En las próximas horas, los diputados del Congreso Nacional podrían aprobar un tercer paquete de reformas penales que, según sus promotores, facilitaría las detenciones de personas vinculadas a estructuras criminales y asociaciones terroristas.
Las medidas han generado cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario hondureño para recibir a un mayor número de personas detenidas, así como sobre las condiciones de los centros penales y la necesidad de fortalecer la infraestructura carcelaria.
El abogado penalista Germán Javier Licona explicó que las acciones impulsadas por el Gobierno para combatir la criminalidad organizada y común incluyen reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. También señaló que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró qué organizaciones serían consideradas asociaciones terroristas, de acuerdo con la reforma al artículo 587 del Código Penal.
Licona sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema de justicia hondureño. En ese sentido, planteó la necesidad de analizar qué ocurrirá con las personas detenidas bajo las nuevas disposiciones penales. Y si esto no implicaría una mayaor saturación de las cárceles hondureñas.
El profesional del derecho indicó que entre los cambios anunciados figura la ampliación del plazo de detención de 24 a 48 horas en determinados casos especiales y complejos, con el propósito de dar más tiempo al Ministerio Público para realizar las investigaciones. Asimismo, señaló que las reformas contemplan un incremento de las penas de 20 a 30 años para quienes sean condenados por pertenecer a asociaciones terroristas, y de 30 a 40 años para quienes sean considerados cabecillas de dichas organizaciones criminales.
Por otra parte, el Gobierno nacionalista anunció que la construcción de nuevos centros penitenciarios comenzaría dentro de un plazo de entre ocho meses y un año. Estas obras, según lo anunciado, formarían parte de las medidas para hacer frente a la criminalidad organizada.
Licona manifestó que las reformas buscan endurecer las sanciones contra las estructuras criminales y las maras. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de evaluar las implicaciones de los cambios legales, particularmente en relación con el aumento de las detenciones y la capacidad de respuesta del sistema penitenciario.
Preocupación por la edad de imputabilidad
Otro de los puntos que ha generado preocupación es la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal para niños y adolescentes. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado la iniciativa por sus posibles consecuencias para la niñez y la adolescencia.
La Red COIPRODEM ha expresado su rechazo a la propuesta y sostiene que podría vulnerar la Constitución de la República y los tratados internacionales de los que Honduras forma parte.
Wilmer Vásquez, coordinador de la Red COIPRODEM, manifestó en declaraciones a Radio Progreso que las reformas no deben centrarse en criminalizar a niños y adolescentes que, en algunos casos, son manipulados u obligados por adultos vinculados a estructuras criminales a participar en actividades ilícitas.
Vásquez consideró que la política criminal debe orientarse a perseguir y sancionar a los responsables de estos delitos, incluidos los corruptos y narcotraficantes, en lugar de trasladar la responsabilidad a menores de edad que puedan estar siendo instrumentalizados por organizaciones criminales.
Organizaciones advierten que en nombre de la seguridad no se pueden vulnerar derechos humanos.
