| Viernes, 23 mayo 2025 |  |
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El grito ignorado de la niñez y la deuda de las políticas públicas
La niñez es uno de los sectores más vulnerables y expuestos a la triste realidad de la violencia. La magnitud del problema es tan impactante que podemos calificarlo como una emergencia humanitaria en el país. El 90% del maltrato infantil es provocado por padres, madres o personas encargadas del cuidado de las niñas y los niños.
En el 2024 se registraron en el país 619 muertes violentas de menores de edad, lo que representa un promedio de más de 50 menores y jóvenes asesinados cada mes. En el presente año se han registrado 108 menores y jóvenes asesinados, principalmente en el Distrito Central, San Pedro Sula y Olancho. La tasa de abuso sexual infantil es muy alarmante, cada 6 horas un niño o niña son víctimas de abuso sexual. La pobreza infantil afecta al 66.8% de la niñez, y la desnutrición crónica afecta a 3 de cada 10 niños menores de cinco años. El 23.9% de las niñas y 14% de los varones de 13 a 17 años dejan el colegio por razones de violencia física.
Nadie duda de que tengamos un marco legal e institucional, códigos y leyes de la niñez y la adolescencia, u organizaciones que atiendan a las víctimas infantiles de la violencia infantil, pero ¿son estas leyes letra muerta? ¿Responden las instituciones a la magnitud de esta crisis humanitaria?
Esta crisis humanitaria no la podemos desvincular de la pobreza y la desigualdad extrema que expone a la niñez a mayores riesgos, la desintegración familiar y social a causa de la migración con la ausencia de redes de apoyo comunitario sólidas, la falta de acceso de la niñez a una educación de calidad que los hace más vulnerables al reclutamiento de las redes de la criminalidad y la delincuencia, el machismo que afecta especialmente a las niñas.
Los primeros responsables del cuidado de la niñez son sus padres, sin embargo, hay muchos actores que también pueden contribuir a resolver esta crisis humanitaria como la sociedad civil organizada, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, inversiones de programas privados, etc. No obstante, solo a través de una alianza y compromiso de los distintos actores sociales y el Estado se podrá saldar la deuda que se tiene con la niñez hondureña para transformar su grito ignorado en un futuro sin crímenes ni violencia infantil.
Y en este contexto tan complejo y difícil, nos toca exigir al Estado hondureño que cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales para proteger a la niñez de forma integral y efectiva, y que asigne los recursos financieros y presupuestarios para la atención prioritaria de la niñez. Solamente con políticas preventivas e integrales podremos ser testigos del cuidado que se merece nuestra niñez hondureña.
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