En varias ciudades del mundo, las organizaciones se juntaron para reclamar justicia a tres meses del crimen de la ambientalista y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres.
Alemania, Argentina, Austrias, Canadá, La Ceiba, Colombia, Costa Rica, San Pedro Sula, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Italia, Londres, Madrid, Mallorga, México, Montreal, Nicaragua, Nueva York, Perú, Tegucigalpa, Valencia, Washington y otras ciudades más se unieron el pasado 15 de junio al día de acción mundial de justicia para Cáceres.
“Estamos aquí para convocar un día internacional por el pedido de justicia y de una comisión investigadora independiente para el crimen que se cometió contra Berta Cáceres”, así lo dijo Nora Cortiña de las Madre de la Plaza de Mayo en Argentina.
Exigencia de justicia
Desde los distintos territorios Lencas, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh se movilizó hasta la capital, Tegucigalpa, para demandar que el asesinato de Berta Cáceres no quede en la impunidad, como tantos otros en este país.
Mediante un comunicado el Copinh dijo: “El esclarecimiento de quienes perpetraron tanto material como intelectualmente este crimen, debe ser el símbolo que ponga fin a la violencia e impunidad bajo la que operan los bancos, empresas privadas, ejércitos y gobiernos asesinos.
No podemos seguir viendo como la sangre, dentro de lo mejor de nuestra Honduras, se esparce por las calles y quedarnos calladas y callados. No confiamos en la institucionalidad que tienen en sus manos la investigación de este crimen, porque es la misma que persiguió, criminalizó, judicializó y que sigue obstaculizando la participación activa de las víctimas”.
La familia de Berta junto a los miembros del Copinh, llegaron hasta las cercanías de una Casa Presidencial militarizada y sin apertura a dar respuestas a sus reclamos y demandas.
Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta, dijo que la única forma que se garantice que todos los responsables del crimen paguen, es a través de la conformación de una comisión internacional independiente, que ya ofreció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para investigar el crimen.
“El gobierno sigue sin dar respuestas, sigue haciéndose de oídos sordos ante el clamor del pueblo hondureño, de la familia y del COPINH”, agregó Zúniga.
En el marco del día de la solidaridad internacionalista, la familia y los miembros del Copinh, exigieron que se elimine cualquier tipo de concesión sobre el Río Gualcarque, en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en especial la dada a la empresa Desarrollos Energéticos, Desa y su proyecto Agua Zarca.
Solidaridad entre pueblos
El pueblo garífuna se sumó para exigir la aplicación de justicia en el caso del asesinato de la luchadora Berta Cáceres, la que fue asesinada por defender los derechos del pueblo indígena Lenca, y su resistencia en contra del capitalismo patriarcal y neoliberal, que viene saqueando el planeta.
“El arresto de ejecutivos de la empresa Desa -constructora de la hidroeléctrica Agua Zarca- y de militares, entre ellos un mayor instructor de la policía militar, sin que hasta la fecha se hayan presentado los autores intelectuales, demuestra que este caso es un crimen de Estado. Es inconcebible que un militar activo de alto rango haya actuado sin el consentimiento de los altos mandos, los que hasta la fecha se han sumado al silencio.
Berta Cáceres murió por la defensa de los bienes comunes de los pueblos indígenas del planeta, los que cada día nos vemos acosados por la ofensiva existente para apropiarse de nuestros territorios y recursos. Berta luchó para lograr el respeto a la Consulta, Previa, Libre e Informada, en el caso del rio Gualcarque y la represa Agua Zarca. Sin embargo, su lucha abarcó de forma solidaria las causas de todos los pueblos indígenas del país y del mundo”, dijo en un comunicado la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Desde la Ofraneh aprovechó el espacio para solidarse con la comunidad de Sambo Creek, “la que sufre la embestida de la Municipalidad de La Ceiba y el SANAA para apoderarse del río Cuyamel, con el propósito de construir una hidroeléctrica y supuestamente un acueducto.
Ante el colapso jurídico y político por el que atraviesa Honduras, los garífunas exigimos la restitución inmediata del Estado de derecho, el que ha sido destruido de forma alevosa para permitir el saqueo económico y destrucción del tejido social de Honduras”.
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Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, recordó a las autoridades del gobierno y de investigación su derecho como familia a conocer los avances de la investigación, pero además demandó la salida inmediata y la cancelación total permiso de operación de la Empresa de Desarrollo Energético S.A. –DESA- en el Río Gualcarque.
En un escenario distinto al de una casa presidencial armada de militares y policías, la ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, acompañada de la madre de Berta Cáceres, manifestó que internacionalmente demandarán la llegada inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañada de un grupo de investigadores.
“Para nosotros es muy importe que la CIDH que se comprometa y que no se siente simplemente a esperar a que el gobierno le permita entrar, porque esa no es su tarea, su tarea es velar por los derechos humanos de la gente estén donde estén, en América Latina y el Caribe, y por eso nosotros también vamos a empujar”
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