A cuatro días del inicio de la repetición del juicio por la muerte de Keyla Martínez, su madre, Norma Rodríguez, denunció una serie de situaciones que, a su juicio, evidencian que el Estado continúa protegiendo a uno de los responsables del crimen.

“Han sido cuatro días desde el inicio de la repetición del juicio y hemos notado varias situaciones que nos indican que el Estado sigue protegiendo a uno de los femicidas de mi hija. Hemos enfrentado impases; incluso, no nos han aceptado peritos como parte de la acusación privada. Sin embargo, a la defensa le han permitido presentar expertos y todas sus pruebas”, señaló Rodríguez.

En enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia acogió por unanimidad los recursos que evidenciaron irregularidades en el expediente y anuló la controvertida sentencia emitida en 2024, la cual ya contemplaba beneficios para el expolicía condenado.

A partir de esa decisión, la familia de Keyla Martínez y las organizaciones de mujeres consideraron que la repetición del juicio representaba un rayo de luz en un caso emblemático que expone las fallas estructurales del sistema de justicia y la violencia institucional en Honduras.

Keyla Martínez, estudiante de enfermería de 26 años, fue asesinada el 7 de febrero de 2021, luego de ser detenida por agentes de la Policía Nacional en la ciudad de La Esperanza, Intibucá. Según la versión oficial, la joven fue arrestada por infringir el toque de queda impuesto durante la pandemia de COVID-19 y por escándalo público.

“Tenemos un buen equipo de defensa. Ellos están haciendo un gran trabajo y, al final, sé que se hará justicia. Esperamos que se tomen en cuenta todas las pruebas que no fueron consideradas en el juicio anterior y que esta vez exista mayor imparcialidad por parte de los jueces”, expresó la madre de Keyla.

Rodríguez también denunció cortes de energía eléctrica y falta de acceso a internet durante las jornadas en las que la acusación privada debía presentar pruebas importantes para el proceso.

Para la familia de Keyla, el juicio anterior estuvo marcado por omisiones y acciones cuestionables. Entre ellas, destacan la falta de una prueba clave, a la joven no se le practicó una prueba de alcoholemia, pese a que se trata de un procedimiento estándar.

La justificación policial de que Keyla supuestamente había admitido haber ingerido bebidas alcohólicas fue cuestionada por expertos legales, quienes consideraron que esa versión pudo utilizarse para evadir la obtención de evidencia objetiva.

Asimismo, en 2024, la defensa del expolicía condenado, Harold Rolando Perdomo Sarmiento, solicitó beneficios al alegar que había cumplido la mitad de una condena mínima, amparándose en el nuevo Código Penal.

Para Norma Rodríguez, existe una intención por parte del Estado hondureño de dejar el crimen en la impunidad.

“Desde el juicio anterior, la Secretaría de Seguridad ha estado pagando la defensa. Es un grupo grande de abogados y uno se pregunta cómo es posible que un policía de escala básica tenga todo este equipo para su defensa”, cuestionó.

La madre de Keyla también sostiene que existen más personas involucradas en el crimen. Desde el inicio del caso, solicitó que se investigara a los demás implicados; sin embargo, afirma que las autoridades no han avanzado en esa línea.

Por ello, espera que, una vez que Perdomo sea condenado por el delito de femicidio, se continúe con la investigación de los otros posibles responsables.

“Uno sabe que existe una intención de dejar el caso en la impunidad. Los abogados presentaron una denuncia ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Honduras (DIDAPOL) para que Harold Perdomo fuera suspendido de sus funciones y retirado del cargo; sin embargo, se negaron a recibirla. Ahora la presentamos ante la Secretaría de Seguridad y seguimos esperando una respuesta”, manifestó Rodríguez.

Pruebas durante el juicio

El juicio se desarrolla mediante una repetición total en los juzgados de la ciudad de Siguatepeque, luego de que fuera anulada la polémica sentencia anterior, que benefició al acusado.

En el nuevo proceso, el Ministerio Público busca que Harold Perdomo sea condenado por femicidio agravado o, en su defecto, por homicidio, en rechazo al fallo previo que lo declaró culpable únicamente de homicidio imprudente por omisión.

La repetición del juicio ha permitido ratificar que Keyla Martínez murió por asfixia mecánica, específicamente por estrangulamiento, y que ingresó al hospital ya fallecida. Estos elementos contradicen la teoría del suicidio.

Además, un testigo protegido declaró que escuchó gritos y observó a cuatro policías sacar el cuerpo de Keyla. Su testimonio respalda la denuncia de la madre sobre la posible participación de otros agentes protegidos por la institución.

El agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue condenado inicialmente por homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión, y no por femicidio agravado. En medio de la repetición del juicio, la familia de Keyla y los movimientos feministas esperan que se capture a todos los involucrados en un crimen que se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de justicia frente al recrudecimiento de la violencia de género en Honduras.