Los temores de las comunidades de la parte baja del sector Pajuiles en el municipio de Tela, Atlántida se convirtieron en realidad. El empresario Jason Hawit no está dispuesto a mantener más tiempo su proyecto paralizado. Él es parte de una de las familias más poderosas de la ciudad de El Progreso, Yoro, incluso del país. Varios de sus hermanos, tíos y primos, además de los potentes negocios con que cuentan, han sido funcionarios públicos en varias administraciones nacionalistas.

Jason Hawit Bueso es el actual presidente de Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. HIDROCEP, una empresa que construye una represa sobre las aguas del río Mezapa, fuente que abastece a comunidades de los departamentos de Yoro y Atlántida en la zona norte de Honduras.

Desde que el empresario anunció la construcción de la hidroeléctrica, avalado por la alcaldía de Tela, las comunidades se organizaron para defender su fuente de agua. Denuncian que el proceso de adquisición de permisos se dio de forma irregular, incluso dicen que se manipuló un cabildo abierto donde el alcalde Mario Fuentes dio el espaldarazo para iniciar con la construcción.

Las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-MADJ- han denunciado ante las autoridades ambientales y de justicia, hasta ahora sus reclamos no tienen eco.

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Ante el silencio avalador que las autoridades locales y nacionales mantienen, los pobladores y pobladoras decidieron tomarse los dos puntos de acceso a la zona donde la empresa construye la hidroeléctrica. Tomaron una cadena y armaron turnos de vigilancia para evitar el paso de volquetas y cualquier otra maquinaria que lleve material para seguir labrando el río como parte del proceso de construcción de la presa.

La toma lleva 39 días. Las presiones y agresiones siempre han estado para los pobladores y pobladoras, ya que la empresa se encargó de dividir las comunidades. A diario llegan pobladores del mismo sector amenazando a quienes mantienen la toma, diciendo que van a pagar por detener el desarrollo del sector.

Esta semana, cuando la toma cumplía 37 días la empresa mandó las volquetas con la intención de subir el material, ante la negativa de las comunidades de no permitir su paso, decidieron instalarse frente al campamento, lo que ahora mantiene un ambiente de tensión, hostigamiento y amenazas.

Albertina López, lideresa del sector, denunció que el empresario, con ayuda de activistas del programa “Vida Mejor”, intentó engañar a la gente para subir los materiales hasta el plantel donde ejecutan el proyecto.

Ante el peligro en la zona, la policía del municipio de Tela llegó, no con la intención de mediar el conflicto, sino a demandar a las comunidades dejar la toma, abrir paso para que las volquetas suban.

El comisionado Lenin Pineda Bocanegra pidió suspender la toma: “para lograr mantener la paz y la libre circulación”. Ante la negativa de las comunidades, el comisionado dijo que las volquetas tampoco se podrían quitar porque también tienen derecho a manifestarse.

El peligro es latente. Las volquetas, carros y trabajadores de la empresa se encuentran en el lugar de la toma, hostigando e intimidando a los que están en el campamento. Hasta ahora autoridades se muestran cómplices a las decisiones de la empresa, olvidando su papel de mediar para evitar que la violencia llegue.

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Actualmente  más del 35 % del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos podríamos decir que cerca de un 50% del  territorio se encuentra en manos de la industria extractiva.

Organizaciones defensoras del ambiente aseguran que en Honduras existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.

Santa Bárbara, Atlántida y Yoro  son los departamentos  donde existen más concesiones mineras e hidroeléctricas, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón, y el resto los departamentos del occidente.

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