

Un nuevo campamento por la vida y en contra la devastación
Hace más de 20 años, la empresa minera Agregados del Caribe, Agrecasa, llegó hablando bonito a las comunidades de Puerto Cortés, prometiendo no solo escuelas, centros comunitarios, deportivos y de salud, sino también ofreciendo empleo para la extracción de materiales de la cantera Sapadril, promesas ampliamente conocidas previo a la instalación de proyectos extractivos.
Agrecasa, como pasa con otras empresas mineras, se comprometió a hacerse responsable de los daños que provocaría la explotación con dinamita en las casas de al menos seis comunidades. Estas promesas se hicieron en 2004 y luego de más 20 años, la empresa ha explotado la mina, se secaron los ríos Sapradil, Quebrada Brisas del Mar y Medina. En cambio, los proyectos comunitarias prometidos nunca llegaron.
Las humildes casas ahora están en ruinas, agrietadas por las explosiones diarias con dinamita, el ambiente cargado de polvo que se instaló en el sector y del frescor de las fuentes de agua y el trinar de las aves se pasó a la desolación. Todo lo destruyó Agrecasa.
La destrucción del entorno natural se produjo, y aun así las autoridades le siguen permitiendo extraer materiales de la zona. La presión comunitaria logró en 2024 que la concesión se suspendiera por un año. Sin embargo, a pesar de la orden, Agrecasa continuó operando y dejando en escombros el cerro, en colusión con la alcaldía de Puerto Cortés, del Instituto de Geología y Minas y de la propia Secretaría de Recursos Nacionales.
Muy dueñas de su dignidad, las comunidades instalaron hace un mes un campamento en la entrada de la empresa, impidiendo que continúen las operaciones mineras. La gente se turna para permanecer las 24 horas en el campamento, denominado “Por la vida y en defensa del agua”. Diariamente, los vecinos y vecinas comparten lo poco que tienen, se animan mutuamente y vencen el miedo a las amenazas y represalias.
El caso de las comunidades de Puerto Cortés también refleja la realidad de comunidades en Colón, La Paz, Intibucá, Copán, Yoro y otros departamentos que enfrentan los efectos destructivos de la industria minera en Honduras. Y a pesar de toda la evidencia sobre los daños ocasionados, las autoridades continúan otorgando permisos de explotación, exponiendo a las comunidades a las consecuencias de las operaciones mineras.
Los vecinos y vecinas de Puerto Cortés, pese a los miedos, permanecen día y noche en ese campamento. Las mujeres generosas cocinan; los niños juegan fútbol o andan en bicibleta mientras sus madres y padres dedican tiempo y esfuerzo a sostener esta rebeldía. Como las rebeldías que se extienden como luminarias en muchas comunidades hondureñas, en Puerto Cortés brilla un campamento que hoy se levanta contra la devastación y da signos de vida.

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