La alerta se encendió. El cobro de peaje está a la vuelta de la esquina. La empresa concesionaria inició con las pruebas de cobro a la ciudadanía que diariamente transita por la autopista que une a El Progreso, Yoro con San Pedro Sula, Cortés. A los conductores se le entregó el recibo del peaje y se le habló del supuesto beneficio que éste trae a la sociedad.

Sin embargo, la acción emprendida por la empresa concesionaria Autopistas del Atlántico S.A ADASA, hizo que el rechazo ciudadano incrementara y que las autoridades municipales de San Manuel se apersonaran a la construcción para clausurarla por no contar con permisos municipales de construcción y operación.

El pasado miércoles 15 de junio de este 2016, las personas volvieron a las calles para realizar un plantón frente al peaje,  a pesar de las últimas tres represiones brutales recibidas por las fuerzas de seguridad del Estado. En esta ocasión, la presencia policial y militar incrementó junto al número de bombas lacrimógenas y gas pimienta para reprimir cualquier acercamiento de la población hacia las casetas.

Para la ciudadanía que se opone al peaje, los argumentos son claros: su construcción no fue consultada, sin embargo, es ella quien pagará diariamente. No se ha construido ninguna vía alterna, tal como manda el derecho a la libre locomoción. Y por último, esa carretera fue construida con los impuestos de toda la sociedad hace muchos años y la empresa no ha invertido ni un centavo.

Violentan la libre circulación

El artículo 81 de la Constitución de la Republica dice que toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Con la instalación de peajes se violenta este derecho, se obliga a la gente a pagar por circular, sin la construcción de una vía alterna.

Los peajes ubicados en la carretera CA.5, que va de la zona norte a Tegucigalpa y que forman parte del “Corredor Logístico”, no se cuenta con vías alternas. Según denuncias de los habitantes del municipio de Siguatepeque, Comayagua, una vía alterna que tenía la población fue bloqueada por la empresa.

No cuentan con permiso municipal

Por no contar con ningún permiso, el alcalde del municipio de San Manuel, Cortés, Arturo Castro, detuvo esta semana el inicio del proceso de cobro en las casetas de peaje. Castro aseguró que no van a permitir que la población de su municipio pague dicho impuesto.

El jefe edilicio llegó acompañado de miembros de su comuna y procedió a colocar los sellos de clausura correspondiente. “Hemos conversado con el ministro de Insep, Roberto Ordonez, él sabe muy bien que esta empresa no cuenta con permisos municipales y que todo este trabajo es ilegal”, aseguró el alcalde en una entrevista brindada a Radio Progreso.

Se construye en carreteras ya pagadas por el pueblo

Jari Dixon Herrera diputado del Congreso Nacional,  señala que la instalación de los peajes es un acto de corrupción, ya que se han entregado las carreteras construidas a las empresas para que cobren sin invertir ni un centavo.

Lo mismo ha sucede con la carretera CA5 que une la zona central con la norte y ahora con el Corredor Seco. Para nadie es desconocido que esa carretera se construyó con fondos de la Cuenta del Milenio y ahora instalan tres casetas de peaje que cobran lo que la empresa no construyó.

Violentan los derechos económicos

En la ciudad de El Progreso, Yoro, algunos sectores empresariales comienzan a hacer cuentas y a pronosticar incrementos en el valor de los productos de consumo popular y el transporte. Acciones que vendrán agudizar la precaria situación económica de la población, atentando contra la seguridad alimentaria.

La mayoría de los productos que consume la ciudadanía del Valle de Sula y alrededores, se concentran en San Pedro Sula para su distribución a otros municipios, como es el caso de El Progreso, Yoro, donde el 90 por ciento de los productos que se consumen, según los empresarios, son traslados desde la capital industrial.

No se realizó una consulta ciudadana

Ninguna autoridad puede tomar decisiones que afecten a toda la población sin una consulta previa, libre e informada. La instalación de las casetas de peaje no se consultó con la ciudadanía que diariamente tendrá que pagar el impacto económico que el peaje traerá.

En las recientes movilizaciones en rechazo a las medidas impositivas que atentan contra la vida de la gente, la policía sigue mostrándose agresiva y represiva. Pegada a los intereses de los grupos de poder, a pesar que su lema es servir y proteger.

Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, dice que la respuesta del gobierno ante el reclamo ciudadano es violenta, reprime y vulnera los derechos ciudadanos a la protesta, libre circulación y seguridad alimentaria, ya que el cobro de peaje agudizará más la precaria economía hondureña.

Las acciones de protesta continúan. La población indignada sigue auto convocándose hasta lograr que las casetas de peaje en San Manuel se cancelen o que se construya una vía alterna, como el inicio del rechazo nacional a este nuevo impuesto.