

Romper con el engendro latifundio-minifundio
En este mes de junio estaremos haciendo memoria de los mártires campesinos y cristianos que fueron asesinados en lo que conocemos como masacre de Santa Clara, los Horcones. Fueron 14 personas despedazadas, destazadas por el delito de reclamar el derecho a la tierra. Fueron masacrados por el ejército hondureño en contubernio con terratenientes y políticos.
50 años después, la tierra sigue acaparada y a su vez negada a muchísima gente campesina. El latifundio y el minifundio se corresponden antagónicamente. Uno existe para que otro también se desarrolle. Si hay personas que acaparan decenas de miles de hectáreas de tierra, es porque como contrapartida van quedando miles y miles de personas que se van quedando con menos y cada vez menos tierra.
Este 25 de junio hacemos memoria de una masacre que ocurrió como resultado de la lucha por reforma agraria. Fue así porque entonces la tierra estaba violentamente distribuida, y hoy para este año 2025, sigue siendo un factor permanente de violencia. Ninguna medida social, económica, administrativa, política o jurídica que se apruebe e impulse logrará acortar responsablemente la distancia entre la opulencia y el empobrecimiento, si no trastoca de frente y de manera profunda el actual estado de tenencia de la tierra.
Por muy nobles que sean los sentimientos que muevan a programas como el bono tecnológico u otras medidas para beneficiar a familias campesinas, nada podrá desactivar la mecha de la violencia agraria si no se rompe con la bomba generadora de violencia que se llama latifundio-minifundio, a la que también le dicen injusta organización de la tenencia de la tierra.
Una propiedad de la tierra que se aleje de su uso social y del bien común, es un atentado al principio del destino universal de los bienes.Por eso mismo, por encima de cualquier propiedad privada, la Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que se debe primar la dignidad humana, y por encima de la propiedad privada, debe estar la vida de los pobres. “Toda forma de acumulación indebida es inmoral” –nos dice la Doctrina Social de la Iglesia.
El Estado tiene la primerísima obligación de aprobar una legislación que cambie esta inmoralidad a la que se refiere la Doctrina Social de la Iglesia. Una legislación agraria que no tenga en el centro a la inmensa mayoría de gente campesina pobre, no puede ser una ley ni humana, ni justa ni menos divina.
Una ley agraria ha de elimine esa realidad infecunda que la Doctrina Social de la Iglesia le llama “latifundio improductivo”. La Doctrina Social de la Iglesia propone para ello “una reforma agraria como una necesidad política y una obligación moral”, porque ese latifundio es “un obstáculo para el verdadero desarrollo de los pueblos”. Por ese sueño agrario han ofrendado su vida tantos hombres y mujeres que, como los mártires de Santa Clara-Los Horcones, nos toca honrar su memoria, y a nosotros se nos invita a proseguir su exigente ejemplo.

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