Luego de la participación de Honduras en el Examen Periódico Universal (EPU) 2015 en Ginebra, Suiza, el pasado 8 de mayo, el país recibió 23 recomendaciones más en comparación de la examinación del 2010.
Durante el EPU 2010 el Estado recibió un total de 129 y en este 2015 se registraron 152, situación que significa un fuerte llamado de atención para las autoridades con el fin de que se tome en serio la situación de los derechos humanos en el país, que a diario son violentados de diversas formas.
La evaluación realizada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó satisfechas a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Plataforma EPU Honduras, conformada por más de 50 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos se expresó de forma satisfactoria en una conferencia de prensa brindada simultáneamente en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
En uno de los comunicados entregados a la opinión pública la plataforma cita lo siguiente: “Manifestamos nuestra satisfacción por la responsabilidad que asumieron los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas ante el EPU realizado a nuestro país, en particular por las preocupaciones y recomendaciones que realizaron para mejorar la situación de derechos humanos y el cumplimiento de los tratados y convenciones internacionales”.
En ese sentido se refirieron a la situación de precariedad del sistema de justicia hondureño, la inseguridad, la pobreza, indefensión y violaciones a los derechos humanos, que después de los procesos de denuncia han causado eco a nivel de la comunidad internacional, condenando estos sucesos.
La plataforma también opinó en torno a la participación del Estado de Honduras durante el EPU, “le faltó coherencia y expresión de un verdadero compromiso con los derechos humanos. Se presentaron como avances, supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales, para el caso: Policía Militar del Orden Público, fusión de la Secretaría de Derechos Humano, reducir o degradar algunas Secretarias de Estado al rango de direcciones, militarización del Bajo Aguan, reducción de medidas cautelares, la entrada en funciones del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, justificar separación de jueces y una magistrada durante el Golpe de Estado. Sin duda, que estos no son logros o avances sino que retrocesos en la protección de los derechos humanos”, cita el comunicado.
Durante la evaluación aproximadamente 60 Estados hicieron uso de la palabra y luego de un saludo diplomático, emitieron sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras; seguidamente procedieron a realizar sus recomendaciones.
Principales recomendaciones
Luego de analizar la situación alarmante de los derechos humanos en el país, los Estados que forman parte de las Naciones Unidas (ONU) y que pidieron la palabra durante la evaluación aplicada a Honduras, hicieron varias recomendaciones entre las que destacan las siguientes:
Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y operadores de Justicia.
Actuaciones efectivas en caso de la violencia contra la mujer, en especial la investigación y sanción de los casos de feminicidio; la no militarización de la sociedad; garantizar la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la Policía Nacional; medidas de protección para la comunidad de la diversidad sexual, proteger a la niñez migrante no acompañada.
Aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y garantizar la consulta previa a las poblaciones indígenas; fortalecer el sistema de justicia ante su falta de independencia; reducir la muerte de jóvenes; garantizar la seguridad de los pobladores del Bajo Aguan; evitar la criminalización de defensores y defensoras; asegurar la protección y seguridad de los periodistas, jueces y defensores.
Garantizar educación gratuita y de calidad, salud y generación empleo; presentar los informes pendientes a órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas; mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, entre otras.
En ese sentido la Plataforma EPU expresó que darán continuidad a las denuncias y seguirán en comunicación con los organismos internacionales, Estados y con los cuerpos diplomáticos acreditados en la nación, para exigir que se cumplan las recomendaciones.
“Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos en la disposición de coordinar esfuerzos con las instancias gubernamentales cuando se tomen en cuenta nuestras propuestas y los gobernantes asuman una actitud incluyente en lugar de las posiciones carentes de diálogo que observamos actualmente”, dijo la abogada y ex magistrada Tirsa Flores.
Campaña mediática
Durante la participación de Honduras en el EPU 2015, a nivel de medios de comunicación que sostienen ostentosos contratos publicitarios con el gobierno titulaban que Honduras había pasado la prueba ante los organismos internacionales en materia de defensa a los derechos humanos.
En repetidas ocasiones se hizo alusión a que en comparación con 2010, el gobierno había actuado de forma responsable y logró constituir logros en ese sentido con la aplicación de varias medidas.
Juan Mejía, integrante de la Plataforma EPU, manifestó que se quiere montar una campaña mediática para hacerle creer a la gente que en el país no se están violando los derechos humanos, pero afirmó “que no es cierto y que no se puede tapar el sol con un dedo”.
Además se refirió a la campaña que se ha creado en contra de los defensores de derechos humanos, a quienes el gobierno ha calificado como instituciones que buscan desprestigiar al país ante la comunidad internacional.
“Nos parece que es engañosa y desleal la conducta de los altos funcionarios gubernamentales que afirman que Honduras está avanzando porque salimos de la “lista negra” de derechos humanos, sin aclarar que se sale porque así lo establece el artículo 59 del Reglamento de la CIDH como requisito de su visita en el país que ha mostrado buena voluntad, lo cual se aplaude, pero también hay que decir que este año se emitirá un informe particular sobre Honduras ante la constatación de la Comisión Interamericana de las graves violaciones de derechos humanos”, menciona el comunicado de la Plataforma EPU.
Mejía recalcó que el hecho que Honduras haya salido de esta lista no significa que el gobierno ya no siga siendo un violador de derechos humanos en serie, por lo tanto dijo que seguirán el proceso de exigencia y denuncia en torno a la problemática.
Entre tanto Luis Chévez integrante de la Plataforma y de la Convergencia por los Derechos Humanos, hizo un llamado al gobierno de Juan Orlando Hernández para que dé seguimiento a las recomendaciones y que cuanto antes pongan manos a la obra y que de verdad demuestren su intención por mejorar las condiciones en el marco de protección a los derechos humanos de la población.
También dejó claro “que si el gobierno sigue la política que hasta el momento se ha visto, significará que lo que menos hay es voluntad política para hacerlo y que los discursos solo sirven para fortalecer una campaña mediática que engaña a la gente”.
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