Los cuestionamientos sobre la independencia judicial en Honduras llegan nuevamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las irregularidades en las destituciones y la aplicación de la figura del juicio político contra funcionarios electorales, así como contra el propio fiscal general de la República, serán abordadas en el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebrará en agosto en Washington, Estados Unidos.
La causa son los hechos ocurridos en Honduras entre marzo y junio de este año. Todo comenzó el 23 de marzo, cuando el Congreso Nacional inició un juicio político contra el abogado Jhoel Zelaya, fiscal general de la República. Dos días después, el 24 de marzo, el funcionario fue destituido de su cargo. El procedimiento aplicado preocupa a expertos, ya que se realizó de forma irregular, sin considerar los precedentes que establece la sentencia Gutiérrez Navas y otros vs. Estado de Honduras.
En la sentencia Gutiérrez Navas, de noviembre de 2023, se determinó que la legislación hondureña sobre la aplicación del juicio político contiene disposiciones incompatibles con los estándares internacionales de independencia judicial. Además, ordena al Estado de Honduras adecuar su normativa a dichos estándares.
Posteriormente a lo ocurrido con el exfiscal Zelaya, siguieron acciones contra funcionarios electorales. Entre ellos autoridades de instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Ante estos acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activó el artículo 41 de la Convención Americana y solicitó formalmente al Estado de Honduras explicar qué medidas ha adoptado para adecuar esta legislación, garantizar el debido proceso en los juicios políticos y asegurar recursos judiciales efectivos para quienes sean sometidos a ese mecanismo.
La CIDH otorga un plazo de 15 días para que el Estado de Honduras responda. A esto se sumó que el 23 de abril, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales presentó una solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrara una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras.
En el documento se sugiere que persisten problemas estructurales como la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, el uso de la figura de juicio político contra altas autoridades judiciales y electorales, la cancelación masiva de nombramientos, la designación de autoridades judiciales con intervención política y el incumplimiento de sentencias emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Como resultado de esta petición, el 8 de junio de 2026, la CIDH notificó al Gobierno hondureño que se celebrará una audiencia pública el próximo 5 de agosto, en el marco del 196.º período de sesiones en Washington, para analizar la situación de la independencia judicial en el país. También la CIDH invitó al Estado a presentar su posición y la documentación correspondiente.
Se espera que en estos días la Procuraduría General de la República, que representa a Honduras ante esta instancia, solicite al Ministerio Público y a otras instituciones remitir información actualizada para preparar la defensa del Estado hondureño y coordinar la delegación oficial que participará en esta audiencia.
