Los efectos del modelo extractivista en Honduras a través de los ojos de Naciones Unidas

El agresivo proceso de entrega de los territorios y los bienes naturales a empresas extractivas está generando nuevos conflictos que se suman a los conflictos históricos irresueltos en el ámbito agrario, los cuales, como en el caso del Bajo Aguán, han provocado un importante número de muertes, amenazas, hostigamientos, intimidaciones y desapariciones de personas.

Esta situación es plenamente conocida por varios órganos internacionales de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, quien expresó su preocupación sobre el involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes.

La Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos también manifestó su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos frente al otorgamiento de concesiones hechas por el Gobierno para establecer ciudades modelo.

La Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas observó con alarma la aprobación de proyectos extractivos sin la adecuada consulta previa a los pueblos indígenas, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, “incluidos asesinatos, amenazas e intimidación”, lo cual “no es una situación aislada”.

La Relatoría Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias también señaló que los responsables de las graves violaciones contra las personas que defienden sus territorios y bienes naturales son guardias de seguridad privada contratados por empresas que alegan la propiedad de las tierras, la policía y el ejército.

Por todo ello, la propia Organización de Naciones Unidas incluyó a Honduras en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas, y Global Witness considera a Honduras el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios.

Frente a todo lo anterior, cabe preguntarse para quién será la vida mejor que señala el trillado eslogan del gobierno de Juan Orlando Hernández, quien es el principal responsable de esta grave situación que pone en riesgo la vida e integridad de las personas y de la madre tierra.