«La próxima vez que venga serán desalojados. Yo no quedaré desempleado por ustedes», expresó en tono amenazante el subcomisionado Eduardo Rivera, jefe de la Policía en el municipio de Puerto Cortés, al llegar al campamento que mantienen las comunidades frente al plantel de la empresa Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa), a la que acusan de provocar destrucción ambiental en la zona.

En un video grabado por los pobladores se observa al jefe policial amenazando con desalojar la toma, argumentando denuncias interpuestas por la empresa. Para las comunidades, esta situación representa una nueva evidencia de la colusión entre las autoridades y la compañía, ya que, pese a que ellos también han presentado denuncias por la contaminación ambiental, estas no han sido atendidas.

Estamos claros que luchamos con grupos de poder, tenemos temor, pero no queremos más esta minera en nuestras comunidades. Durante muchos años hemos sido claros con las autoridades locales, no queremos más minería, pero penosamente nadie nos escucha, la alcaldía ha sido sorda a las demandas de las comunidades. Queremos que Agrecasa se vaya, que no siga destruyendo nuestra fuente de agua y el ambiente”, dijo con profunda claridad uno de los pobladores del sector que participa en el campamento de resistencia y en defensa del agua y los bienes naturales. 

El pasado 22 de mayo, las comunidades Brisas del Mar, La Unión, Sapadril Abajo, Sapadril Arriba, El Naranjal, 30 de enero y la colonia Eslan cumplieron el primer mes del campamento instalado frente a las instalaciones de la empresa Agregados del Caribe S.A, Agrecasa.

Agrecasa es una empresa dedicada a la extracción de material pétreo en la Cantera Sapadril, ubicada en el municipio de Puerto Cortés al norte de Honduras. Según un informe reciente publicado por el CESPAD desde el 2004, la empresa comenzó a operar una concesión minera no metálica a cielo abierto, pero ha enfrentado múltiples conflictos con las comunidades locales debido a los daños ambientales que ha provocado. 

Informes técnicos publicados en el 2024 constatan los impactos de la actividad extractiva como la contaminación de ríos, deforestación, desplazamiento de fauna y problemas de salud en los habitantes cercanos, relacionados con el uso de explosivos y la mala gestión de residuos.

Los pobladores aseguran que la empresa llegó prometiendo una serie de proyectos en beneficio de las comunidades. “Recuerdo que llegaron diciendo que nos construirían un centro comunitario, una escuela, incluso centro deportivo. Además, prometiendo hacerse responsable en la reparación de las viviendas que fueran afectadas por la explotación de dinamita para la extracción de los materiales del cerro. Nada pasó. Lo que han destruido es las fuentes de agua y el ambiente de la zona”, nos comentó otro de los pobladores que permanece día y noche en el campamento, pero que por motivos de seguridad omite su nombre. 

Hasta ahora, según las comunidades los ríos afectados son Brisa de Tramade, La Unión, Medina y el Sapadril. “Incluso pasamos meses completos sin agua. Imaginese, antes teníamos muchas fuentes de agua, ahora estamos sin agua en nuestras propias casas”, dice indignado. 

Radio Progreso visitó el campamento para grabar el programa Foros Populares, los pobladores recordaron que los representantes de la empresa llegaron con muchos papeles promoviendo la minera, no hicieron consulta, pero lograron instalarse con la promesa de ejecución de varios proyectos. 

“Luego de varios años de operar, de ver como los tractores salían cargados de material extraido del cerro, consultábamos porque no iniciban con los proyectos prometido, nunca cumplieron, en cambio nos han dejado sin agua. Cuando denunciamos a la alcaldía que la empresa estaba operando de manera ilegal, allí descubrimos que exitía una colusión incluso siempre le extendieron permiso de operación a pesar de conocer la destrucción ambiental. Y está claro que eso pasa porque la empresa fue promovido por los políticos que tienen control de este municipio, Allan Ramos y Marlon Lara”, declaró otro de los pobladores. 

A pesar de todas las denuncias interpuestas fue hasta el 2024, que la concesión minera fue suspendida debido a los daños ambientales, el vencimiento de licencias y uso desmedido de recursos hídricos. En ese momento las comunidades afectadas bloquearon carreteras en varias ocasiones exigiendo el cierre definitivo de la mina, denunciando los impactos en la flora, fauna y salud pública. 

“Hemos realizado muchas acciones, pero la empresa continúa operando ilegalmente. Por eso nos mantenemos en este campamento. Ya no aguantamos el polvo, la contaminación y las explosiones con dinamita, y no vemos que las autoridades hagan algo para detener sus abusos”, expresó uno de los pobladores.

Agregó que mantenerse en la toma representa un gran esfuerzo, ya que implica dedicar tiempo, pasar noches en vela y exponerse a situaciones de agresión.

Las comunidades lamentan que, pese a la abundante evidencia sobre los daños causados por la mina, la autoridad competente continúe otorgando permisos graduales de exportación de material. Esto, denuncian, expone a la población a las consecuencias de una operación minera que carece de planes de remediación aprobados y autorizados.