| Jueves, 23 de julio 2026 |  |
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Honduras y el color de la desigualdad
El problema estructural de Honduras no es una cifra estadística, es la brutal desigualdad social que asfixia al país. Tras seis meses del nuevo gobierno, el panorama de promesas y discursos vacíos ha dado paso a una realidad cruda: proyectos de ley que siguen favoreciendo la concentración de la riqueza en las mismas manos de siempre.
En las últimas tres décadas, Honduras ha visto desfilar banderas de distintos colores, pero el color de la desigualdad permanece inalterable e incluso se profundiza. El poder no reside en las instituciones, sino en un reducido grupo de familias que controlan los hilos políticos, económicos e ideológicos. Este entramado abarca desde el sector financiero y energético hasta la agroindustria, los medios de comunicación e incluso el crimen organizado.
La experiencia histórica nos advierte que estas élites no solo actúan contra el Estado; a menudo son el Estado o deciden por encima de él. Ya lo vimos con la neutralización de la Ley de Justicia Tributaria y el bloqueo a la CICIH. Hoy, el patrón se repite con la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y la disputa por repartirse la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Para asegurar su dominio, estas familias caminan de la mano con las Fuerzas Armadas y buscan siempre el beneplácito de la Embajada de los Estados Unidos. No tienen lealtades partidarias, pues su único fin es tratar al Estado como un negocio privado.
Coherente con su tradición política, la administración actual es el principal aliado de este círculo, demostrando que, sin importar si la narrativa es violenta o progresista, los gobiernos terminan siendo simples tramitadores de las élites. La deuda histórica de Honduras sigue vigente: es urgente democratizar la política y politizar la sociedad para romper estas estructuras de impunidad.
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