| Jueves, 25 de junio 2026 |  |
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Otro asalto a la soberanía: la amenaza de la privatización de la ENEE
Honduras se encuentra hoy ante una encrucijada histórica que definirá su futuro social y económico: la pretensión de imponer una reforma energética que, bajo el velo de la «modernización», encubre el desmantelamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La propuesta que actualmente se discute en el Congreso Nacional no es una simple reestructuración técnica; es un camino directo hacia la privatización funcional de un recurso que pertenece a todos los hondureños.
El núcleo de esta amenaza reside en la fragmentación de la estatal en tres sociedades mercantiles. Esta figura jurídica no es casual; su propósito es abrir la puerta a capitales privados bajo esquemas accionarios que terminan arrebatando el control de los activos públicos al pueblo para entregárselos a intereses particulares. Al convertir funciones estratégicas como la generación, transmisión y la distribución de energía en operaciones de mercado, el Estado renuncia a su capacidad de garantizar el acceso universal y precios justos.
¿Quiénes pagarán el costo de esta decisión? La respuesta es clara: los más de 1.9 millones de hogares hondureños. Con el nuevo esquema, las grandes industrias y comercios podrán abandonar a la ENEE para negociar con privados, dejando a la empresa pública cargada con la deuda histórica y los usuarios de menor capacidad adquisitiva. Este escenario conducirá inevitablemente a un aumento desproporcionado de las tarifas residenciales, asfixiando la economía familiar en beneficio de una élite corporativa.
Más grave aún es el retroceso en materia de derechos humanos. La reforma pretende derogar el marco legal que declara la electricidad como un derecho humano y un bien público de seguridad nacional. Al arrebatarle este carácter, se renuncia a la posibilidad de dar subsidios sociales a las familias pobres, transformando un servicio vital en una mercancía inalcanzable para muchos.
Ante esta amenaza, la respuesta de la ciudadanía debe ser una resistencia organizada y consciente. No podemos permitir que la energía regrese a la lógica neoliberal que ya fracasó en el pasado con HONDUTEL, dejando al país en la precariedad y la dependencia. La defensa de la ENEE debe entenderse como la defensa de la democracia misma y de la justicia social.
Es imperativo rescatar la energía de la mercantilización y situarla en el terreno de lo común. La movilización ciudadana debe exigir que el Estado mantenga su papel rector y que cualquier reforma sea producto de un consenso social transparente, no de imposiciones de organismos internacionales o grupos de poder económico. De la capacidad de resistir ante estos despojos depende la iluminación de la vida de nuestra gente.
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