan múltiples y graves violaciones a los derechos humanos. Situación que preocupa porque en los últimos años el flujo migratorio incrementó en más de mil por ciento (2012-2016), lo que implica que México ha pasado de ser un país de tránsito a uno de destino.

Estos datos fueron brindados a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en una audiencia que se celebró en el marco del 161 periodo de sesiones, que destinó  un espacio para analizar el impacto del refugio en la región.

Rita Marcela Robles en representación del Centro de Derechos Fray Matías Córdova, junto a una veintena de organizaciones de migrantes en México denunciaron la grave crisis de refugiados y de otras personas con necesidad de protección internacional.

El Centro Fray Matías de Córdova es un organismo civil de derechos humanos que trabaja en la región del Soconusco desde la Ciudad de Tapachula, Chiapas, la organización inició sus actividades a mediados de 1994, y desde entonces acompaña a sectores vulnerables de la población nacional o extranjera.

En su participación Rita Marcela aseguró que, el año 2016 más del 90 por ciento de las solicitudes de refugio en México eran de personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integral el denominado triángulo norte de Centroamérica, donde la violencia estructural impide que la ciudadanía acceda a derechos fundamentales como el trabajo, educación, salud, vivienda, entre otros, obligándolos a salir de sus países y buscar protección en otras naciones.

Se dejó claro en la audiencia que en ese contexto de violencia estructural de la región, las personas que son mayormente afectadas son los niños, niñas, víctimas de la extorsión, mujeres, testigos de crímenes y comunidad LGTBI.

 Antecedentes 

México aprobó reformas que regulan el asilo político en 2014. Con las reformas a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se legaliza el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria; además de establecer las bases para atender a los solicitantes y asistir a los asilados y refugiados.

A través de esta legislación la Cancillería es la encargada de orientar a los solicitantes de asilo político y asilados sobre sus derechos y obligaciones, tener un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados y resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo.

Falla en la implementación 

En la audiencia ante la CIDH, las organizaciones dejaron claro que desde el gobierno mexicano hay una serie de fallas al momento de implementar la Ley de Refugiados, lo que expone la vida de personas y familias que huyen esperando recibir asistencia humanitaria.

Javier Martínez Hernández  de la Casa del Migrante El Saltillo, dijo que desde el gobierno hay acciones que no van a favor de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados.

“En teoría las personas pueden presentar su solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado de forma escrita y oral, pero en la práctica nos encontramos que el Instituto Nacional de Migración solamente recibe las solicitudes por escrito, nunca de forma oral”, denuncia Martínez.

Agregó que no hay agilidad para atender a mujeres embarazas, niños y niñas, víctimas de tortura, entre otros, a pesar que la ley los ampara. “No se hacen gestiones para ayudar en todo el proceso. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado incumple su obligación dejando esa responsabilidad únicamente a las organizaciones de sociedad civil que son las que terminamos haciendo las gestiones, cuando la institucionalidad debería de actuar de oficio”.

Otra de las irregularidades es que con los solicitantes que se encuentren en estaciones migratorias, los centro de detención en el estado mexicano, se debe valorar las medidas que mejor favorezcan a los solicitantes, y en el caso de niños y niñas no acompañadas se debe determinar su interés superior, pero en la práctica las personas quedan privados de su libertad en los centros de detención irrespetando el procedimiento que plantea la ley.

Las organizaciones dejaron claro ante los comisionados de CIDH que en México no existe una política de integración de las personas refugiadas, ellos son obligados a vivir en situaciones de precariedad durante años ante la omisión estatal que no está promoviendo condiciones de igualdad reales y efectivas.

La invisibilización del problema por parte del gobierno condena a los refugiados a vivir en la clandestinidad. Ante tantos vacíos reanudar la vida para un refugiado significa un reto enorme, eso frente a un Estado que denuncia la violencia en contra de sus ciudadanos pero que es incoherente con la práctica del ejemplo”, manifestaron las organizaciones de derechos humanos que demandan respuesta del gobierno mexicano, pero también de los Estado centroamericano donde su gente está  huyendo para proteger sus vidas.