“El anuncio del retiro militar de las calles hondureñas para el último trimestre del presente año, se podría calificar como un fracaso de la política del gobierno de querer resolver los problemas de seguridad del país, delegándole responsabilidades policiales al ejército, y militarizando la sociedad”, indicó el analista Hermilo Soto.

Aunque no se ha brindado más detalles al respecto, el anuncio fue hecho esta semana por la viceministra de Derechos Humanos,  Karla Cueva,  en la ciudad de Ginebra,  Suiza, donde Honduras presentó su segundo informe al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Con la aprobación del proyecto de Ley para la creación de la Policía Militar del Orden Público, cuyos escuadrones hicieron sus primeras apariciones el 15 de septiembre del 2013 en San Pedro Sula y Tegucigalpa, la polémica no se hizo esperar al extremo de considerar que esta medida significó un retroceso de al menos 35 años en materia de desmilitarización de la sociedad hondureña.

“Esta promesa de retirar los militares de las calles fue hecha a cambio de tener acceso a las ayudas que la comunidad internacional ha prometido al Gobierno y no porque el presidente Juan Orlando Hernández esté interesado en desmilitarizar la sociedad”, indicó la abogada Tirza Flores, de la Asociación de Jueces por la Democracia (ASJ).

De acuerdo a Flores, a pesar de la  promesa genera expectativas y le tocará a la sociedad civil comprometerse y estar vigilante para que desde la administración de Gobierno nacionalista se inicie un verdadero proceso de desmilitarización de la sociedad.

“Que se retiren los militares de las calles ha sido una exigencia permanente del pueblo hondureño, sin embargo la decisión del gobierno, la hizo atendiendo los reclamos de los organismos internacionales defensores de derechos humanos”, indicó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Por otro lado el analista Domingo Godoy, aseguró que la Policía Militar estaría en dudas que desaparezca totalmente  porqe tiene su característica propia, es un brazo armado al servicio de una elite que ostenta el poder absoluto en el país,   señaló que viene de un poder fáctico cuyo discurso público es proteger a la ciudadanía lo cual no es cierto.

Exigencia internacional 

Entre las exigencias internacionales para desmilitarizar el país resalta  la realizada el pasado 14 de junio de 2016 por cuatro congresistas demócratas quienes presentaron a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos  un  proyecto de Ley denominado Ley Berta Cáceres.

La Ley busca suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que paren las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán.

La aprobación de la Ley Berta tendría un impacto directo en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de Estados Unidos, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el país norteamericano actúa como aval.

Esta iniciativa de Ley, exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la República, que proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.

Violadores de derechos humanos 

En Honduras hay evidencias suficientes que indican que con la participación del ejército en acciones policiales a nivel nacional se han incrementado las violaciones a los  de derechos humanos por parte de los soldados. Sin embargo, en la actualidad a pesar del proceso de depuración policial; la corrupta e inefectiva policía del país también se presenta como una alternativa poco fiable para combatir la inseguridad generalizada.

Según datos recolectados  entre los años 2012 y 2014, militares hondureños estuvieron implicados en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales. Actualmente, al menos 24 soldados están bajo investigación por cargos relacionados con nueve casos de homicidios.

Quienes apoyan la participación de militares en tareas policiales afirman que esto ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, que en el 2012, según estimaciones de las Naciones Unidas, era de 86 asesinatos por cada cien mil personas.

Sin embargo de acuerdo a un reciente informe de Human Right Watch: Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años.

Si bien la participación del ejército hondureño en funciones de policía a nivel nacional no es lo ideal, la solución alternativa resulta ser igualmente funesta con la policía existente. “Esperamos que de aquí a noviembre el proceso de depuración policial tenga los avances esperados y a partir de allí tengamos a policías honestos, responsables, cercanos a la ciudadanía, respetuosos de los derechos humanos y unidos a otras políticas públicas y así  la inseguridad irá desapareciendo, pero como sociedad tenemos que ser vigilantes y exigentes para que esto se logre”, concluyó Rubenia Galeano de la Plataforma EPU Honduras.

Las promesas del Estado quedan en el aire y tanto la sociedad civil como organizaciones populares deben vigilar el proceso de desmilitarización que ya asumió el Estado a partir de esta comparecencia ante los organismos internacionales.