Se espera que en los próximos días el Congreso Nacional, con el respaldo de las bancadas nacionalista y liberal, apruebe la Ley Marco del subsector Energético.
La propuesta impulsada por el oficialismo genera temores en diversos sectores, ya que promueve la división de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, en 3 empresas mercantiles, lo que dará mayor participación al sector privado, generando temor de privatización.
Desde la Coalición Patriótica de Solidaridad se presentaron observaciones preliminares al proyecto de ley. Entre los principales planteamientos está blindar en la ley el carácter de orden público, interés social y seguridad nacional de la energía. Y es que, para la Coalición, estos principios constituyen una salvaguarda esencial para proteger la soberanía energética, garantizar el acceso de la población al servicio y preservar la capacidad del Estado de actuar en defensa del interés nacional en un sector estratégico para el desarrollo del país.
«Ese nuevo sistema que están proponiendo no va a tener ningún resultado si no se quita la politización de la estatal eléctrica, porque se han aprovechado los políticos y todos aquellos empresarios que han buscado, dentro del desorden, sacar provecho de la empresa nacional, sin importarles el interés del país», dijo el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, de la Coalición.
Exigen que esta reforma debe establecer de forma clara e inequívoca que no dará lugar a procesos de privatización directa o indirecta de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ni de los activos estratégicos del Estado.
«Una de las situaciones que nos preocupa es que el actual gobierno es una prolongación de administraciones nacionalistas del pasado, responsables de corrupción al más alto nivel y responsables de haber aprobado varios contratos que beneficiaron a los generadores, quienes hoy siguen manejando a su antojo el sector eléctrico. Y justo cuando teníamos problemas eléctricos, nunca trabajaron la reducción de pérdidad», agrega Rodríguez.
El analista en temas energéticos continúa, «son los políticos quienes nos metieron en el problema con la empresa EEH, que fue contratada para manejar la distribución y no sirvió absolutamente para nada. Más bien nos metió en problemas. Con esto hacemos ver que la política, la corrupción e impunidad son problemas graves en este país, y que si no se atienden, todo corre peligro».
Analistas coinciden en la petición al Congreso Nacional de incluir disposiciones que impidan la venta, transferencia, concesión, enajenación o pérdida del control estatal sobre bienes estratégicos vinculados al sistema eléctrico nacional.
«El problema mayor está en buscar la manera de blindar la ley; eso se debe incluir en el dictamen, sin que haya forma de cambiarlo, y que no vuelva a pasar lo que se dio con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, que a pesar de no vender sus activos está refundida en el hueco de la pobreza y del olvido por haberla entregado a dos empresas trasnacionales privadas, para que ellos hagan lo que quieren y ni siquiera dan calidad ni servicio, pero sí generaron un monopolio terrible que no deja surgir a Hondutel», dijo el experto.
Ante los cuestionamientos de buscar la privatización, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, estalló contra el partido Libertad y Refundación (Libre), haciendo responsable de difundir información que no es verdadera. «El discurso de Libre ha sido la privatización, pero están mintiendo. Yo los invito a leer el dictamen, porque aquí no existe privatización, no se vende el ENEE a pedazos», expresó el nacionalista.
Zambrano no descartó que la aprobación de este decreto se realice después del receso legislativo, asegurando que lograrán el consenso de todas las bancadas.
