Todos llegaron de Intibucá y Lempira, departamentos en el occidente hondureño abatidos por la guerra de Honduras y El Salvador en 1969 y por las malas administraciones públicas. Salieron en peregrinación familias enteras hacia Atlántida, alguien les dijo que allí la tierra era generosa y con oportunidades. Después de viajar tanto y de abrir caminos se instalaron entre las montañas de Yoro y Atlántida, en un lugar muy verde y hermoso al que llamaron “Nueva Esperanza” que para ellos significa “La tierra prometida”. Así describen sus habitantes el origen de la comunidad Nueva Esperanza en Tela, Atlántida.

“No había nada y todo los construimos” dijo con orgullo  doña Tomasa Amaya fundadora de la aldea, quien nos contó detalladamente cómo ha ido creciendo la comunidad en población y servicios básicos gracias al aporte de todos y todas. “Primero hicimos la escuela y luego una iglesia para dar gracias a Dios”. Agregó con una sonrisa y que desapareció cuando le preguntamos cómo es la comunidad ahora. Doña Tomasa no pudo ocultar su dolor e indignación al ver cómo la minería les ha cambiado la vida.

En la zona, la vida cambió a partir de 2011, cuando la Corporación Minerales Victoria, propiedad del empresario Lenir Pérez, yerno del empresario fallecido Miguel Facusse, manifestó su pretensión de explotar minas a cielo abierto, supuestamente para extraer óxido de hierro. Esta empresa tiene  una concesión de mil hectáreas, que cubre el área de 16 comunidades que basan su economía en la ganadería y agricultura; por tanto, perderían su fuente de sustento por el agotamiento y la contaminación de las fuentes de agua.

El Sector Florida está compuesto por alrededor de 16 comunidades, entre ellas, La Yusa, El Carmen, Las Minas, Buena Vista, El Socorro, Camagüey, Brisas de Lean, Las Mercedes, Alao, Concepción, Nombre de Dios, El Coco, El zapote N° 2, El Barro, y Nueva Esperanza.

Cuando comenzaron los trabajos mineros, la empresa desató un ambiente de intimidaciones, amenazas y agresiones, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y del alcalde de Tela en aquel momento, David Zaccaro. Varios líderes comunitarios huyeron y otros se quedaron a pesar de las amenazas a muerte. Entre las personas desplazadas forzosamente está el corresponsal de Radio Progreso Roberto García, quien abandonó sus bienes para salvar su vida y la de su familia.

Nueva Esperanza es una comunidad pequeña de 45 familias y apenas 900  habitantes. Entre las principales organizaciones de las fuerzas vivas están la Iglesia Católica y Evangélica, los patronatos comunitarios, las Juntas de Agua, los grupos juveniles vinculados a la Iglesia Católica, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, entre otros.

Atlántida cuenta con más de 73 ríos y quebradas de escorrentía permanente, 42 cuerpos de agua protegidos jurídicamente. A pesar de esto, existen 43 concesiones mineras. El 30% (13 concesiones) se encuentran en la etapa de exploración y otro 30% en explotación, quedando 17 concesiones (40%) en solicitud, de las cuales 10 de ellas corresponden al municipio de Tela y son para la extracción de óxido de hierro.

Entre los años 2011-2013 las comunidades del Sector Florida fueron víctimas de  la militarización y sicariato en sus territorios. Un día, el esposo de doña Tomasa se encontraba trabajando la tierra,  y de pronto observó que hombres desconocidos toman medidas y trasladaban maquinarias a su propiedad. Inmediatamente el señor preguntó qué hacían; de golpe los hombres le dijeron que allí iban a instalar una empresa minera.

“Mi esposo lloraba todos los días hasta que esa gente lo mató” “Nos robaron la tierra”, dice Doña Tomasa con profundo dolor asegurando que la empresa de Lenir Pérez sin permiso destruyó sus cultivos, casa y familia para comenzar a explotar el cerro de la comunidad. El esposo de doña Tomasa cayó en depresión al saber que el Estado hondureño le había entregado a un empresario la tierra que él por muchos años cultivó para alimentar a sus hijos.

“A la comunidad llegaron hasta sicarios” después de ser un lugar tranquilo, la gente tenía que encerrarse en sus casas a las cinco de la tarde, porque la empresa había contratado sicarios que amenazaron hasta el padre César Espinoza, en aquel momento párroco de Arizona, quien acompañó todo el proceso de lucha del sector florida, afirma Olga Hernández, lideresa de Nueva Esperanza.

El Padre César y Padre Abel, de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Arizona, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

Solo el pueblo salva al pueblo

Primero instalaron una cadena o tranca para que los carros de la empresa no pasaran. Las mujeres colocaban piedras en el río para bloquear el paso, además eran las que vigilaban durante el día la comunidad mientras los hombres lo hacían de noche. Estas acciones aunque pequeñas, lograron detener las intenciones extractivistas del gobierno y del empresario Lenir Pérez. “Nos hicimos un solo nudo” nos sigue diciendo Olga, quien en esos años estaba embarazada de su hija menor.

“A mí me amenazaban y hasta la policía me agredió a pesar de estar embarazada”.

La minera suspendió sus operaciones en el 2014, dejando la principal fuente de agua contaminada, bosques deforestados, personas desplazadas, dolor y luto en las familias y sobre todo la amenazada de volver a instalarse con mayor fuerza, avalada por el gobierno de Juan Orlando Hernández, principal promotor de las empresas mineras e hidroeléctricas.

Sin embargo, en Nueva Esperanza, Atlántida y en todo el sector Florida, hay una comunidad de hombres y mujeres en movimiento, que junto a organizaciones defensoras de la madre tierra, defienden la vida sin miedo, con el anhelo de entregar la tierra protegida a sus futuras generaciones.