
El actual Código del Trabajo en Honduras fue aprobado el 19 de mayo de 1959, tras la histórica huelga bananera de 1954. Aunque ha tenido algunas reformas en los años 80 y posteriores modificaciones, como la Ley de Empleo por Hora o los cambios relacionados con el salario mínimo, estas reformas no han servido para mejorar las condiciones laborales o de salud en los centros de trabajo. Más bien, han limitado derechos o se han quedado estancadas en lo básico.
Fue apenas hace dos años que una organización feminista comenzó a construir una propuesta de Ley de Salud en el Trabajo, con el objetivo de responder a los desafíos reales que enfrentan las personas trabajadoras en Honduras. Sin embargo, esta propuesta ni siquiera ha sido estudiada por los diputados, ni por las centrales obreras, y mucho menos por la clase trabajadora. Se trata de una ley que podría significar un avance importante para la protección de los derechos laborales y la salud en el trabajo, pero hoy permanece guardada, olvidada en una gaveta.
Ese fatídico día en que el rumor de despidos se convirtió en realidad sigue grabado con claridad en la memoria de Paula, una obrera de la industria manufacturera en Honduras. Fue en 2023, cuando la empresa Gilda San Miguel, dedicada a la confección de camisetas para exportación a Estados Unidos, anunció el cierre de sus operaciones en el país.
Fueron 2,300 las personas despedidas tras ese cierre inesperado, que aún deja muchas dudas entre la clase trabajadora y las organizaciones que defienden los derechos laborales.
Paula Urbina tenía 21 años, gozaba de buena salud y estaba llena de energía cuando empezó a trabajar en esa empresa. Durante 23 años cumplió largas jornadas, bajo un sistema que ni siquiera está contemplado en el Código del Trabajo. Se trataba de un modelo 4×4, cuatro días seguidos de trabajo por cuatro días de descanso, superando las 48 horas semanales que establece la ley hondureña.
Recuerda bien que, el día que llegó a pedir trabajo, lo primero que le exigieron fueron exámenes médicos que confirmaran que estaba en perfecto estado de salud. Se hizo todos los estudios que le pidieron. Pero 23 años después, con el cierre repentino de la empresa, nadie evaluó en qué condiciones quedaban las personas ahora desempleadas. “Con más de 40 años tengo muchos dolores, estoy enferma y he quedado sin seguro social y sin ingresos para tratarme”, comenta Paula.

Ella lamenta que en la maquila nunca se haya promovido la prevención. “Si se tomaran medidas a tiempo, muchas de estas enfermedades se podrían evitar”, dice. A lo largo de sus años de trabajo, fue diagnosticada con una tendinitis en el hombro izquierdo: el tendón se rompió por los movimientos repetitivos, realizados bajo constante presión. “Yo tenía que revisar 500 docenas de camisetas al día”, recuerda. Las jornadas eran ilegales. Aunque el turno formal era 4×4, muchas trabajadoras cumplían ciclos aún más extenuantes: cinco días de día y cinco días de noche, exponiéndose todavía más a problemas de salud.
Paula trabajaba como inspectora de calidad. Su tarea era asegurarse de que cada prenda estuviera en buenas condiciones antes de ser empacada y exportada. Al principio, la empresa fabricaba camisetas básicas, pero en los últimos meses comenzaron a producir modelos más pesados, lo que causó daños aún mayores a muchas trabajadoras.
La historia de Paula se repite una y otra vez en Honduras. Mujeres jóvenes, con urgencia de conseguir trabajo, aceptan largas jornadas, bajos salarios y condiciones de alta presión. Pasan los años, la maquila cierra, como una golondrina que alza vuelo y desaparece.
Las trabajadoras son despedidas, muchas de ellas enfermas, con padecimientos musculoesqueléticos graves, sin seguro social ni medios para atender su salud. El ciclo se repite, dejando cuerpos desgastados y vidas marcadas por el abandono.
Muchas de estas historias son conocidas porque son acompañadas por la Colectiva de Mujeres Hondureñas, Codemuh, una organización que tiene su sede en el municipio de Choloma, Cortés, pero que acompaña la situación de obreras en varias ciudades de la zona Valle de Sula.
María Luisa Regalado, coordinadora de la Codemuh, recordó que desde hace décadas comenzaron a documentar casos de obreras enfermas a causa de las condiciones dentro de las maquilas. “Por eso decidimos iniciar una lucha por el derecho a la salud de las trabajadoras. Tenemos claro que se necesita una ley que proteja contra los daños y enfermedades provocadas por el trabajo en estas empresas”, afirmó.
Hace más de dos años, la Codemuh trabajó en la elaboración de un proyecto de Ley de Salud en el Trabajo, con el objetivo de ampliar la protección y las oportunidades para toda la población trabajadora, tanto mujeres como hombres, en todos los sectores.
Actualmente, el título quinto del Código del Trabajo de Honduras solo reconoce 44 enfermedades como profesionales. De aprobarse la nueva ley, ese número se ampliaría a 242 enfermedades calificadas como profesionales, lo que significaría un gran avance en el reconocimiento de los daños reales que sufre la clase trabajadora.
Según María Luisa, otro aspecto clave del proyecto es su enfoque preventivo. “No es lo mismo prevenir una enfermedad que tratarla cuando ya está avanzada y los daños son irreversibles”, explicó. Además, la ley contempla un enfoque de género, algo que no está presente en el Código del Trabajo actual. “Esta iniciativa retoma dos puntos centrales: la prevención y el enfoque de género”, concluyó.
Según el anteproyecto de Ley de Salud en el Trabajo, es urgente contar con una normativa específica que aborde de forma integral la salud, seguridad, higiene y ergonomía en los espacios laborales. La meta es dejar atrás un enfoque que solo reacciona cuando ya existe daño, y avanzar hacia una legislación que priorice la prevención de accidentes y enfermedades laborales, con capacidad de actualizarse constantemente.
“La propuesta de ley incluye casi todos los trastornos musculoesqueléticos ocupacionales, que afectan huesos, tendones y músculos. Estos daños pueden surgir por mantener posturas forzadas o realizar movimientos repetitivos que van más allá de los rangos naturales de las articulaciones. Por ejemplo, cuando el brazo o el codo se mueve de una manera distinta a la que permite su estructura anatómica”, explicó la abogada Florencia Quezada, de la Codemuh.
Además, se han incorporado distintos tipos de cáncer vinculados a la exposición a sustancias químicas y biológicas, así como enfermedades en la piel provocadas por estos mismos agentes o por factores del entorno. También se amplió el listado de trastornos psíquicos, incluyendo condiciones como la ansiedad y la depresión, que pueden desarrollarse en ambientes de trabajo marcados por el estrés constante y la presión.
“Con esta propuesta estaríamos elevando la legislación hondureña en materia de salud laboral a los estándares internacionales que ya han adoptado muchos de los países más industrializados”, añadió Quezada.
Paula Urbina lamenta que en Honduras no exista una ley que regule el trabajo con un enfoque en la salud laboral. Una legislación como la que propone la Codemuh le habría permitido calificar sus enfermedades como profesionales y acceder a tratamiento médico oportuno. En cambio, hoy está desempleada y sin derecho a atención en el seguro social.
“Imagínese en mi caso. Ya pasaron dos años desde que cerró la empresa, y con enfermedades tan complejas, tuve que gastar todo lo que me dieron de prestaciones en atender mi salud. Me he hecho resonancias, ultrasonidos, exámenes de sangre y he tenido que pagar médicos especialistas… porque ahora no tengo seguro, y me toca buscar atención en el sistema privado”, cuenta Paula.
Ahora, como parte de la Codemuh, Paula exige que se apruebe la Ley de Salud en el Trabajo para que otras mujeres en las maquilas, que también sufren estos padecimientos, puedan ser reconocidas legalmente y no queden desamparadas. “Como me tocó a mí. En la maquila hay muchas mujeres que enfrentan el cierre de fábricas y enfermedades graves. Quedan con daños irreversibles a su salud y muchas no tienen cómo tratarse. El sistema público está colapsado. Las que podemos hacernos exámenes, hemos tenido que dejar de comer para poder pagarlos. Imagine que una consulta con un neurólogo me costó dos mil lempiras. Para alguien sin trabajo ni asistencia, eso es durísimo. Y además del costo, tengo que vivir con el dolor. Tengo una hernia en la columna… y eso me duele todos los días”, llora mientras nos cuenta su situación.
Desde Codemuh tienen claro que el camino para lograr que esta ley sea aprobada en el Congreso Nacional será largo, pero necesario. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y supervisar que las condiciones en los centros de trabajo sean seguras. Y cuando una trabajadora ya presenta daños crónicos o irreversibles, tanto la empresa como el Estado deben responder, insisten.