| Viernes, 05 de junio 2026 |  |
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Una ley que defiende a los ricos y olvida a los pobres
“En río revuelto ganancia de pescadores”, dice nuestro pueblo. Y con la aprobación de la ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial de Hondura, el Estado hondureño le da prioridad al sector agroindustrial y a los terratenientes, es decir, apuesta por el latifundio, niega el derecho a los campesinos a acceder a la tierra y a sumergirse en el improductivo minifundio.
El centro no es la reforma agraria, sino la defensa del aparato productivo existente. ¿Dónde queda la justicia social? ¿Qué va a pasar con los campesinos sin tierra y que no tiene la protección del Estado hondureño?
Esta ley defiende los grandes latifundistas ante las ocupaciones, recuperaciones de tierras, y convierte el conflicto agrario en un asunto de represión policial y judicial. ¿Quiénes salen afectados? el campesinado hondureño sin tierra, las organizaciones campesinas e indígenas que luchan por sus derechos ancestrales.
También son afectados los sectores sociales que protestan para visibilizar su precariedad y sus necesidades, porque esta perversa ley fortalece la protección de tierras agroindustriales y acelera los desalojos, al tiempo que reduce los espacios de reclamos y protesta social.
¿Dónde queda la igualdad de derechos constitucionales, la función social de la tierra y el interés general? ¿Dónde queda el bien común que excluye al campesinado hondureño porque no se legisla una ley de justicia agraria para que tenga el derecho a la tierra?
Sin duda, y lo reiteramos, esta ley representa un paso más para la criminalización de las organizaciones que luchan por la tierra, deja la puerta abierta para la represión, el desalojo y la judicialización sin atender el reclamo del campesinado para tener acceso a la tierra.
Insistimos, la ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial viene a profundizar la conflictividad agraria y la polarización social porque da seguridad jurídica al capital agroindustrial, pero a mediano plazo va a intensificar las tensiones en el campo, y deja establecidas todas las condiciones para la violencia y la continuidad de masacres del campesinado hondureño.
Nunca podría presentar esta ley como solución al problema agrario del país cuando protege más a quienes ya tienen la tierra y olvida hasta estigmatizar como invasores a quienes llevan reclamándola desde hace décadas. La verdadera seguridad jurídica abarca no solo el desarrollo agroindustrial de una minoría, sino que implica democratizar la tierra, fortalecer la producción de alimentos y reconocer el derecho de acceso a la tierra, y no consolidar privilegios a costa de los derechos del campesinado hondureño.
Seguiremos luchando junto a las organizaciones campesinas por una ley de justicia agraria para que el acceso a la tierra sea un derecho universal, y nunca solo de unos pocos.
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