| Viernes, 26 de junio 2026 |  |
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La lucha por la tierra es la lucha por la vida
La reciente masacre de campesinos en la comunidad de Rigores, así como el horrendo crimen de Juan López, pone en evidencia la alta conflictividad en torno a la acumulación de la tierra y la lucha agraria de la inmensa mayoría de los campesinos.
En este contexto de crisis nacional, emerge la demanda en todo el territorio de una ley de justicia agraria. El gobierno responde con la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y reformas penales para legalizar el despojo de los campesinos y criminalizar la lucha de los defensores de los bienes comunes.
En lugar de endurecer leyes para reprimir a las organizaciones campesinas y de derechos humanos, la respuesta razonable debía ser el diálogo y la mediación de las instituciones gubernamentales y civiles como el INA, y no el desalojo, la tanqueta y la orden de captura.
La lucha por la tierra es la lucha por la vida y todos estamos implicados. Cuando defendemos territorios estamos defendiendo el agua que tomamos, el suelo que produce la comida y los bosques que frenan la crisis climática y el extractivismo en todas sus expresiones.
La buena noticia es que la lucha avanza y la organización se fortalece. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el mes de marzo de 2026 falló a favor de las comunidades garífunas de Cayos Cochinos. dictaminando que el Estado de Honduras violó el derecho a la propiedad comunal, a la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT) y a sus derechos culturales. Esta resolución demuestra que la defensa del territorio tiene un respaldo con el derecho internacional y que los pueblos originarios son verdaderos guardianes de la naturaleza y protectores del ambiente.
Por otra parte, los gobiernos locales tienen en la Ley de Municipalidades (Artículos 11, 12, 13, y 67) la convocatoria de los cabildos abiertos como una herramienta legítima de resistencia jurídica para frenar las concesiones que el gobierno central otorga a espaldas a la población.
No olvidemos que la calidad de la democracia no se mide por las garantías y los candados que se le ofrecen al gran capital con todo el andamiaje de la seguridad jurídica, sino por la dignidad y las leyes que garantizan la vida al campesino que siembra el maíz, cuida los bosques, el agua y nos protegen de la contaminación ambiental.
Mientras el Estado siga maltratando a los defensores de los territorios acusándolos y persiguiéndolos como terroristas o a los campesinos como usurpadores, la paz social seguirá siendo una falacia. Desde el ERIC-Radio Progreso seguimos apostando por la vida, la tierra y la justicia, porque la lucha por la tierra es la lucha por la vida.
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