En peligro Maccih – Ufecic - 09 Junio 2018

Y con la última resolución que ha tomado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha quedado comprobado. Declararon constitucional a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, pero ordenaron revisar las funciones de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic, y enmarcarlas en la constitución.

Sin duda que esa una clara decisión de reducir y restarle autoridad a la labor de investigar y presentar casos que esa instancia viene desarrollando. Esta es la respuesta a casos tan sonados como la “Red de Diputados”, la denuncia del llamado “Pacto de Impunidad” y el gran caso de “La Caja Chica de la Dama”. Estos casos, que involucran a altos dirigentes del Partido Nacional y políticos con gran influencia, ha impulsado a estos sectores oscuros a socavar las bases de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic, la instancia del Ministerio Público que trabaja de la mano y en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih.

Todos los sectores del país que están comprometidos con la lucha contra la corrupción y la Impunidad se han pronunciado con mucho asombro de la resolución de la Sala Constitucional de la Corte, una resolución, que según abogados y juristas, no tiene ni pies ni cabeza pero que sí es un mensaje político claro que los corruptos y los impunes no están dispuestos a ceder en su posición que les deja grandes beneficios a costa de la corrupción.

Hasta el propio Ministerio Público se pronunció y salió en defensa de la Ufecic después que la Sala Constitucional mandase a revisar sus actuaciones y demandar que deben enmarcarse en la Constitución. El Ministerio Público dice que si el convenio que da vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, es constitucional, por lógica el convenio de creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, Ufecic, tiene toda validez. Ahora se espera que también actúe acusando de prevaricato a los magistrados de la Sala Constitucional por extralimitarse en sus funciones.

La mayoría de las opiniones en el país apuntan a que la resolución de la Corte Suprema de Justicia es una clara muestra de la falta de voluntad política del gobierno de Juan Orlando Hernández para combatir la corrupción y la impunidad.

Y desde ya se demanda que la comunidad internacional debería entrar en juego y ejercer presión para que en Honduras haya un combate real contra los que abusan de su poder y cometen actos de corrupción cobijándose en el manto de la impunidad.