

La audiencia ante la CIDH dejó una sensación de preocupación
En la audiencia pública que se celebró en Washington, D.C, varias organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave crisis de independencia judicial en Honduras.
Señalaron problemas como la aplicación de juicios políticos sin reformas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de separación de las funciones judiciales y administrativas, y la existencia de decisiones judiciales que fueron revertidas por presiones externas.
Esta situación debilita la capacidad del sistema para controlar abusos de poder y proteger a la población. Sin personas juezas independientes, las víctimas encuentran más barreras para denunciar, crece la impunidad y se profundiza la desigualdad ante la ley.
Pese a que la audiencia tenía como objetivo generar un diálogo abierto y franco entre la CIDH, el Estado y la sociedad civil ahí representada, la representación estatal se negó a responder a los argumentos de las organizaciones y a las preguntas de la CIDH.
Y lo más preocupante es que el Estado cuestionó la imparcialidad y competencia de la CIDH para convocar este tipo de audiencias, en la misma línea de ataques a este órgano internacional por parte de la exconsejera electoral y actual embajadora Cosette López.
Debemos estar vigilantes con esta actitud del actual cogobierno porque regímenes autoritarios como el nicaragüense así comenzaron: primero atacaron a la CIDH y a la Corte IDH y luego se retiraron de los mecanismos de rendición de cuentas de esos órganos, dejando a su población más desprotegida.

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