Este día, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, concedió una suspensión temporal a favor del gobierno federal, permitiendo avanzar con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La resolución judicial responde a una apelación interpuesta por la administración actual representada por la secretaria de seguridad Christi Noem, en enero de 2026, dejando sin efecto la protección legal que mantenía a estos beneficiarios a salvo de la deportación otorgada a finales de diciembre de 2025 por la jueza Trina Thompson.
El fallo tiene consecuencias inmediatas y severas para la población migrante afectada, ya que implica la pérdida del estatus legal y la invalidez de los permisos de trabajo a partir de este 9 de febrero.
José Palma, de la Alianza Nacional TPS, mencionó en Zona Informativa las repercusiones de esta decisión judicial mientras el panorama legal para el TPS en su conjunto se vuelve cada vez más complejo y fragmentado.
Palma recordó que, “la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal se dio meses anteriores por la administración de Donald Trump, pero la Alianza TPS interpuso una demanda argumentando que no se siguieron los procedimientos que dictaba la ley, fue así que el pasado 31 de diciembre de 2025, que la Jueza Thompson de la corte del distrito de San Francisco dictaminó que la terminación del TPS fue ilegal, y y por eso la protección debía regresar a las comunidades de tepemesianas. Ante esta decisión el gobierno de Trump apeló en el noveno circuito, la Corte de San Francisco, que ahora prácticamente está suspendiendo la protección que estaba resguardando la decisión de la jueza Thompson y aunque el caso legal continuará, estamos preocupados porque la protección de TPS para hondureños, nicaragüense y nepalíes termina hoy y ahora están en peligro de ser detenido y deportado”, advirtió el activista de derechos humanos.
