El complejo megaturístico Indura (nombre garífuna para Honduras) prometió empleo y prosperidad a las poblaciones de la Bahía de Tela, pero el resultado fue la asfixia y desplazamiento de varias comunidades. Hay cuatro sentencias de las Corte IDH que obligan al Estado hondureño a restituir a las comunidades garífunas su derecho al territorio despojado. La del caso de Cayo Cochinos vincula además el acceso al mar como un elemento fundamental para la vida de las comunidades garífunas.
Para el pueblo garífuna, el territorio no es una mercancía ni un pedazo de costa con valor inmobiliario. Es el lugar donde se pesca y se cultiva, pero también donde se nace, se construye comunidad y se mantiene viva una cultura. Una frase que se escucha en el litoral atlántico hondureño lo resume: “Si la tierra es la madre, el mar es el padre”.
Rony Castillo, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), nació en Iriona Viejo, en el departamento de Colón. Después de formarse académicamente, decidió regresar. “Estar acá, en nuestra zona, no tiene precio”, dice. Su decisión forma parte de una lucha colectiva: la defensa de casi 50 comunidades del litoral caribe hondureño sometidas, según denuncia, a la presión del extractivismo, el narcotráfico, la expansión de la palma aceitera y el turismo de élite.
Un territorio anterior a Honduras
Los garífunas llegaron a Honduras en 1797, procedentes de la isla de San Vicente. Se asentaron primero en Punta Gorda, en Islas de la Bahía, y después se extendieron por el litoral atlántico. Su presencia en esos territorios es, por tanto, anterior a la propia República de Honduras.
Para Castillo, ahí reside el sentido profundo de hablar de tierras ancestrales: la posesión comienza con la llegada de los primeros antepasados, independientemente de que el Estado la reconociera documentalmente después. A finales del siglo XIX y principios del XX se otorgaron documentos que reconocían algunos de esos territorios, pero para las comunidades su vínculo con la tierra precede a esos títulos.
Ese vínculo comenzó a entrar en conflicto con otros intereses económicos. Las playas que durante décadas habían sido espacios abiertos para el transporte, la pesca y la vida cotidiana fueron ocupadas progresivamente por hoteles y complejos turísticos.
La OFRANEH denuncia que resorts, cercas, vigilantes y restricciones de acceso han separado a comunidades del mar del que dependían.
El complejo megaturístico Indura (nombre garífuna para Honduras) prometió empleo y prosperidad a las poblaciones de la Bahía de Tela. Por el contrario, la utilización del idioma garífuna en la promoción del proyecto y las promesas resultaron en la asfixia y desplazamiento de varias comunidades como Tornabé, Barra Vieja y Miami. Y además, provocó un daño irreversible a los humedales aledaños a la laguna de Los Micos, según denuncia la OFRANEH.
Para Castillo, detrás de este conflicto existe también una disputa sobre el significado del desarrollo. “Nos tildan de estar ‘en contra del desarrollo. Pero ¿cuál desarrollo? Estar en contra para ellos es denunciar la injusticia”.
El patrón del despojo continuo
La pérdida de territorio no comenzó con los resorts. A principios del siglo XX, el enclave bananero provocó desplazamientos que hicieron desaparecer comunidades enteras. Nueva Armenia, en Atlántida, fue fundada por habitantes expulsados de la antigua Armenia y ahora, según la OFRANEH, vuelve a enfrentarse a la presión territorial, esta vez por la expansión del monocultivo de palma aceitera.
En otras comunidades, la presión territorial ha ido acompañada de violencia. Tras el asesinato de la lideresa Mirna Suazo en 2019, parte de la población de Masca en Cortés abandonó la zona. Corozal, rodeada por el crecimiento urbano de La Ceiba, en Atlántida, apenas dispone ya de espacio para expandirse o cultivar, según relata Castillo.
La OFRANEH sostiene además que cerca de 30 de las 48 comunidades garífunas han quedado incluidas en áreas protegidas sin una consulta adecuada, y denuncia que alrededor del 70 % de sus territorios está cercado por la expansión de la palma aceitera o africana.
En la Bahía de Trujillo, la organización estima que las comunidades han perdido cerca del 80 % de sus territorios ancestrales y parte de su acceso al mar. La causa principal es el desarrollo de complejos vacacionales y de retiro destinados principalmente a ciudadanos canadienses, como los de Enjoy Trujillo, Enjoy Santa Fe y Campa Vista, entre otros, que promueve el inversionista Randy Jorgensen, apodado el “Rey del Porno”.
En 2024, la Fiscalía General de Honduras incautó 233 propiedades vinculadas a Jorgensen, la mayoría ubicadas en territorio garífuna, incluida la vivienda donde fueron halladas más de 3.500 piezas arqueológicas. Este hecho se suma a una creciente lista de acusaciones penales en su contra, entre ellas lavado de dinero, fraude y usurpación de tierras ancestrales.
El territorio garífuna se encuentra hoy bajo múltiples presiones: turismo, expansión urbana, palma aceitera, proyectos extractivos y crimen organizado. Para las comunidades, perder la tierra implica perder autonomía, alimentación y continuidad cultural.
El amparo de la justicia internacional ante la desprotección por el Estado.
Ante la constante impunidad con que operan estos proyectos amparados por el Estado Hondureño, la organización llevó sus demandas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a principios de los años 2000. La estrategia dio frutos históricos: nada menos que cuatro sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado “por violar el derecho a la propiedad colectiva, consulta previa, libre e informada y violación a derechos fundamentales del pueblo garífuna como la alimentación”.
De las cuatro sentencias por los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026), esta última, marca un logro sin precedentes al vincular por primera vez el territorio marítimo con el derecho fundamental a la alimentación. «Quitarle el mar a una población pesquera es condenarla a desaparecer”, dijo Rony Castillo.
En abril de 2024, durante el mandato de la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se creó la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI). Este organismo nació con el fin de implementar las reparaciones territoriales exigidas por la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas.
Sin embargo, como detalla Tomás Emilio, ex subprocurador de la República, la falta de un presupuesto fijo, la negligencia estatal y la interferencia de intereses económicos y políticos que paralizaron la restitución territorial ancestral, provocó que, en abril de 2025, la OFRANEH declarase la comisión “muerta” y se representó simbólicamente su entierro frente a Casa Presidencial.
El precio de defender la tierra
El incumplimiento de las condenas deja también crímenes impunes. Castillo estima que más de 50 líderes han sido asesinados en las últimas dos décadas, aunque advierte de que no existe un registro que permita establecer una cifra precisa.
En julio de 2020, en plena crisis de la COVID-19, cuatro jóvenes de Triunfo de la Cruz fueron sacados de la comunidad por hombres vestidos con uniformes y chalecos con insignias de la Dirección Policial de Investigaciones. Entre ellos estaba Alberth Sneider Centeno, presidente del patronato comunitario e integrante de OFRANEH.
Hasta la fecha, no hay rastro de ellos y la organización denuncia que no existe una investigación real para encontrarlos. «El asesinato es gravísimo, pero la desaparición suspende a la comunidad en un limbo espiritual. En nuestra identidad, el luto es sagrado. Si no puedes velar a tu pariente, no está ni vivo ni muerto. Es una tortura psicológica», explicó Castillo.
Las sentencias de la Corte Interamericana son claras y didácticas; no hay excusa técnica para no cumplirlas, según Castillo. La batalla legal ya alcanzó la cúspide internacional; “ahora, la resistencia vuelve a su origen: a la arena, al oleaje y a la voluntad inquebrantable de las comunidades que se niegan a ser borradas de su propia historia”.
